Las masacres revelan la nueva cara del conflicto en Colombia

El reacomodo y la fragmentación del conflicto en Colombia impide identificar a los autores de las masacres que han azotado al país en los últimos dos años. Las matanzas, que durante este mes han dejado al menos 45 víctimas, están costando la vida a pobladores de las áreas rurales de al menos cinco regiones del país andino mientras no se vislumbra una respuesta eficaz por parte del Gobierno de Iván Duque a la degradación de la violencia. Arauca, en la frontera con Venezuela; Nariño, el departamento que limita con Ecuador; Cauca, tierra indígena; y Catatumbo, que comparte más de 400 kilómetros con los venezolanos, son algunos de los nombres que se repiten una y otra vez. Según el organismo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, solo este año han registrado 33 masacres y aún hay siete por documentar, además de 97 asesinatos de líderes sociales.

Aunque es un fenómeno advertido, la opinión pública aún se pregunta quién está detrás de esas matanzas y por qué se mantiene la espiral de violencia. La respuesta es tan compleja como la cantidad y diversidad de organizaciones armadas que operan hoy en el territorio. Tras el desarme de la guerrilla de las FARC, cuya organización se convirtió en partido político, la nueva cara del conflicto en Colombia se volvió más confusa y focalizada.

El Gobierno de Iván Duque, que llegó a la presidencia hace dos años como crítico férreo del acuerdo de paz con las FARC, dice que “los masacradores de hoy son los mismos de ayer y por las mismas razones. Ex-FARC, Ejército de Liberación Nacional, grupos narcotraficantes y delincuentes de todos los pelambres”, como afirmó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Las cifras del Centro de Memoria Histórica, entidad gubernamental que ha documentado el conflicto, indican otra cosa: aunque todos los grupos han usado las masacres como método de terror, de las 1.982 ocurridas entre 1985 y 2012, el 58% fueron cometidas por los paramilitares.

Adicionalmente, varios analistas difieren del relato oficial de que “son los mismos” y señalan que hay cambios no solo sobre el tipo de actores armados sino también de sus métodos y advierten que entender que el conflicto ya mutó es clave para una respuesta gubernamental más contundente y no solo de reacción a cada masacre. Si antes del acuerdo de paz había organizaciones “de orden nacional con relativa capacidad de cohesión y mando, hoy son múltiples organizaciones con influencia local”, observan los analistas Juan Carlos Garzón, Kyle Johnson y Luis Fernando Trejos. “Si bien algunos grupos siguen siendo politizados, la variable de la ideología se ha debilitado. Y, en cuanto al método, estos grupos evitan la confrontación directa con el Estado”, agrega Garzón, director de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en conversación con EL PAÍS.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha insistido, por su parte, en la existencia de al menos cinco conflictos en Colombia. Con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerado la última guerrilla del país, que se ha venido fortaleciendo hasta convertirse en el grupo más activo; con la estructura del Clan del Golfo, surgido de los remanentes de los grupos paramilitares; con el Ejército Popular de Liberación (EPL), que se fortaleció desde 2017; con las disidencias de las FARC, es decir aquellos que se apartaron del proceso de paz; y el último entre el ELN y el EPL que se enfrentan en algunas zonas. El organismo humanitario acaba de revelar una cifra preocupante- que se suma a las de masacres y asesinatos de líderes-, desde la firma del Acuerdo de Paz, se han registrado 466 casos de desapariciones.

El impacto del proceso de paz

El Gobierno se ha defendido diciendo que no se trata de un regreso al pasado porque las masacres, que ahora nombra públicamente como “homicidios colectivos”, “no volvieron porque nunca se fueron”, en palabras del presidente Iván Duque. Una mirada a las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos muestra que sí hay una tendencia en aumento durante su administración pero que esta viene desde finales de 2017, en el último tiempo del Gobierno de Juan Manuel Santos. Ese año, dice Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac), “se aprecia el punto de quiebre, al alza: diciembre de 2017 para entonces habían casi desaparecido las masacres como tipo de violencia armada”.

En 2017, según la ONU, se registraron 11 matanzas; en 2018, 29 y el año pasado fueron 36. Los primeros ocho meses de 2020 revelan que el aumento es aún más pronunciado. “Ahora bien, los hechos nos dicen que estamos lejos del principio de siglo cuando en un solo año hubo en Colombia 1.400 víctimas de masacres”, dice Garzón y agrega que Colombia sí sintió “los impactos positivos del proceso con las FARC”.

Pero más allá de estos conteos -cuya metodología de medición difiere entre el Gobierno y la ONU- las matanzas siembran el terror entre las comunidades y activan otras violaciones como el desplazamiento masivo de campesinos. Así ha ocurrido en El Catatumbo, en frontera con Venezuela, donde cinco masacres en lo corrido de este año obligaron a 2.600 personas a huir de sus campos. En esa zona confluye el alto número de cultivos ilícitos, más de la cuarta parte del total del país, la presencia del ELN y la banda Los Rastrojos y la llegada de 25.000 migrantes. “El conflicto ya está llegando a las goteras de la ciudad de Cúcuta. Es un cuadro dramático y por eso pedimos una respuesta inmediata y un acuerdo humanitario que proteja a la población”, dijo el expresidente Ernesto Samper.

El narcotráfico no es la única explicación

El Gobierno insiste en la hipótesis de que todo ocurre por el narcotráfico, pero diversos analistas afirman que si bien ese negocio tiene peso no logra explicar todos los casos. Un ejemplo es la masacre de cinco personas en Arauca, donde no hay alta presencia de cultivos de coca y que al parecer tendría relación con una sanción social por parte de disidencias; tampoco el caso de Cali donde fueron asesinados cinco jóvenes en un campo de caña y que, según la Fiscalía, fue cometido por dos vigilantes sin ninguna vinculación a grupos armados; o el de Cauca donde el contexto de resistencia indígena y la sevicia de las disidencias obliga a hacer lecturas más allá del narcotráfico.

Por medio del consejero de seguridad Rafael Guarín, el Ejecutivo ha reconocido esta semana la gravedad de un problema que no se resuelve solo con más presencia militar, y ha señalado que se necesita un enfoque de intervención integral en esos lugares con vacíos de institucionalidad. Advierte, sin embargo, que los acuerdos de sustitución voluntaria muchas veces terminaron convertidos en un incentivo perverso.