Un tribunal ordena revisar una investigación contra la consejera de derechos humanos de Colombia

La Corte Suprema de Justicia deberá evaluar si reabre una investigación penal a Nancy Patricia Gutiérrez por presuntos vínculos con paramilitares en 2002

Nancy Patricia Gutiérrez, Alta Consejera de Derechos Humanos y exministra del Interior de Colombia.
Nancy Patricia Gutiérrez, Alta Consejera de Derechos Humanos y exministra del Interior de Colombia.

De nuevo, un caso del pasado salta en el presente a otra funcionaria del Gobierno de Iván Duque. Esta vez es la Alta Consejera de Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, que deberá defenderse una vez más en un caso por presuntos vínculos con grupos paramilitares ocurrido en 2002. El Tribunal de Cundinamarca en su Sala de Justicia y Paz -creada para investigar los delitos de ese grupo armado- ordenó revisar el fallo que en el pasado le había sido favorable a la funcionaria.

A partir de 2004, Colombia vivió un proceso de desarme y desmovilización de más de 30.000 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Tras esa negociación, bajo la presidencia de Álvaro Uribe, comenzó el destape sobre las relaciones entre políticos y ese grupo armado que dejó 21.000 asesinatos por todo el territorio, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Esas revelaciones fueron conocidas como parapolítica y salpicaron a gobernantes locales y regionales que se aliaron para llegar a cargos de elección popular. Al menos 50 alcaldes y gobernadores fueron condenados; mientras 60 congresistas resultaron culpables por la Corte Suprema.

En una de esas declaraciones dadas por los paramilitares -que entregaban información a cambio de reducción de la pena y que debía ser verificada por las autoridades- apareció el nombre de Nancy Patricia Gutiérrez, en ese entonces senadora. También la excongresista Rocío Arias condenada por parapolítica la señaló por sus presuntos nexos con un jefe paramilitar. Pero tras seis años de investigación, la Corte Suprema emitió un fallo en el que se inhibía de hacer una investigación contra Gutiérrez y ordenaba compulsar copias a la Fiscalía para que se investigara a uno de los declarantes por falso testimonio.

Ahora, el Tribunal de Cundinamarca pidió a la Corte Suprema que revise ese fallo y “evalúe si encuentra mérito para continuar la investigación penal en contra de la exsenadora Nancy Patricia Gutiérrez y sus presuntos vínculos con estructuras paramilitares que al parecer apoyaron la campaña política para acceder al Senado en los comicios del año 2002”.

La alta consejera de derechos humanos ha dicho a través de un comunicado que ella fue “mencionada injustamente” y ha asegurado que es inocente: “Debo insistir en que la Corte Suprema de Justicia falló a mi favor en el año 2014, pues no hubo vínculo alguno con ninguna estructura paramilitar, así como tampoco existe otra investigación por esos hechos”.

Sin embargo, el hecho generó respuestas como las de José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch en América Latina, quien le espetó a través de Twitter: “Nancy Patricia Gutiérrez olvida aclarar: el tribunal identificó pruebas nuevas que aún no han sido evaluadas por la Corte Suprema”. Y adjuntó un fragmento del fallo del Tribunal de Cundinamarca donde la magistrada señala que, a pesar de que el paramilitar se declaró culpable por un preacuerdo con la Fiscalía, otros dos paramilitares confirmaron la versión de que existió una orden para “coordinar el apoyo que se iba a ofrecer a la precitada política”.

“La Alta Consejería presidencial de Derechos Humanos de Colombia debe estar a cargo de un funcionario de gran credibilidad, con trayectoria en este campo, que genere confianza ante la sociedad civil. Si la Corte Suprema decide reabrir la investigación contra Gutiérrez lo adecuado es que el Gobierno la aparte de su cargo al menos mientras dure la investigación”, agregó Vivanco a este diario.

Su caso cobra relevancia pues se ha conocido que Gutiérrez es una de las firmes candidatas del Gobierno de Iván Duque para asumir como Defensora del Pueblo, un cargo clave en un país donde abundan las violaciones de derechos humanos tanto de grupos armados ilegales como de algunos sectores de las fuerzas armadas. Este jueves la alta consejera entregó un informe sobre el asesinato de líderes sociales, uno de los problemas más agudos que enfrenta Colombia tras el desarme de la guerrilla de las FARC.

Según el documento, en el primer semestre de 2020 “se confirmaron 37 casos de homicidios contra líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos” y en ese mismo lapso “hay 49 casos de líderes asesinados que están en trámite de verificación por parte Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, al igual que son investigados por la Fiscalía General de la Nación”. Durante la presentación del informe, la alta consejera no se refirió al caso que arrastra y volverá a ser analizado en la Corte Suprema de Justicia.

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