La detención de un colaborador de Bolsonaro debilita su apoyo militar y aumenta el precio de las alianzas políticas

La peor semana para Jair Bolsonaro desde que asumió el Gobierno de Brasil hace 18 meses terminó con dos alertas para el presidente. La primera: la cúpula de las Fuerzas Armadas ya no lo apoya tan firmemente y espera los próximos movimientos para saber qué dirección tomar. De momento, está a la expectativa. La segunda: el llamado Centrão, una coalición de partidos con presencia parlamentaria pero sin programa ni ideología, cobrará un precio cada vez más alto para detener cualquier proceso de impeachment contra el presidente. Eso significa que los ministerios que están con titulares provisionales, como Sanidad y Educación —dos de los que tienen los mayores presupuestos—, se convierten en posibles fichas de negociación, que podrían generar unos 200 votos de los 513 votos de la Cámara de los Diputados. Para evitar una eventual destitución, se necesitan 171.

Desde el lunes pasado, la administración de Bolsonaro está sufriendo un violento ataque. Ha visto como arrestaban a algunos de sus partidarios por participar en actos antidemocráticos que exigían el cierre del Congreso y del Supremo Tribunal Federal. Se ha enfrentado al Poder Judicial, que autorizó que se levantara el secreto bancario de once parlamentarios del Gobierno sospechosos de financiar estos actos. Y ha tenido que aceptar que el Supremo decretara la legalidad de la investigación sobre noticias falsas, cuyo principal blanco son los bolsonaristas que difaman a los opositores políticos. Para rematar la semana, ha presenciado el arresto de Fabrício Queiroz en casa del abogado de la familia Bolsonaro, Frederick Wasseff. Queiroz fue asesor del senador Flávio Bolsonaro y está siendo investigado por participar en un sistema de desvío de parte de los sueldos de los empleados de su gabinete en la Asamblea Legislativa cuando era diputado del Estado de Río de Janeiro. Pero aún es peor: la investigación ha evidenciado el vínculo de Queiroz con las milicias criminales, lo que ha representado un fuerte golpe para el presidente. Y fue el abogado de su familia, Frederick Wassef, quien ocultó al exasesor de su primogénito.

En la misma semana, el presidente también ha destituido al ministro de Educación, Abraham Weintraub, algo que su claque no ha recibido demasiado bien. En las redes de los militantes más extremistas, llaman héroe al ahora exministro y dicen que el presidente se ha equivocado al ceder ante la presión del Poder Judicial. Ofensivo y malhablado, Weintraub pertenecía al ala ideológica del Gobierno y, en más de una ocasión, defendió que se arrestara a los magistrados “canallas” del Supremo.

Este escenario solo ha hecho aumentar el apetito del Centrão. Desde el pasado miércoles, el grupo ocupa el resucitado Ministerio de Comunicaciones, liderado por el diputado Fábio Faria. Antes, ya estaba en al menos una docena de cargos de segundo y tercer nivel, con presupuestos superiores a 73.000 millones de reales (13.000 millones de dólares). Ahora, además de Educación y Sanidad, tiene en su punto de mira las carteras de Infraestructura y Agricultura, aunque la posibilidad de conseguirlas es menor, porque los dos titulares gozan de una buena relación con el presidente. Independientemente de los cargos que ocupen, los políticos profesionales del Centrão ya se han manifestado: “Mientras destine fondos a nuestras bases electorales, estaremos con el presidente”, declaró un representante del grupo a este diario.

A la expectativa

Por otro lado, los militares opinan que todavía hay que esperar para ver cómo reacciona Bolsonaro ante el arresto de Fabrício Queiroz. “Ya se le ha pedido al presidente que no se radicalice más. Vamos a ver qué hace”, dijo uno de los militares con acceso al Palacio del Planalto. La principal preocupación de Bolsonaro es que Queiroz haga un acuerdo con la Fiscalía para revelar posibles vínculos entre su familia y las milicias criminales de Río de Janeiro.

Dos especialistas consultados ofrecieron opiniones distintas sobre si la cúpula militar seguirá apoyando al mandatario. “En mi opinión, los militares esperan un golpe de gracia. La base del árbol se está pudriendo y solo hace falta un pequeño empujón para que caiga”, afirma el doctor en Relaciones Internacionales David Almstadter Magalhães, profesor de la Fundación Armando Álvares Penteado y de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo.

“A menos que ocurra algo extremadamente catastrófico, algún escándalo relacionado con las Fuerzas Armadas, no creo que los militares cambien su opinión sobre apoyar al Gobierno”, opina el doctor en Ciencias Políticas Lucas Rezende, profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina. Pero Rezende también señala que el movimiento de los militares también es calculado, porque, ante un eventual impeachment, quien ocupará el Palacio del Planalto será otro militar, el general de la reserva Hamilton Mourão, actual vicepresidente.

En lo que coinciden tanto Rezende como Magalhães es que Bolsonaro nunca tuvo una unanimidad entre los militares. Desde el inicio de su mandato, se ha repartido entre los más pragmáticos y legalistas y aquellos que aceptaron aproximarse al brazo ideológico, influenciado por el gurú Olavo de Carvalho. La estrategia para comprar este apoyo es similar a la que utiliza con los políticos del Centrão: dar cargos. De los 23 ministerios, 10 están ocupados por militares o exmilitares. Un estudio realizado por el medio digital Poder 360 publicado esta semana muestra que hay 2.930 militares en el Gobierno. Es el mayor número desde la dictadura militar.

Lo que parece haberse enfriado por el momento es una especie de autogolpe de Estado que el presidente había estado alentando en las últimas semanas. “El prestigio social del presidente está entrando en proceso de descomposición. De ahora en adelante, cualquier intento por su parte de utilizar a los militares para chantajear con un golpe será un farol”, ponderó Magalhães. Pero según Rezende, aún no se podría descartar una confrontación civil armada entre partidarios y opositores del presidente. Todo depende de los próximos movimientos en el tablero político-jurídico-militar.