Juristas y funcionarios electorales piden postergar las elecciones parlamentarias en Venezuela

El nuevo Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) –electo por el Tribunal Supremo de Justicia prescindiendo del Parlamento, en un pacto del chavismo con sectores minoritarios de la oposición—acelera su trabajo para organizar unos comicios legislativos a la medida de Nicolás Maduro. El reglamento electoral está siendo objeto de importantes modificaciones, desconocidas por la mayoría del país ante un panorama electoral que tiene sobre sí la sombra de la abstención y el desinterés.

Los votantes a los comicios parlamentarios del próximo diciembre elegirán un hemiciclo de 277 diputados, 110 más de los 167 tradicionales. 48 diputados nacionales serán electos aplicando un cociente electoral de los votos regionales que plantean una elección de segundo grado. La selección de los diputados indígenas se está gestando bajo “asambleas comunitarias”, con voto a mano alzada y presencia oficial, prescindiendo del sufragio universal.

Ninguna de las disposiciones del nuevo CNE se ha ventilado o debatido públicamente. Nada se sabe en torno a las gestiones sobre las máquinas de software de escrutinio, transmisión y totalización que se utilizarán en las elecciones. Se necesitan al menos 15.000 máquinas adicionales de votación. La campaña electoral tendrá una muy breve duración. Los partidos y tarjetas que más votos obtuvieron en las elecciones parlamentarias anteriores –Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular— están vetadas e impedidas de participar.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, controlado por Maduro, ha emitido sentencias desconociendo a las directivas de los partidos opositores AD, Primero Justicia y Voluntad Popular, nombrando directivas alternativas y suspendiendo en funciones a sus miembros originales. Acaba de acometer un proceso similar en contra del Partido Comunista de Venezuela, Patria Para Todos y el Movimiento Tupamaro, partidos políticos del chavismo, aliados del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela en la plataforma del Gran Polo Patriótico.

Un grupo de exdirectivos del Consejo Nacional Electoral, juristas, políticos y expertos presentaron ante la Sala Constitucional del TSJ un recurso de amparo solicitando la nulidad de la convocatoria del 6 de diciembre. A diferencia de lo que plantea la oposición, no están proponiendo la suspensión de los comicios, sino tiempo para organizarlos de forma razonable y honrada. El escrito fue publicado vía electrónica por Andrés Caleca, Hildemaro Martínez, Eduardo Roche Lander, Rafael Lander, Celiz Mendoza, Humberto Maio, Américo Martín, Eglée González Lobato y Nancy Hernández. Se trata en general de personalidades opositoras de línea moderada que han defendido a capa y espada la ruta electoral de la oposición en el pasado. Todos han ocupado altas responsabilidades en materia electoral, o bien son dirigentes políticos y académicos del derecho de reconocida trayectoria en el país. La iniciativa ha sido acompañada de una recolección de unas 8.000 firmas en muy pocos días.

“Esas modificaciones violan, al menos, seis artículos constitucionales y tres de la Ley de Procesos Electorales”, afirma Andrés Caleca, abogado y rector principal del CNE hasta 1999. “El chavismo lo que quiere es garantizar una mayoría de dos terceras partes, aún cuando muy poca gente vaya a votar, y como hizo el PRI en México, tener una oposición que le regale institucionalidad. Lo más grave es que, de nuevo, este es un cambio de reglas de juego. El CNE no puede hacer esos cambios en el reglamento en un plazo menor a los seis meses de la consulta”.

Sigue habiendo dudas en torno a las normas de seguridad de la votación en tiempos de pandemia. El propio personal del CNE es escaso y está poco motivado, azotado por la catástrofe económica del país y la ausencia de incentivos. La participación de los militares en la organización de los comicios en el pasado reciente, expresada en el denominado Plan República, ha sido criticada por su conducta parcializada a favor de los intereses del chavismo.

Esta es la quinta vez que queda declarada la omisión legislativa y el Supremo Venezolano termina nombrando o ratificando a los rectores electorales sin el concurso de la Asamblea Nacional. A diferencia de las ocasiones anteriores, el Supremo ha decidido quitarle esta prerrogativa al poder legislativo, que actualmente domina la oposición, respondiendo la solicitud de la pequeña fracción opositora que se quiere entender con el madurismo, agrupada en la Mesa de Diálogo Nacional.

“Estas elecciones no están planteadas para resolver el conflicto político, como lo recomienda el informe de Naciones Unidas, sino por el contrario, para agravarlo”, afirma Eglée González Lobato, catedrática de la Universidad Central de Venezuela, exdirectora de la Escuela de Derecho y creadora del Proyecto de Entendimiento Nacional. “Son demasiadas las decisiones inconstitucionales. El Gobierno de Maduro se está asegurando el control de quiénes pueden postularse a diputados, escogiendo quiénes pudieran formar parte del próximo Parlamento. El 2018 dejó una enseñanza: hay elecciones que definitivamente agudizan la crisis política en la misma medida que el voto sea devaluado como instrumento de participación. La idea de introducir este recurso es permitirle al TSJ suspender esos comicios para provocar un evento político que pudiera permitir mayor inclusión y una mejora en las condiciones de la consulta”.