La pandemia asesta otro golpe al bolsillo de las familias rusas

A carcajadas, Yana Zubkova da impulso a su hija Alisa en el balancín. A pizpireta y rubia cría de año y medio le encanta el parque. Hace unos días volvieron a bajar al ajado espacio junto apartamento comunitario en el que viven en Samara, una ciudad en la ribera del Volga. Ya antes de la pandemia de coronavirus solían pasar allí horas. Bajar al parquecillo es gratis, comenta la joven, de 21 años. Y Zubkova mira cada rublo. Dejó de trabajar antes de que naciera la pequeña y su marido está cumpliendo el servicio militar obligatorio en Komi, a unos 1.800 kilómetros de casa. Así que los únicos ingresos de su hogar proceden ahora de los subsidios sociales del Estado por Alisa y del plan económico que da el Ejército a los reclutas por cada hijo. En total completan unos 12.130 rublos (155 euros); el equivalente al salario mínimo ruso. “Haciendo muchos equilibrios y con algo de ayuda me las arreglo, pero los gastos se acumulan; y las cosas en vez de mejorar están cada vez peor”, comenta la joven de cabello rojizo.

Zubkova explica que ha utilizado ya toda la paga extraordinaria de 10.000 rublos (120) que el Estado dio hace unas semanas a las familias por cada hijo para hacer frente al impacto del coronavirus para pagar gastos corrientes. De momento Alisa y ella están en casa de su padre, en un barrio de bloques bajos que en la época de la antigua URSS albergó a trabajadores de una metalúrgica, así que no tiene que pagar alquiler. “La vida es cara y habrá que ver si cuando Andrei, mi esposo, regrese encuentra un trabajo”, dice. En un país poco acostumbrado al paro, el desempleo ha subido hasta el 6,1%; el máximo desde 2012. Y eso que los expertos creen que con el retraso burocrático todavía no ha llegado a aflorar la cifra real de personas que han perdido sus trabajos. Este 2020 es el sexto año consecutivo en el que los ingresos reales de los rusos caen. Ahora, con los efectos económicos de la pandemia y el descenso de los precios del petróleo, puede que la bajada aún sea mayor de la esperada. Y el golpe más fuerte de los problemas acumulados lo están sintiendo familias como la de Zubkova y en ciudades medias como Samara, de 1,1 millones de habitantes, lejos de los focos empresariales más desarrollados de Moscú o San Petersburgo.

Los seis años de estancamiento económico derivado de las sanciones occidentales por anexionarse la península de Crimea unidos a la crisis sanitaria y social provocada por la covid-19 están haciendo mella en la popularidad del presidente ruso, Vladímir Putin, que se ha desplomado desde principios de año a mínimos históricos —un 59%, una cifra todavía envidiable para los líderes occidentales, sin embargo—. También pierde puntos entre su granero de votantes. Los grandes planes esbozados por el presidente ruso a principios de año para subir el gasto estatal en programas de sanidad o educación y estimular los ingresos de las familias para aumentar la natalidad —su gran caballo de batalla— parecen ahora más que nunca una entelequia.

Con el 13% de sus 145 millones de habitantes viviendo en la pobreza, según datos oficiales, y con la perspectiva de que la economía rusa se va a contraer un 5,5% este año, según el Fondo Monetario Internacional, el líder ruso ha vuelto a aplicar una vieja receta conocida: prometer subsidios, créditos, beneficios y pagas extraordinarias para las familias; sobre todo las numerosas. Ya lo hizo a principios de año, justo al tiempo de anunciar una reforma constitucional que con el tiempo se ha revelado estructural. Y lo ha vuelto a repetir esta semana, en vísperas de la votación de las enmiendas a la Carta Magna que le allanarían en camino para volver a presentarse a las presidenciales de 2024 y quedarse otros 12 años en el sillón del Kremlin.

“Son medidas 2x1”, las define el economista Artiom Torchinksi. “Son beneficiosas para las familias con hijos y al mismo tiempo son un soborno para los votantes”, comenta. La consulta popular sobre la reforma de la Constitución que empezó el jueves y termina el 1 de julio no es vinculante. Ni siquiera hay un porcentaje mínimo para que sea válida, pero el Kremlin quiere tener una alta participación para legitimar el proyecto que esta sembrado de ‘medidas gancho’, como la que garantiza que las pensiones deben subir conforme a la inflación y que el salario mínimo debe establecerse por encima de la línea de pobreza. Puntos que, según Torchinksi, no tendrán ninguna consecuencia porque ya están regulados y que son un “telón propagandístico” para la medida más relevante: la que permitiría a Putin perpetuarse. Y el proyecto se vota completo: sí o no a todo.

A Olga Gorkunova le da igual si las medidas son propaganda. “Se ha hecho en un buen momento, mucha gente necesita el dinero así que para qué pensar en una motivación oculta… Putin es un buen presidente; ahora mismo no hay nadie que pueda reemplazarle”, remarca la mujer, de 35 años, madre divorciada de cuatro hijos de entre cuatro y 18 años. Como casi la mitad de los rusos, Gorkunova no tiene ahorros. Ninguno. Con su salario de unos 25.000 rublos (319 euros) mensuales como secretaria en una pequeña compañía de Recursos Humanos y la pensión que de pascuas a ramos le pasa el padre de los niños, la familia no llega a final de mes. Gorkunova trata de hacer horas extra cuando puede y la compañía lo permite.

Pero sobre todo tira de dos tarjetas de crédito. “Ni siquiera son para caprichos, las uso para cosas básicas, algún imprevisto porque se ha roto un electrodoméstico, zapatos para los niños, material para la escuela”, comenta en su pequeña oficina instalada en una estación de autobuses a las afueras de Samara. A ritmo que los ingresos reales de los rusos caían han ido aumentando los créditos y los préstamos personales para consumidores. Y también ha habido un boom en el uso de préstamos rápidos, a menudo con intereses usureros que están causando verdaderos estragos.

Tatiana Push los conoce de cerca. Esta trabajadora social menuda y de voz pausada es voluntaria desde hace años en Domik Detsv, una ONG que ayuda a familias con niños a navegar por la burocracia de las ayudas y que les proporciona una ‘cesta básica’ con alimentos y productos de higiene que se ha convertido en fundamental para 42 hogares; la mayoría de mujeres solas con varios hijos. A Push, de 43 años, no le convencen las últimas medidas de apoyo a las familias anunciadas por Putin. “Suenan bien, son la música que muchas personas en dura situación económica quieren escuchar, pero no van a la raíz del problema. En este caso es como si hubieran pensado: ‘Vamos a rociarlos con una lluvia de rublos, a ver si mejora la popularidad”, dice en la sede de la organización, una pequeña habitación en el bajo de un edificio repleta de cajas para repartir. “Además, muchas familias tienen miedo de que todos esos programas queden en papel mojado en cuanto Putin tenga su preciada nueva Constitución”, remarca.

Push se plantea por qué el Gobierno ruso es reacio a gastar en estímulo económico y en hacer un verdadero plan estructural de apoyo. Pero efectivamente el Kremlin prioriza el ahorro y pese a que la situación es delicada se muestra reticente a abrir las arcas del llamado Fondo de Bienestar, donde tiene ahorrado unos 165.000 millones de dólares procedentes de los ingresos del petróleo en los tiempos de bonanza.

Samara va despertando del confinamiento, todo a punto para la votación que culminará el miércoles. La ciudad recupera actividad, aunque la mayoría de los bares y restaurantes están todavía cerrados y ofrecen servicios para llevar. La mayoría de las familias que se acercan a la sede de Domik Detsv no llevan mascarilla. Allí, Ekatererina Nemtsova, acaba de llenar una bolsa roja de paquetes de arroz, leche, aceite, harina o pasta de dientes que Push y su compañero voluntario Antón Rubin, tienen perfectamente etiquetados. Es una organizaron sin ánimo de lucro pero eso no significa que cualquiera se pueda un pasar por allí y recibir la ayuda, explica Push. Las autoridades hacen auditorías a fondo y aunque la ONG se nutre de donaciones privadas, las familias tienen que documentar que tienen bajos recursos para recibir el apoyo.

Nemtsova, que trabaja como limpiadora, cuenta que esta sola con sus tres hijos de cinco, ocho y 14 años. No tiene muchas esperanzas en que las nuevas ayudas vayan a cambiar las cosas para familias como la suya, ni en que la reforma de la Constitución vaya a suponer más garantías sociales, como insinuó Putin el pasado lunes en un discurso a la nación retransmitido por televisión: “Si hay más apoyo, estupendo, pero lo dudo”, dice Nemtsova escéptica, “el Estado diga lo que diga, no siempre cumple, he aprendido a arreglármelas totalmente por mi cuenta. No espero nada”.