Turquía aprueba una ley que facilitará el control gubernamental de las redes sociales

El Parlamento turco ha aprobado este miércoles una ley que endurece el control del Gobierno sobre las redes sociales y, según los críticos, facilitará la censura. Es un paso más del presidente islamista Recep Tayyip Erdogan por dominar la red en un momento en que muchos ciudadanos turcos que desconfían de unos medios de comunicación cada vez más ligados al Ejecutivo utilizan las redes sociales para informarse, especialmente los más jóvenes. Erdogan dijo recientemente que su posición contraria a estas plataformas se debe a la necesidad de “quitar de en medio todas estas inmoralidades”.

Todo proveedor digital que tenga más de un millón de visitas diarias desde Turquía y permita la interacción de sus usuarios y compartir públicamente textos, audios o vídeos, se verá afectado por el nuevo texto legal. Fundamentalmente se trata de compañías como Twitter, Facebook, YouTube o TikTok, que deberán designar a un ciudadano turco como su representante legal en Turquía. Dicho representante deberá responder en un plazo de 48 horas a las órdenes ejecutivas o judiciales para retirar contenidos so pena de multas de entre 122.000 y 1,22 millones de euros. Las empresas que no designen a tal representante verán su ancho de banda reducido hasta en un 90%.

“Los medios sociales son un salvavidas para mucha gente que los utiliza para acceder a noticias, así que esta ley señalará una nueva y oscura era de censura”, denunció el martes antes de la votación Tom Porteous, de la ONG Human Rights Watch: “Las empresas de redes sociales deberían exigir alto y claro a Turquía que retire esta ley, y la Unión Europea debería apoyar este llamamiento”, añadió

Una de las cuestiones más polémicas de la nueva regulación es que exige a las redes sociales mantener parte de sus servidores en Turquía y albergar ahí todos los datos generados por los usuarios turcos, lo que facilitará “el borrado de la memoria digital”, según ha afirmado estos días la abogada Gülsah Deniz-Atalar, experta en derecho y tecnologías de la información. De esta manera, cuestiones espinosas para el Ejecutivo, como las acusaciones de corrupción hechas hace unos años, podrían desvanecerse de la web.

Los diputados progubernamentales justifican las nuevas medidas en la necesidad de garantizar el “derecho al olvido” e impedir campañas de “difamación”, pero a nadie se le escapa que lo que se busca es reducir los espacios en que los ciudadanos pueden expresarse más libremente y compartir noticias. El texto ha sido aprobado con los votos de la formación de Erdogan, el partido islamista de la Justicia y el Desarrollo (AKP), y de su socio ultraderechista Partido de Acción Nacionalista (MHP). Este último había llegado a proponer medidas aún más duras, como la necesidad de que toda cuenta en redes sociales debiera estar ligada a un documento de identidad turco. Finalmente, esto se ha desechado quizás no solo por su dificultad técnica, sino también porque miles cuentas anónimas son utilizadas como trolls por el partido gubernamental para acosar a los comentaristas más críticos. De hecho, el pasado 11 de junio, Twitter suspendió más de 32.000 cuentas utilizadas para manipular el discurso público vinculadas a los gobiernos de China, Rusia y Turquía. 7.000 de ellas estaban ligadas al AKP.

Para hacerse una idea de los efectos de la nueva ley basta observar el último informe de transparencia de Twitter, que cubre la primera mitad de 2019. Turquía fue el país que presentó más demandas de retirada de contenido: 6.073 peticiones sobre casi 9.000 cuentas. Pero la empresa, con sede en EE UU, solo consintió en borrar contenidos del 5% de estas. Tampoco suministró información sobre casi 600 cuentas de las que Ankara lo solicitó. Ahora, con el nuevo texto, Twitter debería acceder a borrar todo el contenido solicitado y a suministrar información sobre las cuentas que el Gobierno turco requiera.

Según la organización Engelliweb, a finales de 2019 el acceso a 130.000 URL estaba bloqueado desde Turquía, así como a 7.000 cuentas de Twitter, 40.000 tuits, 10.000 vídeos de YouTube y 6.200 contendidos de Facebook. El acceso a YouTube y Facebook ha sido bloqueado también en varias ocasiones durante la última década, si bien muchos usuarios optaron por sortear la censura mediante el uso de VPN.

Con todo, el letrado Kerem Altinparmak sostiene que las prisas por redactar la nueva ley y su pobre redactado permiten huecos para evitar la censura. Bastaría, según este experto en derechos humanos, que las empresas cumpliesen la parte de designar un representante en Turquía, sin siquiera establecer sus servidores en el país, y alegar que el contenido que el Gobierno exija retirar está amparado en las leyes de libertad de expresión aún vigentes en Turquía.