La represión de una protesta contra la cuarentena aumenta la tensión en Bolivia

Por primera vez desde el inicio de la cuarentena en Bolivia, las fuerzas policiales recurrieron a gases lacrimógenos para reprimir un bloqueo de calles en la populosa Zona Sur de la ciudad de Cochabamba. El lunes por la noche se produjo un enfrentamiento de varias horas entre policías y vecinos que protestaban contra la postergación de la "cuarentena estricta” hasta el 31 de mayo. Al día siguiente, los manifestantes volvieron a las calles porque “no tienen qué comer”, sus reservas de dinero y alimentos se agotaron y muchos no han recibido ayudas gubernamentales.

Arturo Murillo, ministro de Gobierno encargado de la política de seguridad y hombre fuerte del gabinete interino de Jeanine Añez, escribió una carta al expresidente Evo Morales para acusarlo de estar detrás del “llamado a crear violencia política en Bolivia”. La carta también dice que para Morales y para el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) a las elecciones suspendidas por la crisis, Luis Arce, “las prioridades no son la salud ni la economía de las familias”, sino “recuperar el poder y defender el negocio de la coca en el Chapare". El ministro les escribe que tendrán que esperar a que acabe la lucha contra la pandemia y haya elecciones. Murillo pretende hacer llegar esta carta a Morales a través de Arce. En el MAS se calificó su iniciativa como un “show” para distraer la atención pública de los problemas sociales y como “la continuación de la política gubernamental de criminalización” de este partido y de la protesta popular.

El 7 de mayo, el Gobierno aprobó un decreto que advierte que las personas que inciten el incumplimiento de la cuarentena “o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento, que ponga en riesgo o afecte a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”. Por este decreto, Evo Morales podría ser incluido en otro proceso judicial por incitar al incumplimiento de la cuarentena, además de los varios que ya tiene por otros delitos.

Los otros efectos del decreto fueron denunciados y rechazados por las asociaciones de prensa del país: “Establece una severa restricción inconstitucional, al penalizar el derecho humano y fundamental a la libertad de expresión”, declararon estas en un comunicado. Organismos internacionales como Human Rights Watch ya habían advertido previamente sobre la posibilidad de que el control del comportamiento de la población, necesario para evitar la extensión de la pandemia, condujera a abusos gubernamentales contra la libertad de pensamiento y de expresión. Varios columnistas escribieron en contra de la norma, que, curiosamente, se hizo conocer durante la celebración del día boliviano del periodista. Se objeta los criterios que las autoridades usarán para definir qué información tiene la posibilidad de poner “en riesgo la salud pública, generando incertidumbre en la población”. En respuesta, el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, aseguró que los periodistas “nada tienen que temer”, pues el decreto se usará en contra de los políticos que busquen generar caos.

Los voceros del MAS no reconocen la autoría de las movilizaciones de Cochabamba, y otras previas en la ciudad de El Alto, pero dicen que tampoco puede detener a gente desesperada que recurre a sus tradicionales forma de lucha, a pesar de que la pandemia las han vuelto desaconsejables. El Gobierno había prometido descomprimir las restricciones de movilidad y trabajo a partir del 11 de mayo, pero el Ministerio de Salud lo impidió al calificar a todas las ciudades del país como zonas de “alto riesgo” epidemiológico. Esta contradicción ha creado una situación confusa en la que, mientras las autoridades insisten en mantener el confinamiento total, en las calles hay un creciente movimiento de personas y automóviles. Algunos la han llamado “cuarentena a la boliviana”.

Mientras tanto, la cifra de contagiados sigue acelerándose en Santa Cruz y Beni, dos regiones orientales y cálidas del país. En La Paz, en cambio, el aumento de casos es relativamente lento, pero muchos creen que esto se debe a la falta de pruebas, que no están disponibles ni siquiera para el personal médico. “Sin pruebas no podemos flexibilizar la cuarentena”, afirmó, por otra parte, Adrián Oliva, gobernador de Tarija, una región que tampoco tiene muchos casos. En el país se han registrado oficialmente más de 2.500 casos y casi 120 muertes.

En este contexto, la crítica social y política al gobierno ha aumentado. El expresidente y candidato Carlos Mesa afirmó que las autoridades están siendo “rebasadas por los acontecimientos”. El MAS organizó el pasado domingo un segundo “petardazo”, una forma de protesta que consiste en encender petardos (cohetes) a una hora previamente convenida. El primer “petardazo”, una semana antes, solo había tenido éxito en las zonas urbanas pobres; el segundo, tuvo resonancia también en algunos barrios de clase media, aunque, al mismo tiempo, los seguidores de Áñez y de Mesa gritaron desde las ventanas consignas contra el MAS. En las encuestas digitales que se han conocido hasta ahora, la mayoría de la población aprueba el manejo de la crisis por parte de la presidenta Áñez.

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