El ‘caso Lava Jato’ busca oxígeno con una denuncia contra el excandidato presidencial brasileño José Serra

Más de seis años después de que se iniciara la operación anticorrupción Lava Jato, en marzo de 2014, el equipo de investigación realiza la primera denuncia contra un político de peso del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). El senador José Serra fue acusado el viernes 3 de julio de blanqueo de dinero. Su hija Verônica también fue objeto de la denuncia, que incluyó ocho órdenes de registro en domicilios del parlamentario. Según la Fiscalía, Serra “utilizó su posición e influencia política para recibir pagos indebidos de [la constructora] Odebrecht a cambio de beneficios relacionados con las obras del Rodoanel Sul [el Anillo Metropolitano de São Paulo]”, hechos que se habrían originado en 2006. El presunto fraude puede superar los 4,5 millones de reales (85.000 dólares).

La denuncia se basa en alegaciones hechas por ejecutivos y directores de Odebrecht, que firmaron un acuerdo de colaboración con la Fiscalía. Según las investigaciones, la constructora inició los pagos entre 2006 y 2007, período en el que Serra dejó el Ayuntamiento de São Paulo para presentarse a las elecciones a gobernador del Estado. La acusación contra Serra avanzó porque el equipo de investigación estableció que los delitos de blanqueo de dinero se cometieron hasta 2014, sorteando así una prescripción judicial decretada en 2010.

El intervalo de seis años para denunciar al senador por un crimen que habría cometido hace 14 años ha llamado la atención de los políticos de la oposición. “Lo que hoy está investigando la [operación] Lava Jato, esta cuestión del senador José Serra, ¿cuánto tiempo hace que se conoce en Brasil? Hace diez años. ¿Por qué se investiga hoy? ¿Como elemento de manipulación?”, preguntó la expresidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), en una entrevista a la Agencia EFE. Según Rousseff, la acción contra Serra tiene como objetivo “maquillar” el caso Lava Jato para quitarle la etiqueta de anti-PT. “Toda la Lava Jato se hizo contra nosotros. Ahora están intentando disimular, maquillarla, por eso atacan al senador”.

El PT, junto con el partido del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y el Progresistas (PP), fue uno de los partidos más afectados por la investigación, que denunció, condenó y encarceló a su mayor líder, el expresidente Lula. Antes de Serra, el exsenador socialdemócrata Paulo Bauer había sido denunciado por corrupción pasiva, blanqueo de dinero y participación en organización criminal. Otro socialdemócrata influyente que el caso Lava Jato tenía en el punto de mira era el exsenador Aloysio Nunes (que también se menciona en la demanda contra Serra), pero no se ha realizado ninguna denuncia todavía. El diputado federal Aécio Neves, también del PSDB, fue denunciado y acusado en un proceso derivado de la operación Lava Jato.

Rousseff no está sola en sus críticas. Alberto Zacharias Toron, defensor de Aécio (y también de Rousseff), refuerza la tesis de la expresidenta. “La operación está pasando por una fase de declive y descrédito bien merecidos. Salvaron a los del PSDB durante tanto tiempo, años, y ahora que están en crisis deciden mostrar que trabajan”, afirma. Según Toron, esta decadencia de la operación se debe “a sus propios errores”. “The Intercept Brasil y otros medios de comunicación revelaron lo que los abogados hemos estado diciendo durante mucho tiempo sobre los abusos y la arbitrariedad” de la investigación. Los reportajes publicados por el diario The Intercept Brasil pusieron en duda la imparcialidad del por entonces juez Sergio Moro, a cargo de la investigación.

Burocracia judicial

A pesar de las críticas sobre una supuesta parcialidad del caso Lava Jato, la demora en el caso de Serra también tiene sus raíces en la propia burocracia judicial. La demanda, que entonces se juzgaba en el Supremo Tribunal Federal porque el senador estaba aforado, se envió a primera instancia —y, en consecuencia, a la operación Lava Jato de São Paulo— solo a finales de 2018. Además, las autoridades suizas solo autorizaron la supresión del secreto bancario del senador a principios de 2019, como reveló el periodista Jamil Chade. Esa información demostró que hubo movimientos hasta 2014 en la cuenta de la que Serra era beneficiario, lo que evitó la prescripción de las acusaciones.

El momento político de la denuncia contra Serra contrasta con aquella que llevó a Lula a prisión. Las investigaciones contra el expresidente, que fue acusado de recibir de la constructora OAS un apartamento de tres pisos como comisión ilegal, empezaron en 2015, y la denuncia del caso Lava Jato se hizo en septiembre de 2016, solo un año después. En 2017, fue condenado Sergio Moro y encarcelado al año siguiente. Pasaron poco más de cuatro años entre el comienzo de la investigación y el encarcelamiento. En el caso de Serra, tres años separan las delaciones de Odebrecht de la denuncia, primer paso del proceso.

La forma en que el caso Lava Jato ha actuado contra Serra también ha sido objeto de críticas en el entorno jurídico. “Solo queremos que se aplique la ley. Lo que vale para Lula debe valer para Serra, y lo que vale para Serra debe valer para los ciudadanos comunes”, dice Marco Aurélio de Carvalho, abogado y coordinador del Grupo Prerrogativas, compuesto por juristas, jueces y profesores que defienden el Estado de derecho y el pleno ejercicio del derecho de defensa. Carvalho considera excesivas las órdenes de registro: “Cumplir las órdenes de registro después de presentar una denuncia [como hizo el equipo de investigación] no está justificado, no se descubrirá ningún hecho nuevo. Es más: ¿qué efecto tiene una orden de registro diez años después de que se iniciaran los hechos? Solo se ha hecho para avergonzar”. Carvalho también dijo que la Lava Jato intenta “vender una supuesta imparcialidad”.

La asesoría de Serra emitió una nota alegando que los presuntos delitos habían prescrito. En otro comunicado, el senador sostuvo que siempre actuó “con legalidad e integridad”. Serra es un exponente nacional del PSDB y disputó —aunque perdió— dos elecciones presidenciales.

Cuentas en Suiza y empresas en paraísos fiscales

Según la Fiscalía, el sistema que Serra utilizaba para recibir comisiones ilegales era similar al que utilizaba Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de los Diputados y encarcelado en octubre de 2016: una cuenta bancaria en Suiza a nombre de una empresa inscrita en un paraíso fiscal. El equipo de investigación analizó a fondo las transacciones financieras atribuidas al socialdemócrata e identificó tres “capas” de blanqueo diseñadas para dificultar el seguimiento de los valores e identificar a los titulares.

El senador sería el beneficiario oculto de Dortmund International, una empresa controlada por su hija Verônica y con sede en Panamá que recibió más de un millón de dólares de las empresas de José Amaro Pinto Ramos, que los arrepentidos de Odebrecht identificaron como uno de los operadores del sistema de blanqueo. Ramos, a su vez, recibía dinero de empresas inscritas en paraísos fiscales controladas por el Grupo Odebrecht. La Fiscalía también logró bloquear unos 40 millones de reales (7,5 millones de dólares) depositados en Suiza, pero no dio más detalles sobre su titularidad.