La Corte Penal Internacional da luz verde a la investigación de crímenes de guerra en Afganistán

La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) podrá indagar los supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Afganistán, tanto por los soldados de Estados Unidos y miembros de la CIA, como por los talibanes y las fuerzas afganas entre 2003 y 2014. Los jueces de Apelación de la Corte han facultado este jueves a la fiscal jefe, Fatou Bensouda, para que proceda con las investigaciones, revocando así una decisión anterior de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares. En 2019, estos consideraron “extremadamente limitadas las perspectivas de un proceso exitoso que sirva los intereses de la justicia, dada la situación en Afganistán”. Estados Unidos no es miembro de la CPI y ha mostrado repetidas veces su rechazo a que sus tropas o servicios de espionaje puedan ser interrogados. Afganistán sí forma parte de la misma.

Fatou Bensouda llevaba desde 2017 intentado que los jueces autorizaran la investigación, y un año antes presentó un informe sobre el curso de los exámenes preliminares que llevaba a cabo. Allí señaló que había “base razonable para creer que los militares estadounidenses habían aplicado torturas en centros de detención emplazados en Afganistán y gestionados por la CIA”. El mismo estudio resaltaba indicios de crímenes de guerra cometidos por parte del Gobierno afgano y los talibanes. Piotr Hofmanski, presidente de la Sala de Apelaciones, ha criticado este jueves la postura de sus colegas de la Corte por descartar las posibilidades de éxito de una investigación como la que él ha aprobado ahora. Según ha dicho, “solo debían considerar si había fundamentos para proceder, y si la Corte tenía competencia sobre los crímenes”. Ambos requisitos se cumplen aquí.

La fiscalía sostiene que hay indicios fundados para creer que “miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos perpetraron crímenes de guerra de tortura y crueldad, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y violaciones”, desde 2013. Entre los delitos se incluyen las supuestas torturas padecidas por 61 prisioneros a manos de las tropas de EE UU. Los mismos informes, presentados por Bensouda, señalan “a miembros de la CIA, por delitos similares en Afganistán, y en otros Estados (Polonia, Rumania y Lituania) contra acusados de terrorismo; en particular contra 27 personas”. La fiscal apunta de igual forma hacia los talibanes y las autoridades afganas, “por supuestas muertes en masa y torturas de prisioneros”. Entre los presuntos autores incluye al grupo guerrillero Haqqani, cercano a los talibanes y activo también en Pakistán.

El año pasado, cuando la investigación fue rechazada, Mike Pompeo, secretario de Estado de EE UU, advirtió de que serían revocados los visados que pudieran solicitar los miembros de la Corte encargados de las investigaciones en Afganistán. La fiscal Bensouda fue la primera afectada, pero aseguró que seguiría adelante “sin miedo y sin compromisos”. En 2018, John Bolton, entonces asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, subrayó que “no cooperaremos con la Corte; no le prestaremos asistencia; no nos uniremos a ella; dejaremos que se muera sola”, en un discurso pronunciado en Washington. Como Afganistán sí es miembro de la CPI, los ciudadanos estadounidenses que hayan cometido delitos allí pueden ser perseguidos por la justicia internacional.