Bolsonaro da alas al golpismo en un acto contra la cuarentena

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se presentó de improviso este domingo en Brasilia en un acto convocado para protestar contra la cuarentena en el que se hicieron abiertos llamamientos a una intervención militar. “Nosotros no queremos negociar nada. Queremos acción por Brasil”, arengó el mandatario desde una camioneta a la multitud reunida frente a la sede del Ejército cuando Brasil suma 38.654 casos de coronavirus y 2.462 muertes confirmadas. El discurso de Bolsonaro, punteado por la tos, fue condenado por el presidente de la Cámara de los Diputados, jueces del Tribunal Supremo y dos tercios de los gobernadores. Mientras los ministros militares mantenían silencio en público, algunos de ellos y otros altos mandos de las Fuerzas Armadas expresaban su incomodidad desde el anonimato.

Los guiños del presidente a los llamamientos autoritarios de sus seguidores más ultras son constantes mientras refuerza su estrategia de señalar enemigos para mantener la cohesión de su base electoral. En las últimas semanas ha trasladado la batalla política a la crisis del coronavirus mientras insiste en comportamientos que incumplen las normas más esenciales para evitar los contagios de covid-19. Además del acto en Brasilia con peticiones de clausurar el Congreso, sus seguidores protagonizaron en varias ciudades caravanas de protesta contra las medidas de aislamiento recomendadas por el Ministerio de Salud. Este lunes Bolsonaro ha dicho que espera que sea la última semana con medidas de aislamiento social.

Bolsonaro es un capitán que entró muy joven al ejército en plena dictadura (1964-1985) y que fue invitado a abandonarlo tras insubordinarse para reclamar una subida salarial. Fue entonces cuando arrancó una carrera como diputado que duró casi tres décadas.

La crisis del coronavirus ha dejado al presidente políticamente aislado frente al amplio consenso alcanzado por prácticamente todos los gobernadores, que aunque son de distintos signos políticos implantaron cuarentenas en sus respectivos Estados y las mantienen pese a la presión. Es en ese contexto en el que el mandatario les ha sumado a una nómina de enemigos en la que destaca junto a la izquierda el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, al que culpa de entorpecer su gestión y acusó la semana pasada de estar urdiendo un plan para derrocarlo. Maia tuiteó el domingo por la noche su “repudio a cualquier acto que defienda la dictadura, atentando contra la Constitución” y recordó que, a diferencia de lo que sucede en Brasil, “el mundo entero está unido en la lucha contra el coronavirus”.

Un influyente alto mando militar en la reserva contactado por este diario interpreta la participación de Bolsonaro en el acto celebrado en el día del Ejército y ante su cuartel general como una clara demostración de que “intenta acorralar a las Fuerzas Armadas”, aunque sin éxito. La misma fuente dijo esperar que el comando militar emplee su credibilidad para aclarar el papel democrático de las fuerzas ante el estímulo del “fanatismo”. Uno de los generales del Gobierno ha garantizado a O Globo que “no hay la más mínima posibilidad de aventuras golpistas”, y generales ajenos al Ejecutivo consultados por otros medios brasileños califican la intervención de Bolsonaro de “provocación” y acto “innecesario” que pone en aprietos a las Fuerzas Armadas.

El mandatario de extrema derecha ha desplegado este lunes un doble discurso que no es nuevo. Si el domingo habló de democracia en el acto golpista, esta mañana ha declarado que “en lo que depende del presidente Bolsonaro, la libertad y la democracia están por encima de todo”. Tiene entre sus ministros a un puñado de generales retirados y uno en activo.

Institucionalmente, el Ejército viene haciendo pocas declaraciones públicas, aunque participe en operaciones contra la covid-19 como la desinfección de instalaciones, el reparto de alimentos o recopile información sobre la capacidad de los cementerios. El comandante del Ejército, el general Edson Leal Pujol, recalcó este domingo en su mensaje conmemorativo que la pandemia “es una de las mayores crisis que ha vivido Brasil los últimos tiempos”.

Políticos y expertos en derecho ven en la actuación del jefe del Estado, y de las Fuerzas Armadas, indicios de delitos que podrían costarle el cargo. “Da miedo ver manifestaciones que piden que vuelva el régimen militar, tras 30 años de democracia”, tuiteó un magistrado del Tribunal Supremo.

El presidente de la Cámara de Diputados es el encargado de rechazar o admitir las peticiones de impeachment para su posterior discusión parlamentaria. Por el momento, Maia no ha dado luz verde a abrir el debate sobre alguna de las decenas de peticiones de destitución presentadas.

Para Roberto Dias, especialista en derecho constitucional y profesor de la Fundación Getulio Vargas (FGV), la presencia del presidente en los actos puede configurar dos clases de “delito de responsabilidad”, previstos en el artículo 85 de la Constitución: atentar contra el “libre ejercicio del Poder Legislativo y del Poder Judicial” y contra “el ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales”.

La participación de Bolsonaro en las protestas contra la cuarentena culmina una semana marcada por la destitución del ministro de Salud, firme defensor del aislamiento social. Brasil cumple ya un mes bajo una cuarentena que ha reducido a la mitad la actividad en una megalópolis como São Paulo, con 20 millones de habitantes, debido al cierre del comercio, las escuelas, las iglesias y los centros comerciales. Los expertos apuntan, no obstante, que el parón debe llegar al 70% para ser eficaz.

Bolsonaro ha colocado como ministro de Salud al oncólogo y empresario Nelson Teich, un antiguo consultor de su campaña presidencial, que considera necesario un abordaje complementario de los asuntos sanitarios y económicos.

El presidente brasileño urge la reapertura de los negocios para paliar el impacto económico que ha destrozado los pronósticos de reactivación porque, insiste, la recesión puede matar en ese país más que el virus. Brasil ha empezado a pagar una renta básica de 600 reales (105 euros) a decenas de millones de personas que han perdido todos sus ingresos por la pandemia y carecen de ahorros para aliviar sus apremiantes necesidades.

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