Las ONG vuelven a patrullar en el Mediterráneo para rescatar a migrantes en pleno repunte de llegadas a Italia

Las misiones de salvamento de las ONG van a volver al Mediterráneo central en los próximos días tras meses de parón por la pandemia y el bloqueo del Gobierno italiano a sus barcos. Se trata de Médicos Sin Fronteras y Sea-Watch. La situación humanitaria en la zona sigue siendo crítica. La pandemia ha propiciado que se incrementen las salidas desde las costas africanas, una de las rutas más mortíferas, a causa de las crisis económicas que atraviesan distintos países y de la guerra civil que está devastando Libia.

En los próximos días, Médicos Sin Fronteras y Sea-Watch volverán al mar a bordo de un nuevo barco, el Sea-Watch 4. “Se trata de una colaboración de urgencia, ya que los Estados miembros de la Unión Europea están explotando descaradamente la covid-19 como una excusa para restringir aún más las actividades de búsqueda y rescate, mientras perpetúan los ciclos de abuso en Libia y condenan deliberadamente a las personas a ahogarse en el mar a través de políticas dirigidas a no prestarles asistencia”, ha señalado Oliver Behn, director de Operaciones de MSF.

El Sea Watch 4 será, por el momento, el único gran barco de rescate patrullando en el Mediterráneo central. El pasado junio, varias ONG trataron de activar sus misiones de salvamento en el mar. Pero se toparon con el bloqueo del Ejecutivo italiano. Todas las naves que han realizado algún rescate en este tiempo, además de pasar una cuarentena obligatoria de dos semanas en los puertos italianos, han sido objeto de inspecciones técnicas por parte de las autoridades italianas. Los inspectores han encontrado irregularidades en la mayoría de los barcos y los han hecho permanecer en puerto para realizar los arreglos pertinentes, que los Estados de bandera de cada embarcación deben aprobar después.

Es el caso de la española Aita Mari, de Salvamento Marítimo Humanitario. Desde la organización explican a este diario que el barco, después de 50 días inmovilizado en Palermo, consiguió un permiso para trasladarse a España, al puerto de Pasajes. Allí sigue bloqueado, a la espera de completar las reparaciones que ha exigido Italia. “Se han hecho unas inspecciones que no corresponden, al Aita Mari se le han aplicado criterios de una categoría superior de barco. Ya hemos solventado parte de las deficiencias que nos habían indicado pero quedan otras dos muy complicadas de arreglar que estamos estudiando”, señalan fuentes de la organización. Y añaden: “El Gobierno español debería tomar cartas en el asunto y decir que el barco está certificado para la navegación y cumple la legislación nacional”.

El mismo procedimiento se ha repetido durante junio y julio con otros barcos, como el Ocean Viking, de SOS Mediterranée o el Alan Kurdi, de la alemana Sea Eye. Las organizaciones sospechan que el Ejecutivo transalpino recurre a este mecanismo con la intención de dejar fuera de juego a los barcos humanitarios para impedir que realicen nuevos rescates, difíciles de gestionar en tiempos de covid-19. “A pesar de todos los esfuerzos de la UE por obstaculizarnos y de su política racista de preferir dejar que la gente se ahogue antes que permitirles llegar a las costas europeas, no dejaremos de rescatar”, dice Philipp Hahn, jefe de misión del Sea-Watch 4.

La situación coincide con un incremento de las salidas de las costas de África. Según los datos del Ministerio de Interior italiano, desde inicio del año han llegado a Italia casi 15.000 personas a través del mar —un tercio en los últimos dos meses— frente a las 4.100 que llegaron en el mismo periodo del año pasado. En concreto, se han disparado las llegadas desde Túnez. Hasta este martes arribaron al país transalpino 6.100 migrantes de nacionalidad tunecina, frente a los 2.600 de todo el año 2019.

A finales de julio, en apenas dos semanas llegaron a Lampedusa 6.000 personas, tantas como habitantes tiene la isla, en cerca de 250 barcazas que desembarcaron de manera autónoma. Las cifras están muy lejos de las que se alcanzaron en 2011, año de la Primavera Árabe en el que en pocos meses llegaron a Lampedusa cerca de 15.000 personas procedentes de Túnez y Libia. Pero han bastado para colapsar el sistema de acogida de esta localidad turística, la más meridional del país. El centro de primera acogida de la isla, que cuenta con unas 190 camas, quedó desbordado.

El alcalde, Salvatore Martello, llegó a pedir al Gobierno nacional que declarara el estado de emergencia en la localidad. “Nadie se esperaba tantos desembarcos en tan poco tiempo”, señala y lamenta “el daño a la imagen” que ha causado la situación, que ha vuelto a colocar a la isla, a su pesar, en el centro del debate político y migratorio.

Muchos de los migrantes fueron trasladados días después a otras localidades y a los ferri de pasajeros que el Gobierno ha dispuesto para que los migrantes que desembarquen en Italia pasen las dos semanas de cuarentena obligatoria.

Esta semana Italia ha vuelto a poner en marcha su sistema de vuelos de repatriación con Túnez, suspendido desde marzo. “Los migrantes económicos deben saber que no hay ninguna posibilidad de regularización para quien haya llegado a Italia después del 8 de marzo de 2020”, ha señalado la ministra de Interior, Luciana Lamorgese.

También han aumentado las devoluciones en caliente a Libia, un país considerado no seguro por Naciones Unidas, sumido en una guerra civil y en el que se han constatado todo tipo de violencia y torturas en los campos de retención de migrantes. Según la Organización Internacional para las Migraciones, este año se han interceptado en el mar y devuelto al país norteafricano a casi 7.000 personas. “La mayor parte de estos migrantes termina detenido. Urge que la UE actúe para acabar con estas repatriaciones”, ha señalado la organización.