Los talibanes rechazan el plan de liberación de prisioneros decretado por el Gobierno afgano
El Ejecutivo de Ashraf Ghani aprueba la excarcelación de 5.000 reos del grupo integrista, pero en un proceso escalonado y condicionado a la reducción de la violencia
El Gobierno de Afganistán ha anunciado este miércoles sus planes para liberar a 1.500 prisioneros talibanes “como gesto de buena voluntad” ante el inicio del diálogo interafgano. Sin embargo, condiciona la puesta en libertad de los otros 3.500 que contempla el acuerdo firmado por esa guerrilla con Estados Unidos a que los insurgentes mantengan la reducción de la violencia que respetaron antes del pacto. Los talibanes rechazan esa propuesta e insisten en que, según lo acordado, sus 5.000 militantes presos deben quedar libres antes de empezar las conversaciones.
A pesar de sus iniciales recelos, el presidente Ashraf Ghani firmó a última hora del martes el decreto para una liberación escalonada de los talibanes. El primer grupo de 1.500 abandonará la cárcel a partir del próximo sábado a razón de 100 diarios y “en consideración de su edad, estado de salud y tiempo pendiente del cumplimiento de sentencia”, según la cadena de televisión afgana ToloNews. Antes, serán sometidos a un proceso de identificación biométrica y se les exigirá que “un compromiso escrito de que no van a retomar las armas”. El resto, hasta completar los 5.000, irá quedando en libertad en las semanas siguientes si no hay ataques de envergadura.
Pocas horas después de conocerse el contenido del decreto, Suhail Shaheen, portavoz de la representación talibán en Doha, declaraba a la agencia Reuters que el grupo nunca aceptó que hubiera condiciones para la liberación de sus 5.000 militantes. “Si alguien afirma esto, irá contra el acuerdo de paz que firmamos el 29 de febrero”, aseguraba antes de insistir en que, según el pacto, la puesta en libertad de los presos precede al inicio del diálogo. Sus palabras se interpretan como un rechazo de la guerrilla a la fórmula propuesta por el presidente Ghani, pero puede tratarse también de parte del tira y afloja previo a cualquier negociación.
La liberación de prisioneros, incluidos un millar de miembros de las fuerzas afganas en manos de los insurgentes, intentaba crear confianza entre las partes antes de las conversaciones interafganas. Sin embargo, el asunto se redactó de diferente forma en el texto del acuerdo entre EEUU y los talibanes, y en la declaración conjunta de Washington con el Gobierno afgano, evidenciando la dificultad de establecer quién da el primer paso, que ahora ha salido a la luz.
“Los talibanes dicen que los presos deben liberarse sin condiciones, algo que no es posible”, ha manifestado, por su parte, el portavoz presidencial, Sediq Sediqqi, durante su conferencia de prensa semanal. “Para liberar a sus militantes, queremos garantías de que no van a retomar las armas; sin esa garantía sería difícil dejarlos en libertad”, ha insistido. Los dirigentes de la guerrilla también han rechazado esa exigencia de que los liberados se comprometan por escrito a no volver a la lucha contra el Gobierno.
El objetivo del Gobierno de Ghani, al que no se incluyó en el acuerdo entre EEUU y los talibanes, es asegurarse una baza en el ambiguo proceso de diálogo mencionado en el pacto. Los talibanes, el principal grupo insurgente de Afganistán, no reconoce al Gobierno de Kabul, ni la frágil democracia instaurada en el país por Washington después de echarles del poder en 2001 por albergar a Osama Bin Laden. En el documento que firmaron hace diez días en Qatar, se obligaron a no permitir que Al Qaeda u otros grupos terroristas usen su territorio para atacar intereses norteamericanos. Pero en el ámbito interno, su compromiso se limita a “iniciar negociaciones con las partes afganas”, que el texto no precisa quiénes son.
Ghani, que desde su primera elección en 2014 se ha mostrado partidario de una salida política para poner fin a la guerra, no logró que EEUU condicionara la retirada de sus fuerzas a que los talibanes se sentaran a hablar con su Gobierno. Ahora su decreto vincula “las conversaciones directas entre el Ejecutivo afgano y los talibanes” con la liberación de otros 500 prisioneros cada dos semanas hasta los 3.500 restantes para alcanzar los 5.000 previstos. Eso sí, siempre y cuando “se mantenga la reducción de la violencia”.
Esa tregua parcial exigida por EEUU para ratificar el acuerdo fue muy celebrada por los afganos, agotados por cuatro décadas de guerras encadenadas. Sin embargo, apenas dos días después de la firma, los talibanes reanudaron sus ataques contra las fuerzas de seguridad afganas. El Ministerio del Interior informó el martes de que durante las 24 horas anteriores habían llevado a cabo 32 operaciones en 15 provincias, que mataron a dos civiles y a cinco soldados. Hasta ahora han evitado escrupulosamente a las tropas extranjeras.
Estados Unidos, que ha logrado el endoso del Consejo de Seguridad a su acuerdo con los talibanes, ha advertido a la milicia que los actuales niveles de violencia “no favorecen el avance del proceso de paz”. Incluso hace una semana bombardearon a un comando al que sorprendieron atacando una posición afgana. Mientras, el comunicado conjunto de los enviados especiales para Afganistán de la UE, varios países europeos, EEUU y la ONU tras la firma del pacto subraya que “la comunidad internacional no reconoce el Emirato Islámico de Afganistán y no aceptará o apoyará su restauración”, un claro mensaje a los talibanes para que no traten de monopolizar el poder.
Anulado el cargo de "jefe ejecutivo" que ejercía Abdullah
El presidente afgano, Ashraf Ghani, ha anulado el cargo de “jefe ejecutivo”, creado en 2014 para su rival político Abdullah Abdullah, con quien formó un Gobierno de unidad nacional para superar el bloqueo político por el disputado resultado electoral. La noticia, dada a conocer este miércoles por su portavoz, Sediq Sediqqi, es altamente significativa dado que Abdullah, que ha vuelto a cuestionar el cómputo de los comicios del pasado septiembre, se autoproclamó presidente el pasado lunes en una ceremonia paralela a la toma de posesión de Ghani.
“Tras la investidura ya no hay jefe ejecutivo”, ha comunicado Sediqqi. El texto del decreto, que circula por las redes sociales, también estipula el traslado de los funcionarios que tenía asignados, incluidos los guardaespaldas. El enviado especial de Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, ha intentado mediar entre Ghani y Abdullah, pero hasta ahora no ha logrado desbloquear la situación. La crisis institucional amenaza tanto el segundo mandato de Ghani como el diálogo con los talibanes que requeriría de un Gobierno que cuente con el mayor respaldo posible.
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