¿Es moral mantener intactas las sanciones internacionales en medio de la pandemia?

La crisis del coronavirus ha obligado a repensar muchas estrategias de política exterior, entre ellas las sanciones económicas contra países duramente golpeados en estos momentos por la pandemia. Sus críticos sostienen que las medidas suelen estar mal concebidas y rara vez logran modificar el comportamiento que sancionan, mientras que sus partidarios defienden que su eficacia ha aumentado en los últimos años. Desde Naciones Unidas se ha hecho un llamamiento a suspender temporalmente buena parte de estas medidas que hasta la fecha Estados Unidos, su principal promotor, ha ignorado.

Las sanciones económicas son un mecanismo en manos de Gobiernos u organismos internacionales para tratar de alterar decisiones estratégicas de otro Estado —o empresa— que afecta a sus intereses o viola normas internacionales. “En general, estoy en contra de la mayoría de las sanciones económicas. Pero dadas las circunstancias creo que deberían ser suspendidas para el resto del año en aras de la solidaridad global para combatir la Covid-19”, asegura por correo electrónico el economista Jeffrey Sachs. Para Jonathan Masters, del Council on Foreign Relations, sin embargo, la ausencia de sanciones hubiera dado más alas a actores como la Rusia de Vladímir Putin.

De hecho, para el presidente ruso el alivio de las sanciones en estos momentos es un tema “de vida o muerte”. El presidente ruso propuso hace unos días al resto de líderes del G20 el levantamiento temporal de estas medidas. “Idealmente deberíamos introducir moratoria conjunta sobre las restricciones a los bienes esenciales, así como a las transacciones financieras para su compra”, remarcó Putin. “Estoy hablando de los países que más sufren esta pandemia. Al final del día, es una cuestión de vida o muerte, este es un asunto puramente humanitario”, dijo.

Desde que se anexionó la península ucrania de Crimea en 2014, Rusia ha estado bajo una oleada de sanciones que han ido aumentando por su participación en el conflicto del Este de Ucrania y su injerencia en procesos políticos en países occidentales.

Roland Freudenstein, directivo del Wilfried Martens Centre for European Studies, explica que Rusia está intentando debilitar las sanciones mediante su segmentación. “Pero la causa, la anexión de la península ucrania y su intervención en el país no han desaparecido y Moscú no está cooperando para cumplir los acuerdos internacionales. Así que Putin recurre a razones humanitarias”, remarca.

Analistas como Freudenstein señalan sin embargo que no hay ninguna conexión entre las sanciones impuestas a Rusia —a ciertas personas y empresas, tecnología sobre todo armamentística y transacciones financieras— y la emergencia sanitaria. “No es nada nuevo que en ese país y otros ha habido críticos potentes contra las sanciones. Así que el Kremlin se ha aprovechado de la frustración causada por la falta de ayuda desde la Unión Europea contra el coronavirus con esta acción publicitaria con el fin de manejar la opinión pública”, argumenta Freudenstein. Diplomáticos occidentales enmarcan en ese contexto acciones como el envío a Italia de material sanitario y médicos militares.

Frente a esta actitud, Irán y Estados Unidos han convertido la crisis en arma arrojadiza, encastillados en la enemistad y desconfianza recíprocas. Teherán ha responsabilizado a las sanciones estadounidenses de sus dificultades para combatir el brote, obviando su notoria mala gestión. Solo con las muy cuestionadas cifras oficiales, Irán lleva cerca de 50.000 casos confirmados y más de 3.000 muertos. También se le atribuyen el 90% de los contagios de Oriente Próximo.

Expertos en salud pública y activistas de derechos humanos señalan que las sanciones están dificultando la lucha contra el coronavirus. La práctica expulsión de Irán del sistema financiero internacional hace casi imposible para el país importar los suministros necesarios. Solo esta semana se logró la primera transacción para facilitar la exportación de productos médicos a través del mecanismo europeo Instex, creado hace un año. La actitud orgullosa de los dirigentes iraníes tampoco ayuda. Han rechazado no solo la ayuda humanitaria de EE UU, sino también la de Médicos Sin Fronteras, prueba de que anteponen la utilización política del virus a la salud de sus ciudadanos.

Washington ha seguido reforzando sus medidas desde que decidiera retirarse del acuerdo nuclear en 2018 con el indisimulado objetivo de poner al régimen iraní contra las cuerdas. Una decisión que se le puede volver en contra. Según Karim Sadjadpour, analista del centro de reflexión Carnegie, en contra de “las esperanzas de Washington de que la Covid-19 pueda acelerar el colapso de la República Islámica, lo más probable es que el virus acelere el paso de un régimen clerical a uno militar”.

En plena pandemia, Corea del Norte ha retomado su campaña de lanzamiento de misiles, los últimos el pasado fin de semana. De ahí que no parezca que el régimen de Kim Jong-un tenga gran interés en frenar los castigos internacionales pese a la debilidad de su economía.

Un análisis de imágenes vía satélite que publicaba recientemente el Royal United Services Institute (RUSI) apuntaba que buena parte de la flota que Corea del Norte ha utilizado habitualmente para aprovisionarse de productos se encuentra varada en los puertos del país, una aparente consecuencia del impacto del coronavirus en su actividad. “Recientes imágenes tomadas en febrero y marzo muestran más de un centenar de barcos inmovilizados en las mismas áreas, un fenómeno sin precedentes en el puerto norcoreano de Nampo, habitualmente lleno de actividad”. Ello, apunta el think tank, plantea “dudas significativas sobre el aguante de la ya frágil economía norcoreana”.

Cuba sufre las sanciones de Washington desde hace 60 años, tras la aprobación de la primera ley de Reforma Agraria, que supuso la nacionalización de latifundios de empresas norteamericanas. En 1962 John F. Kennedy ya decretó el “embargo total” del comercio con Cuba y, a partir de ahí congeló todos los activos cubanos en su territorio, vetó las importaciones de la isla y prohibió la realización de transacciones en dólares con Cuba, dando comienzo a la persecución financiera.

Durante décadas el Gobierno de Fidel Castro capeó las sanciones gracias a su inclusión en el campo socialista, pero tras la desaparición de este bloque sobrevino la gran crisis del Periodo Especial. En 1996 Bill Clinton aprobó la Ley Helms-Burton, abriendo la posibilidad de demandar a compañías extranjeras que supuestamente “traficasen” con bienes expropiados a empresas estadounidenses. Una norma que se mantuvo en suspenso durante 20 años, hasta la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El Gobierno cubano, que estima el impacto total del embargo en 90.000 millones de dólares, somete todos los años a discusión en la ONU una resolución que pide el fin del bloqueo, obteniendo un respaldo casi unánime (el año pasado, 187 naciones votaron a favor, EE UU, Israel y Brasil en contra, y Colombia y Ucrania se abstuvieron).

Las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro —adoptadas principalmente por Washington y seguidas en mucha menor medida por la Unión Europea— son el principal engranaje del aislamiento internacional de Venezuela. Las medidas se intensificaron en 2017, coincidiendo con la suspensión del Parlamento de mayoría opositora decretado por la justicia controlada por el chavismo, y se han convertido en el pretexto oficial del Gobierno, que trata de ocultar su mala gestión culpando a Estados Unidos de la grave emergencia social y política que sufre el país, mucho antes de la aparición del coronavirus. Al mismo tiempo, las sanciones encarnan una esperanza para la oposición y Juan Guaidó, el jefe del poder legislativo reconocido como presidente interino por más de 50 países. Las medidas tienen un carácter esencialmente económico y financiero y buscan redoblar la presión contra el entorno del propio Maduro y asfixiar los recursos de las empresas públicas, empezando por Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la petrolera estatal y principal fuente de ingresos del país.

El último paso de la Administración de Donald Trump consistió, la semana pasada, en acusar al sucesor de Hugo Chávez y a otros 11 dirigentes de tráfico internacional de drogas. El Departamento de Justicia ofreció una recompensa de entre 10 a 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura de los dirigentes señalados. Esa decisión va más allá de las sanciones, pero se enmarca en la misma estrategia, que persigue inhabilitar al régimen para cualquier tipo de negociación y desalojar a Maduro del poder a cualquier precio.

Desde el pasado verano, Venezuela “es parte del muy exclusivo club de Estados canallas”. Son palabras de John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de Trump. Eso se traduce en que en agosto de 2019 quedaron bloqueados todos los activos del Gobierno venezolano en territorio estadounidense y se prohibió formalmente a las empresas estadounidenses mantener relaciones comerciales con Caracas.

La plana mayor del chavismo no puede viajar a Estados Unidos pero muchos de los colaboradores de Maduro, desde el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, tampoco pueden hacerlo a Europa o a la mayoría de los países de América Latina. A las medidas de Washington se suman las tomadas por la Unión Europea o el llamado Grupo de Lima, encabezado por la vecina Colombia, cuyo objetivo es redoblar el “cerco diplomático” al régimen, que en el pasado estaba amparado por Gobiernos regionales de ideología bolivariana, como Ecuador. Las sanciones han profundizado la soledad del Gobierno en el tablero internacional y regional aunque han contribuido al fortalecimiento de las relaciones económicas entre Caracas y países como Rusia, Turquía, China o Irán. En el último intento de lograr un giro político en Venezuela, Estados Unidos las ha usado como moneda de cambio. El secretario de Estado, Mike Pompeo, prometió levantar las sanciones si Maduro si hace a un lado para dar paso a una transición.

Con información de María R. Sahuquillo desde Moscú, Ángeles Espinosa desde Dubái, Mauricio Vicent desde La Habana, Macarena Vidal Liy desde Pekín, Francesco Manetto desde México y Alicia González desde Madrid.