Filipinas detiene la ‘guerra antidroga’ porque la policía es “corrupta hasta la médula”

La policía de Filipinas ha anunciado este lunes la suspensión "indefinida" de su guerra contra las drogas -en la que 7.100 personas han muerto asesinadas- para depurar de corruptos sus filas, después de que varios de sus agentes hayan sido acusados de haber estrangulado a un empresario surcoreano dentro de un cuartel de la policía, tras secuestrarlo y exigir un rescate. El presidente del país, Rodrigo Duterte, ha admitido que la policía filipina es "corrupta hasta la médula", pero ha añadido que tras la limpieza reanudará su guerra y la prolongará hasta el final de su mandato, en 2022.

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"Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en la limpieza interna, y cuando se solucione el problema, el presidente nos ordenará que volvamos a la guerra contra las drogas. Pero de momento, no más operaciones antidroga", afirmó este lunes el jefe de la Policía, Ronald Bato dela Rosa, en un discurso en el cuartel de Campo Crame, en Ciudad Quezón.

El presidente aprovechó, no obstante, para asegurar que tras la limpieza de los cuadros policiales la guerra contra las drogas se prolongará hasta el final de su mandato en 2022 y no solo por un año como había planeado anteriormente.

Desde que Duterte llegara al poder en junio de 2016 su campaña ha provocado más de 7.000 muertes de personas presuntamente vinculadas a los estupefacientes, de las que 2.527 han sido a manos de los agentes en supuestos enfrentamientos con los sospechosos, según datos de la semana pasada.

"Los policías son los más corruptos, están corruptos hasta la médula. Está en su naturaleza", ha dicho el presidente, quien admite que el 40% de la policía comete ilegalidades y que estas han aumentado bajo la cobertura de la guerra contra las drogas.

"Limpiaremos primero nuestras filas. No sé cuánto tiempo llevará limpiar la Policía Nacional, pero si cada uno de nosotros coopera, podremos lograrlo incluso si nos dan un mes de plazo", ha agregado Bato dela Rosa.

La suspensión temporal del asesinato de traficantes y drogodependientes llega a raíz del escándalo generado tras destaparse el caso de Jee Ick-joo, un empresario surcoreano asesinado hace tres meses. El pasado 18 de octubre varios individuos -entre ellos al menos un policía- se llevaron a Jee y a su asistenta del domicilio del primero radicado en la ciudad de Angeles, situada a unos 100 kilómetros al norte de Manila, en una supuesta operación antidroga.

Ambos fueron trasladados a Campo Crame, donde liberaron a la asistenta, pero el surcoreano fue estrangulado ese mismo día, según la investigación. La viuda, Choi Kyung-jin, aseguró que los secuestradores le pidieron un rescate por liberar a su marido haciéndole creer que estaba vivo.

El caso, cuya investigación en el Senado comenzó el pasado jueves, ha generado una gran polémica al mostrar el clima de impunidad creado por la campaña antidroga del presidente filipino. El asunto amenaza además con deteriorar las relaciones con Corea del Sur, un país que proporciona amplias inversiones y un flujo constante de turistas a Filipinas.

En la campaña que le llevó a la victoria en las elecciones presidenciales celebradas en 2016, Duterte prometió limpiar Filipinas de narcotraficantes y adictos al considerar que la droga está destruyendo a las nuevas generaciones del país.