Erdogan amordaza las protestas
El Gobierno turco prohíbe a los médicos “no autorizados” que atiendan a manifestantes heridos y pretende cerrar páginas webs sin orden judicial
Si usted fuera médico y viera en la calle a una persona herida, no solo el juramento hipocrático sino también el respeto a los derechos humanos —y en algunos casos la ley— le obligarían a atenderla. Sin embargo, si un miembro de los servicios sanitarios ofrece cuidados de primeros auxilios a un herido en la calle en Turquía podría estar cometiendo un delito penado con hasta tres años de cárcel y con una multa de hasta 2,25 millones de liras turcas (unos 710.000 euros).
Desde hace una semana, para que esta atención médica de emergencia no sea un delito, el personal sanitario turco debe conseguir antes una “autorización expresa” de la Administración. La nueva legislación restrictiva de derechos se puede aplicar a los médicos que, como ocurrió el año pasado durante las protestas multitudinarias contra el Gobierno, atendieron a manifestantes que resultaron heridos durante enfrentamientos con la policía. Irónicamente, un facultativo que causara daños a un paciente a propósito se enfrentaría a la misma pena: tres años de cárcel.
“Esta ley está en contra de todos nuestros deberes éticos y profesionales y de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos suscritos por Turquía. Y también viola el propio Código Penal turco, que obliga a todo el personal médico a proporcionar cuidados a quien lo necesite”, asegura la doctora Hande Arpat, del Colegio de Médicos de Ankara, la capital del país. La norma forma parte de una legislación aprobada el 18 de enero que muchos analistas consideran un episodio más de toda una serie de recortes a las libertades y derechos en Turquía.
Naciones Unidas ya había advertido de los efectos perversos de esta norma. “Promulgar leyes que criminalizan los cuidados médicos a personas que desafían a las autoridades, como en el caso de manifestantes políticos, va a disuadir al personal sanitario de proporcionar sus servicios por miedo a ser procesados”, ha advertido en un comunicado Anand Grover, relator especial de la ONU para la Salud.
La Asociación Médica Turca denunció durante los disturbios del pasado verano que la policía detuvo a médicos y enfermeros que trataban a manifestantes en las clínicas de campaña improvisadas que fueron montadas en el centro de Estambul y en otras ciudades.
Vuelven los tiroteos políticos a Estambul
Dos ataques con armas de fuego a representantes de partidos políticos en Estambul, la mayor ciudad turca, han puesto de relieve el clima de alta tensión política que se vive en Turquía ante las elecciones locales previstas para el 30 de marzo.
Dos hombres dispararon en la noche del lunes contra la sede del Gobierno municipal del distrito de Sisli, en el centro de Estambul. Ninguna persona resultó herida y, según la prensa local, se cree que los atacantes tenían como objetivo a Mustafá Sarigul, jefe de este Gobierno municipal y candidato a la alcaldía de Estambul del Partido Republicano Popular (CHP, en turco), el principal grupo en la oposición laica.
El pasado día 26, el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, del gobernante Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP, en turco), había acusado a Sarigul de estar siendo investigado por su propio partido por presunta corrupción. Perder la alcaldía de Estambul, actualmente en manos de Kadir Topbas, del AKP, podría ser un duro golpe político y económico para el partido islamista moderado de Erdogan.
El domingo, un grupo de personas abrió fuego contra una oficina electoral del Partido del Movimiento Nacionalista (MHP, en turco), también en la oposición, en el distrito de Esenyurt, en la periferia occidental de Estambul. En el ataque, murió un asesor del MHP y otras siete personas resultaron heridas.
El Gobierno ha anunciado que aumentará la vigilancia durante el proceso electoral. “El Ministerio del Interior está haciendo su trabajo normal. Pero, aparte de las medidas rutinarias que se toman en cada periodo electoral, hay algunos elementos a los que hay que prestar más atención, dadas las actuales circunstancias”, aseguró el lunes el vice primer ministro Bulent Arinç en una conferencia de prensa.
Desde mediados de diciembre, el Gobierno turco se encuentra inmerso en un gran escándalo de presunta corrupción por el que cuatro ministros dejaron sus puestos. Todos los grupos políticos de Turquía se han lanzado duras acusaciones. Los analistas políticos turcos consideran que detrás de las investigaciones sobre corrupción se encuentra el movimiento de seguidores del clérigo islámico Fetulá Gülen, un antiguo aliado del AKP a quien califican ahora de enemigo político de Erdogan.
Las elecciones locales de marzo se presentan como una especie de plebiscito sobre el Gobierno del AKP. En el poder desde 2002, y tras una época de estabilidad y de gran crecimiento económico en Turquía, el partido de Erdogan perdió lustre democrático tras la represión gubernamental de las protestas del parque de Gezi de Estambul del año pasado y se enfrenta ahora a escándalos de corrupción de personas cercanas al primer ministro.
Otra ley que también encaja en la tendencia de las autoridades turcas a intentar aumentar su control sobre el espacio público y sobre la información se está debatiendo en el Parlamento turco. Esta normativa permitiría al Gobierno cerrar o bloquear páginas web sin necesidad de obtener un permiso judicial. Además, obligaría a las empresas proveedoras de servicios de Internet a que guardaran información sobre las actividades online de sus clientes.
Durante las manifestaciones de los jóvenes indignados del año pasado, y ante la ausencia de cobertura de las protestas en los medios de comunicación controlados por el Gobierno o relacionados con el partido del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, los ciudadanos compartieron la información en la web y las redes sociales.
Cientos de personas se congregaron el pasado día 18 en la céntrica plaza de Taksim en Estambul, donde se ubica el parque de Gezi, para protestar contra esta ley que restringe el uso de Internet. La policía los desalojó violentamente usando gases lacrimógenos, cañones de agua a presión y balas de goma.
La propuesta restrictiva de derechos también inquieta a la patronal turca. “Los cambios propuestos son preocupantes y aumentarán la censura en Internet. Deberían ser eliminados del borrador [de la ley] los artículos que puedan dañar los derechos y libertades fundamentales y la economía de Internet, que aumenta cada día”, advirtió en un comunicado el 13 de enero la Asociación Turca de Industrias y Empresas.
El AKP aumenta su control sobre el espacio público y la información
Turquía ya es uno de los países con un mayor control gubernamental sobre Internet y miles de páginas web están bloqueadas. Según el último informe de transparencia de Google, que cubre de enero a junio de 2013, el Gobierno de Ankara fue el que le pidió que retirara más contenido de la web en todo el mundo, con un total de 12.162 elementos. Por ejemplo, España solo solicitó a Google la exclusión de 106 elementos, mientras que Estados Unidos, en segundo lugar tras Turquía, pidió que retirara 3.887.
Más de 70 periodistas fueron despedidos, apartados temporalmente o dejaron sus puestos debido a su cobertura de las manifestaciones de Gezi, según el Sindicato Turco de Periodistas. Turquía es además el país con un mayor número de informadores encarcelados, según el Comité para la Protección de los Periodistas, que contabiliza 40 reporteros presos.
Las organizaciones internacionales que miden el respeto a las libertades civiles han destacado los recortes sufridos en Turquía durante los últimos meses. “El gobernante Partido para la Justicia y el Desarrollo [AKP, en turco] ha mostrado [durante 2013] una creciente intolerancia hacia la oposición política, las protestas públicas y los medios de comunicación críticos”, resume la situación la organización Human Rights Watch al citar a Turquía en su informe global sobre el respeto a los derechos humanos.
Por su parte, la organización estadounidense Freedom House ha calificado a Turquía como país solo “parcialmente libre” en su informe de 2013 sobre las libertades en el mundo. Freedom House señaló que Turquía recibía una valoración negativa debido “a la violenta represión del Gobierno sobre los manifestantes en Estambul y en otras ciudades”.
