El Supremo de EE UU autoriza las primeras ejecuciones federales en 17 años

El condenado a muerte por triple asesinato Daniel Lewis Lee ha recibido una inyección letal horas después de la decisión del tribunal

Daniel Lewis Lee, ejecutado este martes por un triple asesinato, durante una vista en Arkansas, en 1997.
Daniel Lewis Lee, ejecutado este martes por un triple asesinato, durante una vista en Arkansas, en 1997.Dan Pierce / AP

El Departamento de Justicia de la era de Donald Trump realizó este martes la primera ejecución federal en 17 años. El Tribunal Supremo autorizó en la madrugada cuatro ejecuciones federales, aplazadas por una intensa batalla legal. Entre ellas, la de Daniel Lewis Lee, de 47 años. Y apenas unas horas después de la decisión de la sala, a las 8.07, lo declararon muerto tras recibir una inyección letal. “Cometí muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino”, dijo el recluso en su declaración final. “Estás matando a un hombre inocente”, agregó. Lee fue condenado en 1999 por la muerte de tres integrantes de una familia de Indiana, incluida una niña de ocho años. Los familiares de las víctimas reclamaron que el asesino recibiera la cadena perpetua, no la ejecución.

En 2014, el entonces presidente Barack Obama inició una revisión de los protocolos de aplicación de la inyección letal. El pasado julio el fiscal general, William Barr, sostuvo que se había completado la revisión y retomó las ejecuciones en casos que habían sido llevados por la justicia federal y no por la vía estatal, la más común para estos procesos. Barr ordenó a la Oficina de Prisiones aplicar la pena capital a cinco presos condenados. Cuatro de ellos desafiaron en los tribunales los nuevos protocolos de ejecución presentados entonces por la Administración de Trump: una inyección letal utilizando una única droga, el polémico pentobarbital. Es la misma sustancia que se utiliza en las ejecuciones en Texas, Georgia y Misuri, aunque no en todos los Estados. “[Estas ejecuciones] Se deben a las víctimas de los horribles crímenes y a las familias que quedan atrás”, ha defendido Barr.

La ejecución de Lee estaba prevista para el lunes a las 16.00. Pero se bloqueó después de que una juez de distrito alegara que el protocolo de la inyección letal que se pretende aplicar a tres reclusos -incluido Lee- viola la octava enmienda de la Constitución, que establece que no se puede someter a los presos a “castigos crueles o inusuales”. El Departamento de Justicia apeló la decisión judicial y este martes el Tribunal Supremo falló con cinco votos a favor (de los conservadores) y cuatro en contra para que se puedan realizar estas ejecuciones.

Los jueces argumentaron que el año pasado confirmaron el uso de la droga pentobarbital para ejecuciones, además de que se ha utilizado más de 100 veces “sin incidentes”. También apuntaron que los prisioneros en el corredor de la muerte “no habían presentado el recurso requerido que justifique una intervención de último minuto” que las paralizara. Dos jueces progresistas, Stephen G. Breyer y Ruth Bader Ginsburg, dijeron que lo que debería hacer el tribunal es examinar si la pena de muerte en sí misma es inconstitucional.

Lee y Chevie Kehoe eran parte de un grupo supremacista que quería formar una comunidad exclusivamente blanca. En 1996 viajaron a Arkansas, donde robaron y asesinaron a William Mueller, un vendedor de armas, a su esposa, Nancy Mueller, y a su hija, Sarah Powell. Los inmovilizaron con pistolas eléctricas, les colocaron bolsas de plástico en la cabeza para asfixiarlos y los arrojaron a un pantano, según los registros judiciales. Kehoe, considerado el líder, fue condenado a cadena perpetua. Tres familiares de las víctimas querían el mismo castigo para Lee. Earlene Peterson, madre de Nancy Mueller, dijo en una entrevista a CNN que no quería que la ejecución se hiciese en su nombre.

Los familiares de las víctimas de Lee y Kehoe batallaron para anular la ejecución o al menos posponerla debido a la pandemia del coronavirus. Decían que se sentían obligados a ir, pero que no querían elegir entre quedarse en casa y poner sus vidas en riesgo visitando una prisión federal. “Ninguna otra familia debería tomar esta decisión... las familias de las víctimas no deberían ser puestas en una posición en la que tengan que arriesgar sus vidas o renunciar a su derecho” como testigo, defendió Monica Veillette, sobrina del matrimonio asesinado, en The New York Times. Finalmente, decidieron no viajar a Indiana tras sopesar que el riesgo para su salud era demasiado alto.

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