El Gobierno afgano y los talibanes inician en Qatar su primer diálogo directo

El Gobierno de Afganistán y la milicia talibán van a iniciar este sábado en Qatar sus primeras negociaciones directas. La esperada noticia no eclipsa las enormes dificultades que afronta el proceso, desencadenado por el deseo del presidente norteamericano, Donald Trump, de sacar a sus soldados del país asiático. A principios de semana, los insurgentes lanzaron un ataque en la provincia de Panjshir, una de las más seguras hasta ahora, casi al mismo tiempo que su jefe negociador, Abdul Hakim Haqqani, ultimaba los detalles de la cita con el enviado estadounidense para la reconciliación, Zalmay Khalilzad. Washington solo ha condicionado la retirada a que empiece un diálogo al que los dirigentes afganos llegan divididos y los talibanes sin haber aclarado su objetivo político.

“Estas importantes negociaciones representan un importante paso hacia la consecución de una paz duradera a Afganistán”, ha asegurado el Ministerio de Exteriores de Qatar al anunciar la esperada inauguración de los contactos. El acuerdo que Estados Unidos y los talibanes firmaron a finales de febrero para poner fin a la presencia de tropas extranjeras en suelo afgano preveía que el diálogo se hubiera iniciado a mediados de marzo.

Seis meses después, la paz sigue siendo elusiva. El grupo al que la intervención norteamericana echó del poder en 2001, a raíz de los atentados del 11-S y su connivencia con Al Qaeda, ha dejado de atacar a los uniformados extranjeros, pero no a las fuerzas de seguridad locales. Aun así, las autoridades afganas han cumplido con el requisito de excarcelar a 5.000 insurgentes (incluidos varios condenados por graves atentados en los que murieron soldados occidentales), tal como preveía aquel pacto del que no fueron parte.

El presidente Ashraf Ghani aceptó el envite porque, además de haber defendido el diálogo durante sus dos campañas electorales, tampoco tenía otra alternativa. Sin embargo, ha fracasado en su intento de utilizar las excarcelaciones para que los insurgentes redujeran la violencia y estos siguen sin reconocer la legitimidad de su Gobierno. Tampoco ayuda su rivalidad personal con Abdullah Abdullah, a quien derrotó por poco en los comicios, y a quien, tras nombrar responsable del órgano de supervisión del proceso de paz, ha minado aumentando el número de sus integrantes con leales.

Por su parte, los talibanes se comprometieron con EE UU a iniciar, por primera vez, negociaciones directas con el Gobierno y otros representantes de la sociedad para buscar un arreglo político. Hartos de cuatro décadas de guerra, los afganos esperan que ese diálogo conduzca al menos a un cese de las hostilidades. El problema, como se ha puesto de relieve durante estos meses, es que la milicia ve la violencia como una baza para conseguir sus objetivos y estos, más allá de la salida de las tropas extranjeras, no están claros.

Su defensa del “Emirato Islámico”, el tratamiento que exigieron en el acuerdo con EE UU y el nombre que figura en la bandera que acompañará a sus representantes en Doha, remite a la puritana y brutal interpretación de la ley islámica (sharía) que impusieron cuando gobernaron (1996-2001). Las afganas, que bajo su férula tenían prohibido estudiar y trabajar fuera de casa, se han mostrado especialmente preocupadas por su futuro. Resulta difícil de imaginar cómo puede reconciliarse el islamismo radical con el proyecto de un Afganistán moderno y democrático que, a pesar de las dificultades, ha ido construyéndose en las dos últimas décadas.

De hecho, los portavoces talibanes se han mostrado deliberadamente ambiguos. Aunque dicen aceptar un Gobierno “incluyente”, insisten en su carácter “islámico” y evitan mencionar el adjetivo “democrático”. Muchos afganos dudan de que hayan cambiado y temen que quieran volver a implantar su modelo de sociedad. Pero a pesar de que la milicia controla o disputa casi la mitad del territorio, no ha sido capaz de hacerse con ninguna capital de provincia. Además, buscan el reconocimiento internacional a diferencia del ostracismo del pasado.

Washington podría inclinar la balanza como mediador. No está claro hasta dónde está dispuesto a comprometerse. A pesar del empeño del embajador Khalilzad, la retirada de fuerzas que acordó con los talibanes no está vinculada a que estos y el Gobierno alcancen un arreglo. Hasta dónde se sabe (los anexos no se han hecho públicos), solo exige que la milicia inicie el diálogo con el Gobierno e impida que Al Qaeda y otros grupos yihadistas utilicen territorio afgano para atacar a EE UU o sus aliados. De momento, y a pesar de diversos informes sobre que esa relación se mantiene, ya ha empezado la reducción de tropas.