Perú reactiva la investigación contra una mafia judicial

El destino del fiscal supremo Pedro Chávarry, investigado desde julio de 2018 como presunto integrante de la llamada mafia de los Cuellos Blancos del Puerto, una red de corrupción en el sistema de Justicia peruano, será decidido este martes por la entidad que nombra, evalúa y destituye a jueces y fiscales. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) debatirá la suspensión del funcionario, debido al riesgo que supone para el avance de las pesquisas sobre la trama corrupta, acusada de cohecho y tráfico de influencias. Las investigaciones contra los Cuellos Blancos del Puerto apenas ha avanzado y los imputados siguen en activo. Los retrasos lastran la credibilidad de la justicia peruana.

La red traficaba intereses, sentencias judiciales, nombramientos de magistrados y otros beneficios -como puestos laborales en el Estado. Fue descubierta en 2018 casi por causalidad, cuando un par de fiscales investigaban a abogados de condenados por narcotráfico y extorsión en el puerto del Callao. Los investigadores dieron con la trama mediante escuchas telefónicas que pusieron al descubierto el trabajo sucio de jueces, fiscales, miembros del Consejo de la Magistratura, un congresista fujimorista, funcionarios públicos y empresarios. Según la Procuraduría Anticorrupción, 61 jueces y 15 fiscales están procesados por esta trama, once de los cuales están en el más alto nivel de la jerarquía del sistema judicial peruano.

Chávarry se mantuvo como titular del Ministerio Público hasta enero de 2019, pese a que desde 2018 los investigadores accedieron a audios que mostraban su participación en la red. El fiscal se atrincheró en el cargo con la ayuda de Fuerza Popular, el partido fujimorista que usaba su mayoría en el anterior Congreso para archivar los pedidos de acusación en su contra. Se sabe ahora que Keiko Fujimori, líder del partido, buscaba en 2018 librarse de una investigación por lavado de activos con el apoyo de la red de corrupción. Chávarry perdió finalmente el cargo luego de movilizaciones ciudadanas contra la corrupción y debido a la posibilidad de que el Ejecutivo declarara en emergencia a la entidad. Sin embargo, se mantuvo en la junta de fiscales supremos, integrada por cinco miembros: tres de ellos son investigados por su pertenencia a los Cuellos Blancos del Puerto.

El miércoles último, la Junta Nacional de Justicia escuchó en una audiencia al fiscal supremo Tomás Gálvez, otro de los investigados, pero aún no ha decidido sobre su suspensión preventiva. “La red de corrupción de los Cuellos Blancos no está neutralizada: busca impunidad y que las investigaciones no continúen, se entrampen o prescriban. Eso les da tiempo para recomponerse. Estas redes buscan evitar que la JNJ suspenda a Tomas Gálvez, lo cual les daría mayoría en la junta de fiscales supremos en el Ministerio Público”, dice a EL PAÍS el ex Defensor del Pueblo Eduardo Vega.

El congresista del Partido Morado, Gino Costa, ha calificado este lunes como “una señal muy negativa” que la JNJ aún no difunda el acuerdo sobre el caso del fiscal Gálvez. “Preocupa mucho porque las evidencias de responsabilidad son suficientes y mientras dure este procedimiento (la pesquisa fiscal a los Cuellos Blancos y un eventual juicio) lo menos es que no continúe socavando las investigaciones que realizan las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro”, dijo Costa en un programa de radio.

Sánchez y Castro son las magistradas que en julio de 2018 destaparon la red de corrupción, y alertaron que dos de los más altos cargos del sistema de justicia estaban entre sus investigados: Chávarry e Hinostroza. La Junta Nacional de Justicia anunció en febrero que evaluaría con rapidez los casos de Chávarry y Gálvez, pero no cumplió porque suspendió actividades durante la pandemia.

Mes de incertidumbre

La Junta Nacional de Justicia también ha abierto un proceso disciplinario contra otro fiscal investigado, Luis Arce. En junio, el coordinador del Equipo Especial de Fiscales Lava Jato, Rafael Vela, alertó sobre el riesgo de que un fiscal supremo vinculado a la mafia reemplace a Arce en el Jurado Nacional de Elecciones, dado que en abril del próximo año Perú tendrá comicios generales, y dicho tribunal es competente para aceptar e invalidar candidaturas.

“La red de corrupción en el sistema de justicia, puesta al descubierto en julio del 2018, muestra el nivel de corrupción al que se llegó y que lamentablemente compromete a algunos fiscales supremos que buscan impunidad. La fiscal de la Nación está combatiendo esta situación pero puede quedar sola”, añade Eduardo Vega.

La semana pasada, la congresista Carolina Lizárraga, del Partido Morado, pidió al Congreso anular el archivamiento -realizado por el anterior Parlamento- de las acusaciones constitucionales a los fiscales y jueces supremos investigados por ser parte de la trama de corrupción, pero su gestión no tuvo éxito. El diario La República reporta que los fiscales que investigan a los Cuellos Blancos son conscientes de que algunos implicados excarcelados durante la pandemia podrían reorganizarse para perturbar la indagaciones. Por ello, además de la denuncia constitucional ante el Congreso contra Tomás Gálvez, presentarán pronto las acusaciones a magistrados, abogados y empresarios involucrados de la trama de corrupción.