El Gobierno argentino paga con sobreprecios alimentos para comedores sociales

El Gobierno de Alberto Fernández compró toneladas de alimentos a precios muy por encima del mercado. El protagonista de la historia es el Ministerio de Desarrollo Social, que en los primeros días de la emergencia realizó compras millonarias de fideos, aceite, azúcar y lentejas para abastecer a los comedores sociales. Todavía no está claro si el escándalo ha sido fruto de la impericia o la corrupción, pero puso a la defensiva al presidente, hasta ahora uno de los más activos de la región en la lucha contra el coronavirus.

El Gobierno pagó 158 pesos (1,9 dólares al cambio no oficial) por 1,7 millones de botellas de aceite que en la góndola del supermercado cuestan 121, y 42 pesos por medio millón de paquetes de fideos, nueve más que el valor comercial de la unidad. El sobreprecio superó el 50% en el caso del azúcar y el 85% en las lentejas, según los detalles de la compra revelados por el diario La Nación. El daño para el fisco fue de 68 millones de pesos (casi 830.000 dólares), una cifra sideral si se la pone en el contexto de la emergencia sanitaria, la recesión de la economía argentina y de un Estado que ha debido declarar el default parcial de su deuda externa porque no tiene dinero.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, ensayó una respuesta. “Azúcar y aceite sí estuvieron por encima de los precios fijados. Pedimos rebajas y se llegó hasta ahí, pero decidimos igual hacer la compra porque estamos ante una emergencia”, dijo. El presidente Alberto Fernández lo respaldó, pero ordenó suspender el pago a los empresarios que, explicó, “se plantaron” y no quisieron bajar los precios. “Esta compra que se hizo, todavía no se pagó. Di la orden que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el Estado fija. Lo que más me preocupó es que estas empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios. Y Arroyo tuvo el dilema de alimentar a la gente o pagar esos precios y eligió alimentar a la gente”, dijo el presidente.

Fernández cargó contra lo que consideró “la cartelización de sectores que ni siquiera en medio de esta situación son capaces de flexibilizar las posiciones”. ¿No había otros ofertantes? Esa es la pregunta de todos. Los medios argentinos encontraron que las seis empresas que participaron de la venta, todas intermediarias, son en realidad dos: comparten direcciones y teléfonos, pese a la variedad de nombres de las sociedades. Si hubo corrupción, dijo Fernández “será perseguida”.

El daño económico será subsanado porque el Gobierno fijará el valor de la licitación de acuerdo a la tabla de precios máximo que rige para los supermercados. Pero reparar el daño político no será tan fácil. Fernández llegó golpeado al escándalo de los sobreprecios, luego de que la semana pasada un error de cálculo llevase a cientos de miles de jubilados a apiñarse en los bancos para cobrar sus pensiones.

Ahora tuvo que dar la cara por su ministro de Desarrollo Social, a quien considera un hombre honesto. La reacción, al menos, fue rápida. El funcionario del ministerio que firmó la orden de compra y otras 14 personas de su equipo se quedaron sin trabajo en cuestión de horas. Por la noche, el Gobierno prohibió cualquier licitación de productos de supermercado que supere los precios máximos de góndola.

El escándalo coincidió con los reclamos de los empresarios para eximir de la cuarentena a algunos rubros que ya no resisten la parálisis. Habrá anuncios al respecto antes del final de la Semana Santa, cuando termina la cuarentena total y obligatoria que rige desde el 20 de marzo.

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