AFGANISTÁN

Las negociaciones de paz entre el Gobierno y los talibanes en Afganistán se hacen de rogar

La guerrilla sigue atacando a las fuerzas de seguridad a pesar del pacto que firmó con EE UU el pasado febrero. El último atentado, cometido hoy, ha dejado al menos 14 muertos

Personal de la agencia de inteligencia afgana herido en un atentado en la ciudad de Aybak, ese lunes.
Personal de la agencia de inteligencia afgana herido en un atentado en la ciudad de Aybak, ese lunes.AFP

El acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes afganos se encuentra en un momento crítico. A punto de cumplirse cinco meses de su firma, aún no hay fecha para el diálogo entre los insurgentes y el Gobierno de Afganistán. Mientras que la potencia ya ha empezado a reducir sus tropas en el país asiático, la guerrilla ha seguido atacando a las fuerzas de seguridad afganas. Además, sendos informes de la ONU y el Pentágono aseguran que colabora con Al Qaeda, cuyas actividades se comprometió a impedir.

“Hemos cumplido nuestra parte del acuerdo. Nos comprometimos a [bajar hasta] unos 8.000 [soldados] y ya estamos en ese rango”, anunciaba el general Frank McKenzie, jefe del Mando Central de EE UU, el mes pasado.

Según el documento firmado el 29 de febrero en Doha (Qatar), Washington iba a reducir de 14.000 a 8.600 sus soldados para julio y, si el acuerdo va adelante, el resto de sus tropas y de otros países se habrán ido para mediados del año que viene. Los talibanes, por su parte, prometieron impedir que Al Qaeda y otros grupos terroristas utilicen territorio afgano como base de operaciones contra EE UU y sus aliados. Ambos se obligaron a apoyar negociaciones intrafganas para alcanzar la paz.

No está claro que los talibanes estén correspondiendo. Desde que se supo que Estados Unidos negociaba con ellos para poner fin a casi dos décadas de guerra y retirar a sus soldados, hubo dudas sobre sus intenciones. ¿Quieren alcanzar un acuerdo o solo están negociando para que se vayan las tropas extranjeras y poder derrocar al Gobierno de Kabul?

Entre la firma y el pasado 30 de junio, el Consejo de Seguridad Nacional afgano les responsabiliza de 44 ataques diarios de media contra sus fuerzas. La guerrilla, que astutamente ha evitado poner en su objetivo a las tropas estadounidenses, también ha seguido colaborando con Al Qaeda, según se desprende de un informe semestral que el Departamento de Defensa norteamericano presentó al Congreso a principios de este mes.

La filial regional de Al Qaeda (AQSI por Al Qaeda en el Subcontinente Indio) “mantiene estrechos lazos con los talibanes”, afirma el documento titulado Reforzar la seguridad y la estabilidad en Afganistán. Según el texto, el grupo apoya y trabaja de forma habitual con milicianos de base talibanes en sus esfuerzos por debilitar al Gobierno afgano, y sigue interesado en atacar a las fuerzas estadounidenses y objetivos occidentales en la zona”.

La evaluación también asegura que la presión de las fuerzas norteamericanas y del resto de la coalición “ha reducido la capacidad de AQSI para realizar operaciones en Afganistán sin el apoyo de los talibanes”. Esa tesis refuerza la versión del Gobierno afgano de que, aunque no los reclame, la guerrilla está detrás de los últimos atentados contra objetivos civiles, como la maternidad de Médicos Sin Fronteras en Kabul.

Tampoco es una novedad. La Misión de Naciones Unidas en Afganistán (Unama, en sus siglas en inglés) ya destacó el mes pasado la proximidad entre ambos grupos “basada en la amistad, una historia de lucha compartida, simpatía ideológica y matrimonios mixtos”. Su informe asegura que los talibanes “consultaron regularmente” con Al Qaeda durante las negociaciones con Estados Unidos y “ofrecieron garantías de que respetarían sus lazos históricos”.

El enviado especial de EE UU para Afganistán, Zalmay Khalilzad, desestimó esas conclusiones con el argumento de que se referían a un período previo al acuerdo de Doha. Sin embargo, el informe del Departamento de Defensa analiza entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de mayo de este año, lo que incluye los tres primeros meses tras el pacto.

Con las elecciones presidenciales dentro de tres meses, la Administración norteamericana parece tener prisa por cerrar el dosier afgano. “Retirarse de Afganistán sin un acuerdo de paz, incrementaría de forma significativa los niveles de violencia”, advierte Seth G. Jones, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de EE UU. Khalilzad, que ha intensificado sus visitas a los países vecinos en busca de apoyo, insiste en “resolver rápidamente” los temas pendientes para que el Gobierno y los insurgentes inicien cuanto antes las conversaciones de paz.

De hecho, el diálogo intrafgano debería haber comenzado en marzo. Los talibanes justifican el retraso por la inicial renuencia del Gobierno (que no fue parte del pacto de Doha) a liberar a 5.000 de sus hombres a cambio de un millar de miembros de las fuerzas de seguridad, algo que Estados Unidos propuso como medida de confianza. Las presiones norteamericanas han logrado la excarcelación de unos 4.000 talibanes a cambio de 616 detenidos en manos de la guerrilla (408 de ellos policías o soldados). Sin embargo, Kabul rechaza liberar a 597 milicianos incluidos en la lista que los insurgentes dieron a EE UU.

“Estamos comprometidos con todas las estipulaciones del acuerdo. Cuando se haya completado la liberación de nuestros presos, estaremos listos para empezar las negociaciones intrafganas”, ha declarado el cofundador de la milicia talibán, Abdulghani Baradar.

A pesar de que el propio presidente, Ashraf Ghani, ha sugerido que estaban a punto de reunirse, la situación sigue atascada. “No vemos que los talibanes sean serios sobre el proceso de paz”, declaraba el portavoz presidencial, Sediq Sediqqi, el pasado lunes. “La violencia no se ha reducido y da la impresión de que no hemos conseguido nuestro objetivo”, constató.

A la espera de que se complete la logística, dificultada por la pandemia de covid-19, la ONU ha reiterado su preocupación por una serie de ataques contra líderes religiosos, personal sanitario, miembros del poder judicial, empleados de organizaciones no gubernamentales y periodistas. La organización atribuye a los talibanes la mitad de los más de 800 civiles asesinados y heridos en ataques deliberados.

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