Filipinas abandona la Corte Penal Internacional

Filipinas ha abandonado la Corte Penal Internacional (CPI) un año después de que Rodrigo Duterte, el presidente filipino, anunciara la decisión de darse de baja de la única instancia permanente con capacidad para juzgar el genocidio los crímenes de guerra y contra la humanidad. La fiscalía analiza de forma preliminar los supuestos delitos cometidos en el país desde julio de 2016 “en el marco de la guerra contra las drogas”, pero Duterte considera que intentan violar la soberanía nacional de su país y su presunción de inocencia. Las propias autoridades filipinas cifran en 7.000 los muertos durante las redadas policiales. En 2017, Burundi también se retiró de la CPI, que en su caso, investiga ya oficialmente la comisión de supuestos crímenes contra la humanidad dentro y fuera del país -entre 2015 y 2017- por parte de varios de sus nacionales contra opositores del presidente, Pierre Nkurunziza.

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Duterte anunció en 2018 la salida de Filipinas de la CPI, pero ha tenido que esperar un año para hacerla efectiva. Es el plazo impuesto por el Estatuto de Roma, texto fundacional de la institución. De todos modos, los fiscales continuarán con sus investigaciones exploratorias puesto que “la jurisdicción de la Corte se mantiene respecto a los hechos ocurridos antes de la retirada de un país miembro”, según explican sus portavoces. El Gobierno filipino asegura que su sistema judicial funciona “perfectamente”, y el propio presidente ha amenazado “con detener a Fatou Bensouda”, la fiscal jefe de la CPI, “si entra en el país”.

Aunque los exámenes preliminares no garantizan la apertura de un caso, son obligatorios para poder hacerlo. En esta ocasión, se derivan, respectivamente, de sendas denuncias presentadas por familiares de 8 víctimas, que acusan a Duterte de asesinato, y por el abogado de dos presuntos sicarios que cumplían supuestas órdenes oficiales. El presidente filipino llegó al poder en 2016 con la promesa de acabar con el problema de las drogas. Sus métodos han sido condenados por la violencia de las redadas policiales, saldadas con muertos entre presuntos traficantes y consumidores. Human Rights Watch ha indicado que la situación solo cambiará “si se logra un acuerdo nacional o internacional para impedir este tipo de métodos indiscriminados”.