Varias entidades ambientales lanzan una ofensiva judicial contra las políticas del Gobierno de Bolsonaro

El Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado este viernes, estuvo marcado en Brasil por una ofensiva jurídica emprendida contra las políticas ambientales del Gobierno de Jair Bolsonaro. La Asociación Brasileña de los Miembros del Ministerio Público de Medio Ambiente (Abrampa), varios partidos políticos y un grupo de organizaciones no gubernamentales han presentado tres acciones ante el Tribunal Supremo Federal y la Justicia Federal cuestionando las actitudes y omisiones del Ministerio de Medio Ambiente. La cartera está a cargo de Ricardo Salles, quien hace unos días provocó indignación al afirmar en una reunión de ministros que la pandemia de coronavirus era una “oportunidad” para flexibilizar leyes medioambientales.

La ofensiva jurídica de las entidades ambientales se basó en documentos recopilados por el Observatório do Clima, una red compuesta por 50 organizaciones de la sociedad civil, y pide la anulación de una norma que autorizaría, en la práctica, la exportación de madera extraída de los bosques brasileños sin ningún tipo de inspección. En otro frente, acusan al Gobierno de omisión y reivindican que se retomen los fondos que ayudan a preservar el medio ambiente, como el Fondo Amazonia y el Fondo Clima.

Según las entidades, el Gobierno “sirvió a los madereros” y dejó de aplicar la ley en la exportación de madera, además de poner a la selva amazónica y al clima global en riesgo al congelar el Fondo Amazonia y el Fondo Nacional sobre Cambio Climático. “La sociedad civil va a hacer su parte para garantizar la protección ambiental. Esperamos que el Poder Judicial también haga la suya e impida que Salles aproveche la situación para aprobar medidas contra el medio ambiente”, afirma Maurício Guetta, consultor jurídico del Instituto Socioambiental.

“Estos procesos son respuestas a los planes de destrucción ambiental que el ministro reveló en la reunión de ministros. Acudimos a la Justicia para que los planes del Gobierno no se concreten. Estas solo son las primeras acciones, porque el Gobierno es una fábrica de producir situaciones perjudiciales para el área ambiental e ilegalidades”, afirmó Márcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatório do Clima, en rueda de prensa.

Exportación de la madera

El primero de los escritos presentados este viernes es una acción civil pública (demanda por intereses colectivos y difusos) contra el Gobierno y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y exige la anulación de la resolución dictada por el presidente del instituto, Eduardo Bim, que prevé la inspección de maderas nativas tras la exportación (a posteriori). Es decir, en la práctica, podrían comercializarse incluso sin inspección previa. De acuerdo con las entidades, el documento se firmó 20 días después de que la Asociación de Exportadores de Madera del Estado de Pará (Aimex) solicitara el fin de las inspecciones, alegando que eran “complicadas” y “obsoletas”. En su momento, el área técnica del IBAMA emitió un dictamen contrario a dicha comercialización. Bim, no obstante, desconsideró el documento y el principal autor del informe fue despedido.

El segundo y tercer escrito son recursos de inconstitucionalidad por omisión del Gobierno, que exigen la recuperación de los Fondos Amazonia y Clima. Estas acciones han sido interpuestas por partidos políticos. Salles disolvió los dos comités del Fondo Amazonia en 2019, alegando que los contratos de las ONG tenían "indicios de irregularidades” y que el descenso de la deforestación —objetivo general del Fondo hace una década— era un resultado “interpretativo” en los análisis presentados en los informes. Sus intentos de recrear los comités controlando su composición fueron rechazados por Noruega y Alemania, los países que más recursos aportan. En un intento de reactivar las donaciones de los dos países europeos, el vicepresidente brasileño, Hamilton Mourão, creó un comité sin el ministro Salles.

De acuerdo con las entidades, en el Fondo Amazonia hay 1.500 millones de reales (unos 300 millones de dólares) parados desde enero del año pasado, una cuantía que podría estar empleándose en el combate a la deforestación. La tasa de destrucción de los bosques crece desde mayo del año pasado. “Con eso, el Gobierno Federal, que siempre utiliza la falta de dinero para justificar su inacción en la política ambiental y en las acciones orientadas a la cuestión climática, deja de usar los recursos”, señala el grupo en un comunicado. Sobre el Fondo Clima, establecido en 2009, también había una dotación disponible que no se asignó, según las entidades que intervienen en las acciones judiciales. En 2019, había una autorización presupuestaria para la aplicación de 8,050 millones de reales (1,62 millones de dólares) no reembolsables en el fomento a estudios, proyectos y emprendimientos. No obstante, al cierre del año, se destinaron poco más de 718.000 reales (155.000 dólares), según las entidades. En cuanto a los recursos reembolsables, administrados por el BNDES, el Banco de Fomento brasileño, había más de 500 millones de reales (100 millones de dólares) disponibles pero solo se asignaron cerca de 348.000 (70.000 dólares).

“Es un dinero parado que tenía que estar invertido en el combate a la deforestación. Tenemos una meta de deforestación ilegal cero de aquí a 2030”, afirmó el diputado federal Rodrigo Agostinho, del Partido Socialista Brasileño), en una rueda de prensa.

Hasta el momento de esta publicación, el Ministerio de Medio Ambiente no ha respondido a las preguntas formuladas por EL PAÍS referentes a los procesos interpuestos por las entidades. En Twitter, el presidente Bolsonaro también recordó el Día del Medio Ambiente, afirmando que Brasil es el país “que más preserva el medio ambiente en el mundo. Injustamente, el más atacado”, escribió.