Trump dicta sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional
La Casa Blanca castigará económicamente y con restricciones en sus viajes a quienes pretendan investigar la actuación del Ejército de EE UU
Estados Unidos ha vivido siempre de espaldas, incluso en la guerra, a la Corte Penal Internacional (CPI). Desde su fundación en 2002 con el objetivo de ser “la mejor defensa contra la impunidad”, como dijera el antiguo secretario de la ONU Kofi Annan, Washington se desmarcó del “eslabón que faltaba en el sistema jurídico internacional” (palabras de Annan). Bill Clinton quiso dar un golpe de efecto y firmó su entrada en la CPI un día antes de abandonar el poder, pero la Administración de George W. Bush se apresuró a retirar su firma del estatuto del primer tribunal permanente, con sede en La Haya.
A la obstrucción constante que la CPI ha sufrido por parte de Washington se une el último golpe dado este jueves en forma de orden ejecutiva por el presidente estadounidense, Donald Trump. El mandatario ha autorizado sanciones económicas y restricciones de visados de viajes contra los funcionarios de la CPI directamente relacionados con investigaciones sobre los efectivos del Ejército de Estados Unidos y agentes de la inteligencia por posibles crímenes de guerra. Entre estas medidas figura el bloqueo de propiedades que estos funcionarios puedan tener bajo jurisdicción estadounidense.
“Las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque a los derechos de los estadounidenses y amenazan con socavar nuestra soberanía nacional', señaló la Casa Blanca a través de su jefa de prensa, Kayleigh McEnany. Además, por enésima vez, la Casa Blanca ha recordado que Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma y que, por tanto, considera cualquier acción por parte de la CPI “un ataque".
En opinión de la Casa Blanca, la Corte adopta “investigaciones por motivos políticos”, sin aludir directamente a la decisión del CPI de autorizar una indagación formal por los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, en los que quedarían incluidas también las tropas de Estados Unidos. Como consecuencia, añade McEnany, “el presidente ha autorizado sanciones económicas contra funcionarios de la Corte directamente implicados en un esfuerzo para investigar a personal de Estados Unidos sin el consentimiento de Estados Unidos”.
“El CPI se creó para que rindiesen cuentas criminales de guerra, pero en la práctica ha supuesto una burocracia internacional ineficaz que ataca y amenaza al personal de Estados Unidos, así como al de nuestros socios y aliados [en referencia a Israel]”, ha esgrimido la portavoz de Trump. En su discurso ante la ONU, en 2018, Trump rechazó la “legitimidad y autoridad” de la Corte, por considerar que se extralimita en sus decisiones y vulnera la soberanía del país.
La orden ejecutiva firmada por Trump es el penúltimo asalto de su Administración contra aquellas organizaciones internacionales, tratados y acuerdos que no se ajustan a sus políticas. Desde que llegó al poder, Estados Unidos se ha retirado del Acuerdo del Clima de París, del Acuerdo Nuclear con Irán y otros dos tratados para el control de armas con Rusia. Trump ha sacado al país del Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Unesco (la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Su último golpe al internacionalismo se lo ha asestado a la Organización Mundial de la Salud, al anunciar el fin de la cooperación, en plena pandemia de coronavirus, con el organismo internacional.
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