Egipto pide a España la extradición del empresario que impulsó las protestas contra Al Sisi

Mohamed Ali, el empresario egipcio cuyos vídeos desde España denunciando la corrupción que conoció como contratista del Ejército promovieron el año pasado una —fuertemente reprimida— serie de manifestaciones contra el presidente Abdelfatá Al Sisi, había desaparecido ya del foco informativo cuando le informaron este mes de que El Cairo pide su extradición. La justicia egipcia solicita a España la entrega de Ali —que reside en un lugar de la provincia de Barcelona que no quiere desvelar— por los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. La decisión, que puede tardar años, será tomada por un juez español y, en última instancia, por el Gobierno. Ambos países carecen de acuerdo de extradición.

En el escrito de petición de extradición, fechado en septiembre de 2019 (el mismo mes en el que Ali empezó a difundir sus vídeos críticos), se especifican tres delitos de fraude fiscal en la venta de viviendas entre 2006 y 2018 por cerca de nueve millones de libras en total (unos 485.000 euros hoy) y uno de blanqueo de capitales entre 2006 y 2018 por cuatro millones de libras. En el documento se subraya que la petición no guarda relación con las “opiniones políticas” de Ali, que este sería sometido a un juicio justo y que los delitos que se le atribuyen no entrañan la pena de muerte.

Ali fue notificado de la petición por videoconferencia el pasado día 9 de julio. No se han tomado medidas como la retirada del pasaporte. El empresario y actor reside en España gracias a uno de los llamados visados de oro que se obtienen al adquirir una vivienda de más de medio millón de euros, según contó en un encuentro con EL PAÍS el pasado octubre. En febrero de 2019 inscribió en el Registro Mercantil de Barcelona una constructora, Amlaak, con un capital inicial de 1,25 millones de euros. Allí es donde empezó el pasado septiembre a difundir por YouTube el medio centenar de vídeos en los que denunciaba las prácticas de corrupción, nepotismo y adjudicaciones sin licitación que vio desde dentro durante 15 años en contratos inmobiliarios con el Ejército que le convirtieron en millonario.

“Es una venganza por haber hecho a Al Sisi quedar mal ante el mundo”, asegura Ali en conversación telefónica. “El motivo son los vídeos y las declaraciones [críticos con el dirigente egipcio]. La acusación es una falsedad. Estuve mucho tiempo trabajando para el Ministerio de Defensa y cada empresa que trabaja para él es sometida cada año a un test de seguridad para comprobar que ha pagado sus impuestos. Si no fuese todo limpio, no habría podido seguir trabajando con ellos”, agrega.

La de Ali es una de las de solicitudes de extradición (cientos, según informaciones de la prensa local) efectuadas por Egipto desde el golpe de Estado en 2013 contra Mohamed Morsi que llevó al poder a Al Sisi, proclamado presidente tras unas polémicas elecciones al año siguiente y que ha arrastrado al país a la peor crisis de derechos humanos de las últimas décadas, según denuncian organizaciones de derechos humanos.

Las solicitudes han sido empleadas principalmente para intentar retornar al país líderes o figuras en la órbita de los Hermanos Musulmanes, la organización proscrita a la que pertenecía Morsi, fallecido el año pasado tras comparecer ante un tribunal en El Cairo que le juzgaba por traición. Aquí, el éxito de las autoridades ha sido limitado, ya que países como el Reino Unido, Turquía y Qatar, donde permanecen exiliados muchos de ellos, no han accedido por lo general a sus peticiones.

El Cairo ha recurrido a los mecanismos de Interpol, sobre todo a sus alertas internacionales, para estrechar el cerco contra opositores en el extranjero. Algunos de ellos han sido consecuentemente detenidos durante un tiempo en terceros países, como Italia o la India. Es el caso del popular periodista de Al Jazeera Ahmed Mansour, que llegó a ser arrestado brevemente en Alemania en 2015 después de que la Fiscalía egipcia solicitara —sin lograrla— su extradición, y del prominente predicador islamista Yusuf Al Qaradawi. Notables líderes de los Hermanos Musulmanes, como Mahmoud Ezzat, Mahmoud Hussein, Yehia Hamed y Yahia Al Sayyid también han sido reclamados. En la mayoría de estos casos, Egipto funda sus peticiones en controvertidas sentencias in absentia o acusaciones de terrorismo e incitación a la violencia.

“Es sumamente fácil para un país poner a alguien en la lista de buscados de la Interpol”, nota Yuriy Nemets, un abogado especializado en extradición internacional y la Interpol, que señala que la información que un país debe presentar para que sus alertas sean publicadas en la base de datos de la organización policial es “muy limitada”, por lo que “la absoluta mayoría son aprobadas”. Nemets advierte, además, de que rara vez un Gobierno acusa a un opositor de delitos políticos, sino que lo suele hacer de delitos de derecho común, como fraude o apropiación indebida.

Intimidación

Un informe de 2019 de la organización de derechos humanos Human Rights Watch documenta asimismo casi una treintena de casos entre 2016 y 2018 de intimidación a familiares y personas cercanas en Egipto a opositores en el exterior, como arrestos, redadas, interrogatorios y prohibiciones de viajar. Recientemente, ha vuelto a exponer este método el caso de Mohamed Soltan, un ciudadano estadounidense que fue arrestado en El Cairo en 2013 tras la masacre durante el desalojo de un campamento islamista en la mezquita de Raba al Adawiya, en la capital, encarcelado y torturado antes de ser deportado dos años después. En junio, Soltan, hoy presidente de la ONG de derechos humanos Freedom Initiative, interpuso una demanda en una corte de Estados Unidos contra el ex primer ministro egipcio Hazem El Beblawi, afincado en Washington. En ella, le acusa de haber dirigido y supervisado los abusos anteriores durante su mandato, de 2013 a 2014. Días más tarde, las autoridades egipcias asaltaron las viviendas de varios familiares de Soltan en Egipto y arrestaron a cinco de ellos.

Según el informe anual de la agencia de Inteligencia interior alemana, difundido el pasado julio, la Inteligencia egipcia y sus Servicios de Seguridad Nacional se encuentran activos en el país —otro de los principales destinos de muchos egipcios exiliados— y tienen por objetivo recabar información acerca de miembros de la oposición, en particular de los Hermanos Musulmanes o de la comunidad copta. Un trabajador de la oficina de prensa del Gobierno federal alemán fue despedido el pasado diciembre por haber presuntamente trabajado durante años con los servicios de inteligencia egipcia.