Human Rights Watch acusa a Egipto de planear la matanza de islamistas

La ONG Human Rights Watch (HRW), con base en EE UU y especializada en la defensa de los derechos humanos, publicó este martes un informe muy crítico con las autoridades egipcias por el brutal desalojo del campamento islamista en la mezquita de Raba al Adawiya el 14 de agosto del año pasado. Aquel día murieron centenares de partidarios de Mohamed Morsi, primer presidente elegido democráticamente en Egipto y depuesto un mes antes en un golpe de Estado. Según el documento, la masacre de los manifestantes, acampados durante semanas en las inmediaciones de esa mezquita cairota, fue premeditada. Atribuye la responsabilidad a varios altos cargos del Gobierno, incluido el actual presidente, Abdelfatá al Sisi. Sostiene que lo ocurrido probablemente constituye un crimen contra la humanidad.

La ONG pide que la ONU investigue el caso, que la justicia local obvió

El informe —de 188 páginas y titulado Todo según lo planeado: la masacre de Raba y la matanza de manifestantes en Egipto— pudo identificar 817 víctimas mortales, pero estima que la cifra real de muertos podría superar las 1.150 personas. Para elaborarlo, los investigadores de la ONG entrevistaron a más de 200 testigos, revisaron docenas de grabaciones de vídeo y analizaron las declaraciones de los mandatarios egipcios. El Ejecutivo de Al Sisi ha calificado el documento de “sesgado” y censura que los testimonios sean anónimos. “En la plaza de Raba, las fuerzas de seguridad egipcias cometieron en un solo día una de las matanzas de manifestantes más numerosas de la historia reciente”, dijo el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, en la presentación del informe.

La investigación compara esta masacre con la que tuvo lugar en la plaza Tiananmen de Pekín en 1989. A Roth y a la directora de HRW para Oriente Medio, Sarah Leah Whitson, les fue denegada la entrada a Egipto el pasado domingo después de pasar 12 horas retenidos en el aeropuerto de El Cairo. Los dos presentaron el informe por videoconferencia

El texto reconoce que algunos manifestantes estaban armados —se encontraron 15 armas de fuego en el campamento—. Este fue el principal argumento de las autoridades para explicar la violencia empleada por la policía. Sin embargo, HRW considera que el uso de la fuerza fue completamente desproporcionado, pues los civiles armados eran una pequeña minoría. “Las pruebas muestran que las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra la multitud desde los primeros minutos de la dispersión”, apuntó Roth. Sólo horas después del inicio del desalojo las autoridades abrieron corredores seguros para la salida de los manifestantes del cerco policial.

Habida cuenta de que la justicia egipcia no ha abierto diligencias contra los responsables de la matanza, la ONG urge al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a abrir una comisión internacional de investigación. Asimismo, insta a la comunidad internacional a suspender la venta y el envío de cualquier tipo de armamento a Egipto, así como a fiscalizar los hechos en los tribunales nacionales de acuerdo con el principio de justicia universal en casos de crímenes contra la humanidad. Egipto firmó el tratado que creó el Tribunal Penal Internacional, pero aún no lo ha ratificado. Esta corte, con sede en La Haya, desestimó el pasado mayo una denuncia presentada por los Hermanos Musulmanes, el movimiento al que pertenece Morsi.