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Los filipinos empiezan a decir basta a la guerra antidroga de Duterte

"No puedes matar a una persona que está arrodillada rogando por su vida", ha dicho el presidente en un discurso en el que ha pedido contención a las fuerzas de seguridad

El amplio apoyo de la población filipina a la cruzada de Rodrigo Duterte contra las drogas ha sufrido un fuerte revés en los últimos días. La muerte hace justo una semana del joven de Kian Delos Santos, de 17 años, ha generado una intensa ola de protestas incluso entre algunos partidarios del presidente contra la arbitrariedad e impunidad con la que actúan las fuerzas de seguridad en el país. No se trata del primer menor de edad fallecido por la brutal guerra emprendida por la administración filipina contra el narcotráfico, pero sí de los pocos casos en que las habituales contradicciones entre la versión de las familias y la Policía cuentan con pruebas determinantes que apuntan a un abuso de poder por parte de los agentes.

Kian Delos Santos, en el ataúd. Reuters-Quality

Kian Delos Santos fue uno de los más de 90 fallecidos durante las tres noches de amplias redadas que hizo la policía en Manila y su área metropolitana a mediados de agosto. Esta operación se ha convertido en la más sangrienta desde que Duterte llegó al poder en mayo de 2016 con la promesa de acabar con el narcotráfico matando a los que distribuyen estupefacientes. La campaña ha dejado casi 13.000 muertos, la gran mayoría de ellos adictos o dedicados al tráfico de drogas a pequeña escala.

El cadáver de Delos Santos fue encontrado en un callejón, con una pistola en una mano y una bolsa con droga encima. Los agentes aseguraron que lo mataron porque ofreció resistencia y hubo un tiroteo. Como en muchas otras ocasiones, su familia defendió que el chaval no tenía relación alguna con el narcotráfico y esa arma ni siquiera era suya. Los forenses determinaron tras la autopsia que el adolescente murió por tres disparos en la cabeza realizados a muy poca distancia y mientras yacía en el suelo, lo que contradice la versión policial. Imágenes de una cámara de seguridad cercana publicadas por los medios de comunicación muestran a varios agentes vestidos de paisano arrastrando al joven hasta el lugar donde se halló el cuerpo poco después.

El caso ha generado una fuerte ola de protestas contra el Gobierno. A la habitual indignación de los grupos de la oposición se le sumó esta vez el clamor de las redes sociales, las quejas de miembros del propio partido del presidente y de la Iglesia Católica, que han pedido el fin de la campaña antidroga. Duterte se ha visto forzado a dar explicaciones, a anunciar una investigación oficial para esclarecer la muerte del adolescente y a admitir, por primera vez, la posibilidad de que se hayan cometido abusos bajo el paraguas de su llamada guerra contra las drogas.

"No puedes matar a una persona que está arrodillada rogando por su vida, esto es asesinato", dijo el presidente filipino este miércoles en un discurso, informa Reuters. El mandatario aprovechó para rebajar sensiblemente el tono y pedir contención a las fuerzas de seguridad en sus operaciones: "Cuando digo que hay que coger a esta gente, quiero decir que los arresten y si entonces oponen resistencia de forma violenta, (la policía) tiene que defenderse". Los tres agentes involucrados en el caso del joven han sido suspendidos y Duterte ha prometido que, si son declarados culpables de asesinato, "se pudrirán en la cárcel". El Senado del país asiático inicia este jueves una investigación sobre los posibles abusos cometidos por las fuerzas de seguridad a raíz del caso de Delos Santos.

Durante su campaña electoral y en los meses que ha estado al mando del país, el presidente filipino había defendido a ultranza la labor de la policía e incluso llegó a perdonar a agentes condenados por haber abusado de su poder. Las tácticas poco ortodoxas de Duterte, según las organizaciones de derechos humanos en el terreno, garantizan la total impunidad de los agentes. La gran mayoría de las muertes ni siquiera ha sido a manos de la policía uniformada, sino de mercenarios que trabajan para las fuerzas de seguridad, denuncian los críticos.

A pesar de reconocer que episodios como este "están destruyendo la credibilidad del Gobierno", Duterte ha asegurado que no se plantea abandonar su ofensiva. "No pienso cambiar mi política, habrá guerra contra las drogas porque tengo que proteger a la gente".

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