Perú cierra sus prisiones hasta el 26 de abril ante la pandemia del Covid-19

Tras la muerte de un detenido en la prisión Sarita Colonia del Callao, junto a Lima, que dio positivo al coronavirus, la detección de otros cuatro infectados, y la realización de más de 100 pruebas rápidas a internos de ese centro, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Perú decidió no recibir nuevos detenidos en los penales mientras dure la emergencia por el Covid-19. Es decir, hasta el 26 de abril.

Este miércoles, el presidente Martín Vizcarra prorrogó por 15 días más la cuarentena y el toque de queda para contener el avance del virus, que debía concluir en principio el domingo 12. La Dirección Regional de Salud del Callao reportó que ha entregado a la prisión de la provincia 1.000 pruebas rápidas de detección del virus, y, aunque el martes el Ministerio de Salud indicó que han realizado 161 test en esa cárcel, ni esa entidad ni el propio INPE, que depende del Ministerio de Justicia, informan de cuántos son los presos diagnosticados como positivos.

El INPE también comunicó el fin de semana que un trabajador de la Carceleta de Lima resultó infectado y por ello cerraron el lugar y trasladaron a los detenidos a otros espacios. En dicho centro los reclusos aguardan la calificación, por su peligrosidad, tipo de delito o condiciones de salud, para ser enviados a las prisiones.

La entidad cerró la prisión Sarita Colonia el lunes, pero la decisión se hizo pública la tarde del miércoles, y también reportó que ha trasladado a 160 adultos mayores a un centro de capacitación penitenciario en el Callao. El comunicado del sistema penitenciario añade que usará la antigua prisión de San Jorge, en el centro de Lima, para que sirva como lugar de aislamiento de presos infectados por el Covid-19. El diario La República informó el martes de que muchos de los presos no querían volver a sus pabellones y que permanecían en el patio porque reos que habían sido llevados a hospitales por el virus retornaron sin medidas de aislamiento. “Estamos deambulando, hacinados, contagiándonos entre nosotros mismos, sin ninguna ayuda”, dijo uno de los presos a ese medio.

El presidente del INPE, David Villar, envió un comunicado al presidente del Poder Judicial, explicando que la medida se sustenta en los contagios en el Callao y la Carceleta de Lima, pero también menciona el hacinamiento en las 68 prisiones de Perú, que albergan a más de 97.600 personas cuando la capacidad es de 40.600.

La medida no ha sido bien recibida entre los fiscales, quienes se preguntan qué ocurrirá con quienes están siendo detenidos por delitos flagrantes, como feminicidios, violencia sexual y narcotráfico, que siguen cometiéndose en medio de la emergencia sanitaria. Además, por el incremento del control policial y del Ejército que vigilan el acatamiento del toque de queda y las medidas de inamovilidad social, también hay ciudadanos con orden de búsqueda que están siendo detenidos. Por ejemplo, en Cerro Colorado, Arequipa, la policía intervino a un hombre que era buscado hace cuatro años por el feminicidio de su pareja en el norte del país.

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