Estados Unidos retira el visado a la fiscal de la Corte Penal Internacional

Estados Unidos ha retirado el visado a Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. La oficina de la jurista, nacida en Gambia, lleva a cabo desde 2016 un examen preliminar sobre los supuestos crímenes de guerra cometidos en Afganistán por soldados estadounidenses entre 2003 y 2004. Este viernes ha confirmado el veto y ha asegurado asimismo que Bensouda seguirá cumpliendo con sus funciones “sin miedo y sin favoritismos”. Estados Unidos no es miembro de la CPI y en marzo Mike Pompeo, secretario de Estado de EE UU, señaló su disposición a rechazar la entrada de funcionarios “que investiguen a nuestro personal en relación con Afganistán”, por considerar que violaba su soberanía nacional.

El caso de Afganistán no se ha abierto formalmente en la CPI. Para ello la fiscal tiene que convencer antes a los jueces de la validez de “los indicios fundados de los delitos perpetrados por militares estadounidenses” señalados en el informe que les remitió en 2017. Entre estos se incluyen las supuestas torturas padecidas por 61 prisioneros a manos de tropas de EE UU. Los servicios de inteligencia también abusaron de otras 27 personas internadas en cárceles secretas abiertas en Afganistán y en Polonia, Rumanía y Lituania, según la fiscalía.

Afganistán sí es miembro de la Corte, de ahí que los ciudadanos de Estados Unidos que hayan cometido delitos en su suelo puedan ser perseguidos por la justicia internacional. El informe preliminar de Bensouda incluye a soldados afganos, talibanes, al grupo guerrillero Haqqani, cercano a estos y activo además en Pakistán, y a personal de la CIA entre los presuntos autores de crímenes de guerra y contra la humanidad. En total, se trata de 699 víctimas de torturas supuestamente aplicadas, asimismo, “por el Gobierno afgano y sus servicios secretos y policiales”.

Estados Unidos desplegó sus tropas en Afganistán en 2001, poco después del atentado del 11-S contra la Torres Gemelas. Llegó a tener allí hasta 100.000 soldados y para evitar que corran riesgos fuera de su tierra, Washington no ha ratificado el Estatuto de Roma, texto fundacional de la Corte. En 2018, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, subrayó que “no cooperaremos con la CPI; no le prestaremos asistencia; no nos uniremos a ella; dejaremos que se muera ella sola”, en un discurso en el Federalist Society, un foro conservador de Washington.

China, Rusia, India o Israel tampoco participan en la Corte, y Filipinas la abandonó en marzo. Considera que la Fiscalía viola la soberanía nacional y su presunción de inocencia. Bensouda analiza, de forma preliminar, los supuestos delitos cometidos allí desde 2016 “en el marco de la guerra contra las drogas”. La ofensiva ha causado 7.000 muertos, según las propias autoridades de Manila.

Burundi se retiró en 2017. No estaba de acuerdo con la investigación sobre la muerte de 430 personas en las protestas que siguieron, en 2015, al anuncio de que el presidente Pierre Nkurunziza optaba a un tercer mandado. En ambos casos, sin embargo, la fiscalía de la CPI sigue adelante porque la retirada de un país no afecta su competencia sobre investigaciones anteriores. La Corte no pertenece a la familia de Naciones Unidas, pero la fiscal jefe informa de sus actividades a la Asamblea General. Se presume que podrá seguir viajando a Nueva York para ello.