El inspector general despedido por Trump investigaba la venta de armas a Arabia Saudí

El viernes Donald Trump despidió al inspector general del Departamento de Estado. Lo hizo siguiendo la recomendación del secretario de Estado, Mike Pompeo. Los inspectores generales, una figura introducida tras el escándalo del Watergate para tratar de controlar los excesos del Ejecutivo, se encargan de vigilar posibles fraudes, abusos y despilfarros en los Departamentos a los que están asignados. La oficina de Steve Linick, el inspector despedido el viernes, tenía cientos de empleados dedicados a esa labor. Y esta semana se han conocido al menos dos de los asuntos en los que estaban trabajando: por un lado, estaban investigando si la Administración había declarado fraudulentamente una emergencia el año pasado para sortear la prohibición del Congreso de vender de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes para su guerra en Yemen; por otro lado, el potencial mal uso de un empleado político a quien Pompeo supuestamente pedía recados personales para él y su esposa.

Pompeo reconoció en The Washington Post que recomendó al presidente despedir a Linick porque no realizaba una función que fuera “constructiva para el Departamento de Estado”. Pero defiende que el despido no puede ser una represalia porque asegura que no está al corriente de las investigaciones que realiza la oficina del inspector general hasta que se presentan los resultados. Existía cierto malestar en el Departamento, según declaró un asistente de Pompeo en el mismo diario, con la filtración a la prensa de del contenido de algunas investigaciones en marcha. Linick gozaba de una buena reputación de investigador concienzudo entre buena parte del personal diplomático, pero entre el círculo más próximo al secretario de Estado sus investigaciones despertaban suspicacias.

La oficina del inspector general lleva a cabo numerosas investigaciones de manera simultánea. El presidente Trump, en su comunicación al Congreso, no ha detallado los motivos específicos del despido, como le exige la normativa. En el pasado, Trump ha despedido a otros inspectores generales por no considerarlos suficientemente leales.

La investigación sobre la venta de armas, según The New York Times, estaba a punto de cerrarse. “No tenemos el cuadro completo todavía, pero es preocupante que el secretario Pompeo quisiera que Linick se fuera antes de que este trabajo se completara”, ha dicho en Twitter el demócrata Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso, que ha anunciado la apertura de una investigación sobre el despido de Linick.

El Congreso aprobó en 2017 la suspensión de la citada venta de armas después de que se descubrieran fragmentos de proyectiles procedentes de la empresa estadounidense Raytheon en bombardeos saudíes contra la población civil en Yemen. Trump y Pompeo presionaron para levantar la suspensión, argumentando la importancia de las ventas para el empleo en Estado Unidos. El asesinato en Turquía del columnista de The Washington Post y residente en Estado Unidos Jamal Khashoggi, y el supuesto papel de las autoridades saudíes en el mismo, reforzó la causa de la terminación de la ayuda militar a Riad. Pero hace ahora un año, Pompeo rompió el bloqueo a través de una declaración de emergencia por las actividades de Irán en Oriente Próximo, que permitía sortear la prohibición del Congreso y reanudar la venta de armas a Arabia Saudí, gran rival de Irán en la región.

Respecto a la otra investigación, se trata de un potencial caso de mal uso de los recursos del Gobierno por parte de Pompeo, al pedir a un asistente político recados personales para él y su esposa. Las tareas, según informa The Wall Street Journal, incluían recoger la ropa de la tintorería y sacar a pasear al perro de la familia.

La controversia sobre el despido de una figura cuyo cometido es controlar los excesos del Ejecutivo, y que responde tanto ante el presidente como ante el Congreso, ha provocado malestar en el Capitolio, y no solo entre las filas demócratas. Varios senadores han pedido explicaciones a Trump por carta, alguna de ellas firmada por legisladores de ambos partidos. El republicano Charles Grassley, presidente del comité de Finanzas del Senado, comunicó a Trump que su explicación del despido era insuficiente para cumplir las exigencias de la ley de los inspectores generales, que exige “notificación y explicación al Congreso 30 día antes del despido”. “Por favor proporcione un razonamiento detallado del despido del inspector general Linick no más tarde que el 1 de junio”, escribió en una misiva dirigida a Trump este lunes.

Existe cierta controversia respecto a los plazos del despido de Linick. En la carta en que lo comunicó al Congreso el viernes, el presidente Trump decía que el despido se haría efectivo en 30 días, de manera que el inspector general pudiera tener tiempo para terminar las investigaciones en curso. Pero Linick ha asegurado que se le ha prohibido regresar al Departamento de Estado incluso a recoger sus pertenencias, según un funcionario anónimo citado por el Post.