El coronavirus añade un nuevo estigma a los deportados

Hace poco más de dos meses Blanca dejó su aldea natal en el departamento guatemalteco de Huehuetenango, en la frontera con México. Sus padres consideraron que a los 17 años ya tenía la edad suficiente para migrar al norte en busca del sueño americano, ese viaje que durante décadas ha permitido a muchas familias del occidente de Guatemala, como la suya, salir de la pobreza.

Blanca -el nombre real se ha omitido para preservar su seguridad- nunca llegó a Estados Unidos. En México la detuvieron en una estación migratoria y la deportaron a Guatemala. Esta semana llegó a Chiantla, en su departamento, donde tenía previsto pasar la cuarentena impuesta por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus, pero se encontró con el rechazo que desde hace semanas acompaña a los deportados por el temor de que, en su viaje, los migrantes hayan contraído la enfermedad.

“Sus padres viven en una aldea lejana y de las más pobres que tenemos en Guatemala, en Buenavista, San Isidro, y las autoridades comunitarias no la quieren recibir. Aquí tiene unos familiares, pero tampoco quisieron recibirla por temor a que vaya a contagiarles porque tienen a algunos adultos mayores en casa”, explica Daniel Mérida, fundador de una asociación juvenil en Chiantla y quien acogió a la joven.

“Ella está aislada del resto de nuestra familia, pero nosotros la hemos platicado para motivarla que ella no tiene la enfermedad, que es solo por prevención”, matiza en conversación telefónica. Pese a que Blanca no tiene ningún síntoma del coronavirus, en Guatemala, el estigma en contra de los deportados como ella crece al mismo ritmo que el número de deportados que dan positivo por la covid-19. En la última semana, se han registrado protestas en al menos dos departamentos (Quetzaltenango y Huehuetenango) en contra de centros donde el gobierno lleva a los retornados de México y Estados Unidos.

A los migrantes que siguen llegando en autobús desde México, el Gobierno les hace chequeos médicos en los centros de retornados y, si no presentan síntomas de la enfermedad, les envían de regreso a sus comunidades para cumplir la cuarentena, algo que, a juicio del padre Mauro Verlezetti, director de la Casa del Migrante en Ciudad de Guatemala, crea “una situación muy compleja” en ese país.

Según los datos que el Gobierno de Alejandro Giammattei ofrece a cuentagotas, hasta el viernes, en torno al 20% de los 384 positivos de la covid-19 en Guatemala eran deportados, la mayoría procedentes de vuelos de EE UU, el país en el epicentro de la pandemia mundial y al que el ministro de salud guatemalteco, Hugo Monroy, llegó a referirse como el “Wuhan de América”.

El temor de su Gobierno es que los migrantes retornados desborden la capacidad de un débil sistema sanitario que, hasta principios de este mes, contaba con poco más de 100 respiradores para sus 16 millones de habitantes. Por eso, la semana pasada Giammattei anunció que suspendería los vuelos de deportados hasta que EE UU les asegure que quienes llegan lo hacen “con un certificado que demuestre que están libres de coronavirus”.

“No existe una solidaridad ni del Gobierno estadounidense ni del mexicano para entender a las personas en este momento de emergencia”, lamenta por teléfono Verlezetti. “Lo que les importa es sacarlos del país y expulsarlos y aquí es evidente que existen grandes esfuerzos por el Gobierno de Guatemala, pero es un Estado pequeño y débil que no logra dar una respuesta como debería a los retornados”, añade.

Mientras tanto, en las comunidades de los migrantes activistas como Daniel Mérida tratan de entender la nueva realidad generada por el coronavirus que de la noche a la mañana ha cambiado el estatus que los migrantes han tenido durante décadas.

“Siempre al que migraba de EE UU se le miraba con un estatus diferente, como alguien que regresaba con dinero y que podía tener una buena casa, un buen vehículo y tener dinero y era muy respetado cuando venía, pero hoy en día es totalmente diferente”, reflexiona. “Se va a EE UU y no cumple sus sueños y luego regresa acá y se encuentra con una realidad muy diferente, con un mundo que lo vuelve a rechazar, lo vuelve a despreciar. Es una situación que no estaba en mi imaginario”.

Aunque el estigma en contra de los deportados por el momento no es tan patente en otros países, el miedo a que los casos de coronavirus importados de Estados Unidos se reproduzcan y desborden sistemas de salud más débiles se está viendo en otros países del continente como Haití. Al país más pobre del continente, que cuenta con apenas 100 respiradores para sus 11 millones de habitantes, han llegado al menos tres migrantes deportados de EE UU que dieron positivo de la covid-19.

En México, el gobierno de Tamaulipas confirmó esta semana que 16 migrantes están contagiados de coronavirus, cerca del 10% de los positivos registrados en ese Estado fronterizo. Entre ellos están los 14 casos reportados en un albergue de Nuevo Laredo, un brote vinculado a un deportado de Houston (Texas) que llegó a ese centro sin saber que era portador de la enfermedad.

“El problema es que los casos asintomáticos son muy complejos de detectar”, asegura Ricardo Calderón Macías, responsable del Instituto tamaulipeco para los migrantes en la ciudad de Reynosa. Según explica, ese organismo ha puesto carpas en los cruces fronterizos donde toman la temperatura y hacen un cuestionario a todos los deportados para tratar de identificar si han estado expuestos al coronavirus, una práctica extendida en toda la frontera.

Las agencias de migración de EE UU aseguran que someten a los deportados a chequeos médicos antes de que aborden los vuelos o autobuses de regreso a sus países, pero esta semana el equipo de Calderón Macías atendió a un migrante que presentaba síntomas notorios de la enfermedad: 40 grados de fiebre, tos seca y ojos enrojecidos.

El enfermo, que fue trasladado a un hospital donde dio positivo por la covid-19, era un deportado originario de Michoacán que dijo haber compartido celda en un centro de detención en Atlanta (Georgia) con un migrante contagiado. Varios guardias de esa cárcel migratoria también dieron positivo en la prueba de la covid-19.

Precisamente los centros de detención donde están retenidos unos 32.000 migrantes están en el centro de la polémica en EE UU en medio de la pandemia de coronavirus. Diversas organizaciones han exigido al Gobierno de Donald Trump liberar a los detenidos de esas cárceles, donde más de 200 personas han dado positivo a la prueba de coronavirus y donde los reclusos viven hacinados y sin los insumos necesarios para cumplir las medidas de higiene que eviten la propagación de la enfermedad.

“Más que deportarlos a países donde su salud podría estar en riesgo y amenazan con contagiar a miles más, deberían ser liberados para pasar la cuarentena al cuidado de familiares y amigos” en EE UU, escribió una coalición de 164 organizaciones de derechos humanos en una carta en la que pedían al Gobierno de Donald Trump frenar las “crueles” deportaciones a Haití.

Pero en un año electoral no parece probable que Trump vaya a acceder a frenar las deportaciones. De hecho, pese a estar al frente del país con más casos positivos y muertes por coronavirus del mundo, el presidente sigue vendiendo en sus largas intervenciones diarias ante la prensa que las amenazas surgidas en esta crisis sanitaria vienen de fuera.

Lo hizo esta semana al suspender algunos trámites migratorios y calificar a los migrantes como un “riesgo para el mercado laboral de EE UU” y lo hizo también el pasado 20 de marzo cuando decidió cerrar su sistema de asilo y dejó de procesar nuevos casos en la frontera sur para evitar la propagación del coronavirus.

Eso ha provocado que cualquier inmigrante que toca suelo estadounidense regrese casi de manera inmediata a México. Según ha confirmado a este diario un portavoz de la Patrulla Fronteriza de EE UU en un correo electrónico, entre el 21 de marzo y el 16 de abril esa agencia regresó a México a 14. 000 personas.

Esos migrantes están generando una presión adicional a los gobiernos de los Estados fronterizos mexicanos y a las organizaciones que se encargan de acogerlos y muchos albergues han decidido cerrar sus puertas a los que llegan para evitar nuevos brotes como el de Nuevo Laredo.

Por el momento, la respuesta del Gobierno mexicano es ofrecer transporte a los migrantes para regresar a sus lugares de origen o a la frontera sur en el caso de los centroamericanos que se cansen para esperar su turno para pedir asilo. Ahora, junto al pesar de no haber conseguido su objetivo de llegar a EE UU, a los retornados les acompaña el temor de contagiarse de un virus invisible y la posibilidad de ser rechazados en sus propias comunidades.