El tribunal de paz de Colombia investigará 47 denuncias de violencia sexual en el conflicto armado

Mujeres del caribe entregaron al tribunal de paz sus testimonios sobre violaciones sufridas por parte de las extintas FARC y del Ejército

Imagen de los magistrados de la JEP llegando a una audiencia hecha en 2019.
Imagen de los magistrados de la JEP llegando a una audiencia hecha en 2019.JUAN BARRETO / AFP

“Hoy quiero que se haga justicia por lo que me hicieron el Ejército en los Montes de María. Yo soy una de esas mujeres de las que ellos violaron. Señores de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) quiero que hagan justicia y ellos paguen por lo que hicieron”. Este es uno de los 39 testimonios de mujeres que acaban de llegar al tribunal de paz, surgido de los acuerdos entre el gobierno colombiano y la extinta guerrillas de las FARC, y que revelan una faceta casi siempre relegada y oculta de los crímenes cometidos por distintos actores durante el conflicto armado en Colombia.

Provienen de nueve municipios de Los Montes de María, una región del caribe colombiano, azotada por cruentas masacres tanto de los paramilitares, como de la guerrilla y de ataques de la Fuerza Pública, como revelan los relatos de las mujeres que se atrevieron a denunciarlos con detalles aunque pidieron anonimato por preservar su seguridad. Son en total 47 hechos- porque muchas fueron atacadas varias veces- los que se relataron ante los magistrados de la JEP de forma virtual el viernes pasado. Un ejercicio que es apenas el primer paso para que el tribunal investigue, contraste y llame a los involucrados que mencionan las mujeres.

El informe fue documentado durante varios años por la Corporación Humanas y Colectivo de Abogadas Helenita González, que hacen acompañamiento sicológico y social a las mujeres de esta región. En total han recopilado 150 testimonios de abusos sexuales, pero 39 de ellos guardan relación con las FARC y con el Ejército y la Policía de Colombia, que son el objeto de investigación de la Jurisdicción de Paz. Los grupos paramilitares, a quienes se atribuyen el resto de las violaciones, tuvieron otro proceso de paz y sus casos fueron llevados en otros tribunales. Lo que indica que en esta región del país, el cuerpo de las mujeres fue atacado por todos los actores armados incluido el del Estado.

“El rango de tiempo en el que ocurrieron estos casos va desde 1983 hasta el 2014. Pero hay unas fechas importantes en las que se centran los delitos de las FARC y los de la fuerza Pública”, explica a EL PAÍS, Adriana Benjumea, de la Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género. Se refiere a que el mayor número de víctimas ocurrió entre 1998 y 2002, tiempo en el que se libró una guerra por el territorio y fueron años en los que se considera que la guerrilla salió derrotada de Los Montes de María. Para el caso de los delitos de la Fuerza Pública- explica Benjumea-, el rango de tiempo es entre 2002 y 2009. “Es un rango en el que se recuerda el modelo de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe. Cuando llegan muchos militares y policías a Los Montes de Maria con el tema de la seguridad y recuperación del territorio”, afirma.

El informe recibido por la JEP revela tres contextos diferentes de la violencia sexual padecida por estas mujeres: el de control territorial, durante el reclutamiento en las filas de la guerrilla y en un contexto de ataque. A partir de estos se identificaron 6 patrones de los grupos armados. “El primero fue el uso de la violencia sexual para castigar a las mujeres de las que ellos decían que tenían alguna relación con actores. Este fue el más utilizado por la Fuerza Pública. El segundo patrón fue el de regulación de la sexualidad, según el grupo que controlaba decidían con quién podían tener relaciones las mujeres. Ese lo aplicaron todos los grupos”, explica la abogada de Corporación Humanas. Pero hubo más. Otro de los patrones fue el uso de las violaciones a las mujeres para “mantener contenta a la tropa, algo que ocurrió fundamentalmente en los grupos guerrilleros. El patrón de desplazamiento forzado; y uno que encontramos de manera muy cruenta en las filas de la FARC que era el de reportar la jerarquía, este muestra cómo el cuerpo de una mujer estaba a disposición estaba al servicio de todo un frente guerrillero pasando desde el comandante hasta el último de la fila”.

Las extintas FARC han intentado desligarse de su responsabilidad en los crímenes de violencia sexual e incluso la realización de abortos forzados. Sin embargo, un reciente fallo judicial de la Corte Constitucional colombiana reconoció los derechos de mujeres excombatientes de esa guerrilla y sentó un precedente. El tribunal constitucional amparó los derechos de una joven que fue reclutada a los 14 años y después de sucesivos abusos y un embarazo, fue obligada a abortar.

Por su parte, el Ejército ha estado en la mira por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales o asesinatos de civiles para presentarlos como guerrilleros, pero ahora tendrá que esclarecerse también su participación en casos de violencia sexual como los que denuncia el informe entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz.

La magistrada Catalina Díaz, presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, ha dicho que los crímenes de violencia sexual han sido una preocupación constante para el tribunal. “Por esta razón su investigación se ha integrado desde la primera etapa de priorización en cuatro de los siete casos que hasta el momento se han abierto", dijo. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos piden que así como existe un caso sobre secuestro y otro sobre ejecuciones extrajudiciales, se abra uno sobre violencia sexual que reúna la situación que vivieron las mujeres en todo el país. En la audiencia se escucharon voces como la de otra mujer que advirtió la importancia del informe. “Hemos callado por muchos años. Hoy les entregamos nuestras verdades y confiamos que se haga justicia para las mujeres”.

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