“La nacionalización de Vicentin es excepcional, no somos estatizadores”

Matías Kulfas (Buenos Aires, 1972) es ministro de Desarrollo Productivo en el Gobierno argentino y tiene ahora la misión de gestionar la intervención, y futura nacionalización, del grupo agroalimentario Vicentin. La medida ha enfurecido a la oposición y a las asociaciones agrarias. Kulfas asegura en esta entrevista, realizada por teléfono, que la toma de control de Vicentin es una medida “excepcional” y que la Administración peronista no quiere “reemplazar al sector privado”.

Pregunta. ¿Por qué se ha nacionalizado Vicentin?

Respuesta. Fundamentalmente porque es una empresa que en diciembre suspendió pagos. Hablamos de una compañía muy importante, con una gran cadena de pequeños y medianos productores diseminados por Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, que se quedaron sin cobrar las materias primas que habían suministrado. El Banco Nación prestó a Vicentin una cantidad importante, 350 millones de dólares, que tampoco podía recuperar. Han pasado ya seis meses sin que se vislumbrara una solución. El Gobierno observó el proceso con la esperanza de que apareciera una solución de mercado. Lejos de eso, el problema fue agravándose y la confianza de los productores sufrió una paulatina erosión. Vicentin se encaminaba probablemente a una quiebra con pérdidas importantes para los acreedores. Nos pareció apropiado realizar una intervención puntual y virtuosa que permitiera rescatar la empresa. Pero también buscamos crear una unidad productiva de titularidad pública según el modelo de la petrolera YPF [la mayor compañía argentina, expropiada en 2012 a la española Repsol], con gestión profesional y cotización en Bolsa. Vicentin ocupa un 12% del mercado y puede servir como testigo o piloto en el sector de los granos, y también en lo que se refiere al dólar. Lo esencial, en cualquier caso, es el rescate. Había que salvar una compañía en crisis cuya caída podía implicar problemas muy graves.

P. Si la recesión causada por la pandemia dejara otras grandes empresas en la misma situación, ¿habría nuevas nacionalizaciones?

R. Esto ha sido excepcional. La nuestra no es una posición dogmática, eso debe quedar claro. Ni somos estatistas, ni consideramos positivo que el Estado controle muchas empresas, ni creemos en las expropiaciones. Tampoco somos dogmáticos en el sentido inverso: ¿por qué el Estado no debería intervenir jamás? En el caso de Vicentin valoramos distintas opciones, esperamos un tiempo más que prudencial a que apareciera una solución de mercado que no apareció y adoptamos una medida que, en nuestra opinión, permitirá que todos salgan ganando. Sabemos, en cualquier caso, que el motor productivo del país tiene que ver con la inversión privada. El objetivo de este Gobierno, que empezó hace solo seis meses y se ha encontrado con algo tan terrible como la pandemia, es generar un desarrollo que promueva la inversión privada.

P. Cuando el presidente Alberto Fernández y usted mismo anunciaron la intervención, el lunes, reconocieron que serían acusados de desarrollar una política de tipo venezolano. Sabían que se enfrentaban a una tormenta política.

R. Ya estamos acostumbrados a eso, lamentablemente. Lo de comparar Argentina con Venezuela solo puede hacerse desde el desconocimiento o desde la mala fe. No tenemos nada que ver con Venezuela, por muchas razones. Nosotros creemos en el papel orientador del Estado, pero no queremos que reemplace al sector privado.

P. ¿Renovará esta expropiación viejos rencores entre el peronismo y la gran industria agroalimentaria?

R. En 2008 hubo un conflicto puntual sobre las retenciones móviles, un conflicto importante que, sin embargo, terminó cerrándose. Han pasado 12 años. El presidente ha dicho muchas veces que todo eso es historia. No sentimos ninguna animadversión, ni el presidente ni nadie en el gabinete, hacia el sector agropecuario. Consideramos que la industria agroalimentaria es un sector fundamental para el desarrollo del país y un gran proveedor de divisas. Lo que queremos es que el sector crezca más y genere más valor. La industria cárnica, por ejemplo, tiene enormes posibilidades de crecimiento. Argentina exporta demasiada materia prima sin procesar; si logramos avanzar en un plan de inversiones que estamos diseñando vamos a poder generar nuevas empresas cárnicas en todo el país, lo que crearía empleo y reduciría costes de transporte en un país grande y logísticamente complejo. No, no somos enemigos. Vemos al campo argentino como a un aliado, aunque haya algunas tensiones.

P. ¿Afectará esta nacionalización las negociaciones para la reestructuración de la deuda soberana?

R. Entendemos que no. Ese asunto lo lleva el Ministerio de Economía. Ha de quedar claro que no tenemos ningún plan político de expropiaciones ni de intervención sobre la empresa privada. Lo de Vicentin no debe extrapolarse a otros sectores ni a otros asuntos.

P. Los exportadores, muy en especial la industria agraria, se quejan continuamente por los controles cambiarios, el famoso “cepo”, y por la creciente diferencia entre la cotización oficial del peso y la cotización real, mucho más baja. Exportan al cambio oficial e importan al cambio real, lo que implica perjuicios.

R. Estamos en un momento de gran incertidumbre, como consecuencia de la crisis mundial por la pandemia y del proceso de reestructuración de la deuda argentina. Esa incertidumbre se refleja en los mercados de cambio. Por otro lado, heredamos una situación muy complicada. En agosto del año pasado el Gobierno anterior validó una gran devaluación, con salida masiva de capitales, e impuso restricciones cambiarias. Nosotros llegamos con la situación ya creada. Queremos ir flexibilizando y reduciendo restricciones cambiarias. La realidad, sin embargo, es que en el actual contexto no se dan todavía las condiciones para alcanzar ese objetivo. Eso se logrará cuando generemos más dólares, cuando aumentemos las exportaciones y alcancemos una cierta estabilidad financiera.