Los ex primeros ministros Major y Blair piden al Parlamento que frene el desafío legal de Johnson

Si el conservador logró negociar con Bruselas unas ventajosas condiciones de excepcionalidad para el Reino Unido dentro de la UE, el laborista supo demostrar con creces el beneficio de usar el poder y la influencia británicas desde dentro de las instituciones comunitarias. John Major y Tony Blair pelearon hasta el final contra el Brexit, y lo aceptaron disciplinadamente cuando se convirtió en una realidad inapelable. Ambos conservan, precisamente por ello y a pesar de lo que piensen los euroescépticos, una autoridad moral que han decidido utilizar. En una carta conjunta publicada este domingo por el diario The Times, ambos políticos arremeten con dureza contra la última maniobra del Gobierno de Johnson para saltarse los compromisos jurídicos firmados entre Londres y Bruselas.

“Para un país que durante centenares de años ha impulsado la causa de la legalidad por todo el mundo, respetar las obligaciones que impone un tratado es tan importante como respetar las leyes internas. El principio constitucional del imperio de la ley nos obliga a tratar dichas obligaciones emanadas de una ley internacional del mismo modo que las leyes domésticas. Ningún argumento sofisticado puede justificar este comportamiento, ni tampoco puede hacerlo una interpretación retorcida de cláusulas concretas”, han escrito.

El Gobierno de Johnson ha reconocido abiertamente que su proyecto de Ley del Mercado Interior del Reino Unido, con el que pretende regular el ejercicio equilibrado de las competencias de cada uno de los territorios autónomos que componen el país cuando el Brexit sea una realidad (el Reino Unido salió de la UE el 31 de enero, pero hay un periodo de transición hasta diciembre), quiebra “de un modo específico y limitado” algunas disposiciones del Acuerdo de Retirada firmado el pasado enero con la UE. En concreto, el texto afecta a lo dispuesto en el Protocolo para Irlanda del Norte. Deja en manos de los ministros la decisión de comunicar o no a Bruselas las subvenciones públicas que puedan recibir las empresas radicadas en la porción británica de la isla de Irlanda. Y abre claramente la posibilidad de que el intercambio de bienes entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido no se vea sometido a la preceptiva declaración de aduanas. Bajo el acuerdo firmado con las instituciones comunitarias, ese territorio debía seguir sometido a las reglas del Mercado Interior de la UE, para evitar tensiones que pusieran en peligro el delicado acuerdo de paz que puso fin al conflicto en la región.

La maniobra de Johnson, aseguran sus predecesores, “pone en riesgo los Acuerdos de Viernes Santo, porque niega la predictibilidad, la estabilidad política y la claridad legal que son clave para mantener el delicado equilibrio entre el norte y el sur de Irlanda que ha supuesto la base fundamental del proceso de paz”.

Al menos 30 diputados conservadores han comenzado a poner en marcha una rebelión interna para intentar frustrar la aprobación de la ley en la Cámara de los Comunes, y algunos lores están dispuestos además a enmendar el texto en su paso por la Cámara alta, para imponer un retraso a los planes de Johnson que complicaría una situación muy delicada ya en la actualidad. El periodo de transición finaliza el próximo 31 de diciembre, y las negociaciones entre Londres y Bruselas para definir una nueva relación comercial están estancadas. La última jugada del primer ministro ha irritado enormemente a la UE, que ha amenazado a Johnson con acciones legales si no retira su proyecto de ley antes de que finalice septiembre.

“El resto del mundo está observando con espanto al Reino Unido —cuya palabra siempre fue aceptada como inamovible—. Las acciones de este Gobierno han supuesto una vergüenza para él mismo y para toda la nación”, afirman Major y Blair en un tono extremadamente duro, que concluye con una llamada a la rebelión. “Esta última estratagema se ha vuelto en su contra y debe ser evitada de inmediato, antes de que provoque más daños. Y si el Gobierno es incapaz de respetar el Estado de derecho, deberá ser el Parlamento, como tribunal máximo, el que se decida a hacerlo”.

En medio de la gestión de una crisis sanitaria que ha erosionado la credibilidad de Johnson, el primer ministro se ha aferrado de nuevo a la carta que más éxitos le ha proporcionado en su carrera política. “No podemos dejar la potencial capacidad de fraccionar un país, de dividirlo, en manos de una organización internacional. Debemos proteger al Reino Unido ante tal desastre”, ha asegurado el político en las páginas de su diario aliado, The Daily Telegraph. Asegura Johnson que nunca imaginó, cuando firmó el Acuerdo de Retirada, que el comercio entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido se vería sometido a reglas y restricciones. Pero fue eso precisamente lo que su antecesora, Theresa May, intentó subsanar, y que Johnson sin embargo no tuvo reparo en aceptar a cambio de lograr la victoria política de un acuerdo con Bruselas. Y ahora, como el capitán Renault en Casablanca, se muestra escandalizado del juego mientras intenta quedarse con las ganancias.