Un motín por el temor ante el coronavirus en una cárcel de Lima deja al menos nueve muertos

A media tarde del lunes, un grupo de familiares de presos del penal Castro Castro de Lima se acercaron al exterior del centro para denunciar la desprotección ante la pandemia en que viven los reclusos. “No nos dejan entregar medicamentos, hay muertos por covid-19 que no recogen”, gritaba una mujer, mientras mostraba unos blísters de pastillas dentro de una bolsa de papel. Desde el mediodía, los presos protestaban, habían subido a lo alto de los pabellones para mostrar, con carteles y lemas, su desesperación frente al contagio.

Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) prendieron fuego a colchones y cometieron vandalismo. “La policía ha lanzado bombas lacrimógenas y están disparando, no son solo perdigones”, contaban los familiares. La mañana del lunes, la autoridad penitenciaria informó que el saldo de la represión de la protesta fue de nueve presos fallecidos y dos heridos, también han resultado lesionados 60 trabajadores penitenciarios y cinco policías. Desde el 22 de marzo, cuando ocurrió la primera protesta en una prisión por la amenaza de propagación de la enfermedad, 13 reclusos han muerto a manos de la actuación policial contra este mismo tipo de protestas. Otros 15 han fallecido por la covid-19 y el INPE calcula más de 600 presos contagiados.

La prisión Castro Castro alberga 5.500 personas pese a que su capacidad es de menos de 2.000, informó a EL PAÍS Ana Paula Méndez, de la Asociación Red Ayni Perú, que realiza trabajo educativo con los reclusos. “No les han hecho pruebas rápidas de diagnóstico, hace semanas reclaman atención, se han estado conteniendo de protestar y han hecho una huelga pacífica. No tienen mascarillas, estamos buscando donaciones para entregarles”, comentó Méndez el lunes mientras la policía sofocaba la protesta en el reclusorio del este de Lima. Poco después, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Gerson Villar, confirmó a EL PAÍS, que desde el domingo había dos presos fallecidos y que hubo demora en retirar uno con sospecha de la covid-19.

“El recojo a pesar de nuestras gestiones (ante los funcionarios de salud) no es inmediato”, explicó. Dicho cuerpo fue retirado a las 15.00 horas del lunes, añadió el funcionario.V illar informó que en el penal Castro Castro realizaron pruebas rápidas a 145 trabajadores y uno resultó positivo, y no hubo diagnósticos a los reos. "Hemos hecho una marcha pacífica, pero el INPE ha comenzado a tirar bombas lacrimógenas, esto se ha descontrolado en un pabellón. En el mío, se mantiene la huelga pacífica contra nuestros carteles, estamos mostrándolos desde el patio hasta el cerro para que la gente pueda grabar nuestra petición”, decía un recluso en un audio que circuló por WhatsApp la tarde del lunes.

“No estamos pidiendo libertad, sino poder seguir con nuestra vida, porque hay mucha cantidad de sintomáticos. La gente se está muriendo y lo único que hacen es ponerlos en un espacio y se les pueda botar. No nos han tomado una prueba y todo lo que hemos conseguido de medicinas lo hemos conseguido de afuera. El tópico está desabastecido y no tenemos nada para combatir el coronavirus”, describía el preso.

Crisis previsible

El adjunto de derechos constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, propuso la mañana del martes en una radioemisora la conformación de un “comando covid-19” para las prisiones. Cada una de las 25 regiones en Perú tiene un grupo de tarea para combatir la enfermedad, llamado con el mismo nombre que el de un equipo de alto nivel que asesora al ministro de Salud y complementa sus tareas. “Esto era previsible, que la crisis de la covid-19 iba a impactar fuertemente en el sistema penitenciario por su sistema de salud absolutamente debilitado y el hacinamiento que supera el 144%. Las medidas debieron llegar con mayor prontitud y con mayor fuerza para evitar el cuadro que hoy tenemos. En muchos años el sistema penitenciario no había perdido tantas vidas en un motín, ni tantas pérdidas por enfermedades. Esto va a generar (al Estado) responsabilidad internacional a futuro”, advirtió Castillo.

El lunes, adicionalmente, hubo, además, motines en las prisiones de Ancón (Lima), Huancayo (Junín), y Chiclayo (Lambayeque) debido a la falta de protección de la salud de los reclusos en la pandemia. El INPE confirmó además, que dos trabajadores penitenciarios, de Ancón y Trujillo han fallecido por la enfermedad. Hasta la madrugada del lunes, el Ministerio de Salud reportó que son 28.699 las personas infectadas en el país sudamericano y en 42 días de emergencia han fallecido 728 personas. Este martes, el medio digital IDL-Reporteros reveló un subregistro oficial de un tercio de muertos por la covid-19 hasta el 24 de abril. Contrastaron las cifras del principal crematorio de Lima y de una funeraria, que sumaban 1.073 decesos por el virus, con las del Ministerio de Salud, que había contabilizó 240 decesos hasta esa fecha.

El ministro Zamora, en una comparecencia virtual ante el Congreso, reconoció la “posibilidad de un subregistro”, pero negó que haya una intención de negar información. En la prisión de Ancón II, donde hay protestas desde la semana pasada, uno de los reclusos infectados es Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, confirmó este martes su esposa. Él cumple una condena por haber participado en el asalto a una comisaría en Andahuaylas, en 2005, que tuvo como saldo la muerte de cuatro policías.

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