EE UU acusa a Maduro de narcotráfico y ofrece 15 millones por información que conduzca a su detención

El Gobierno de Estados Unidos ha presentado una acusación penal contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, responsabilizándolo de tráfico internacional de drogas. Así lo ha confirmado el Departamento de Justicia en una comparecencia del fiscal general, William Barr, retransmitida por Internet, en la que ha anunciado “recompensas por información que pueda llevar a la detención y al arresto” de Maduro y otros miembros destacados del régimen.

Los otros oficiales venezolanos acusados son Diosdado Cabello Rondón, presidente de la “ilegítima” Asamblea Constituyente; Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia; Vladimir Padrino, ministro de Defensa; Hugo Carvajal Barrios, exdirector de la inteligencia militar; el general retirado Cliver Alcalá Cordones, que reside en Colombia; y Tareck El Aissami, ministro de Industria y Producción Nacional. El Gobierno ofrece una recompensa de 15 millones de dólares a cambio de información sobre Maduro, y 10 millones por información que conduzca a la detención de los otros dirigentes chavistas.

“El pueblo venezolano se merece un Gobierno representativo responsable y transparente al servicio de las necesidades de la gente, y que no traicione la confianza del pueblo condonando o empleando oficiales públicos que se implican en el tráfico ilegal de narcóticos”, dice el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado. “Estados Unidos está comprometido en ayudar al pueblo venezolano a restaurar la democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas”.

Las acusaciones suponen una nueva escalada de la presión de la Administración de Donald Trump para desalojar del poder a Maduro. “Hoy Nicolás Maduro será procesado por el Departamento de Justicia y acusado de narcoterrorismo”, había adelantado en Twitter a las 10.15 (hora de Washington) el senador republicano Marco Rubio, uno de los legisladores estadounidenses más beligerantes con el régimen venezolano.

Las acusaciones contra el Gobierno de Maduro de actividades criminales han sido frecuentes en el Departamento de Estado. “Lidera algo que se parece más a un cartel de drogas que a un Gobierno”, dijo de Maduro en enero el secretario de Estado, Mike Pompeo. “Es hora de llamar a este régimen por lo que es”, ha dicho el fiscal general Barr, en la comparecencia en la que ha anunciado este jueves los cargos de narcotráfico.

Estados Unidos y otras docenas de países han reconocido al opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Pero más de un año después de dicho reconocimiento, con el país sumido en una profunda crisis, Maduro sigue en el poder, sostenido por el Ejército y apoyado por Cuba, Rusia y China.

El anuncio revolvió al Gobierno de Maduro, que afronta un aislamiento internacional sin precedentes desde que hace un año empezara su pulso con Guaidó. El chavismo trató en las últimas semanas, en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, de restablecer algunos canales diplomáticos y hasta se produjo un tímido intento de reflotar las relaciones con la vecina Colombia para explorar una estrategia conjunta frente a la pandemia. Los señalamientos de Washington cierra ahora ese camino.

La primera reacción del sucesor de Hugo Chávez fue la habitual, esto es, una acusación a la Administración de Trump y al Gobierno colombiano de Iván Duque. “¡Ratifico mi denuncia! Desde EE UU y Colombia se conspira y han dado la orden de llenar de violencia a Venezuela. Como jefe de Estado estoy obligado a defender la paz y la estabilidad de toda la patria, en cualquier circunstancia que se nos presente. ¡No han podido ni podrán!”, escribió el mandatario en Twitter coincidiendo con el anuncio.

Los cargos presentados por Washington hacen referencia a la colaboración de Caracas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la organización guerrillera que en 2016 firmó la paz con Bogotá, se desmovilizó y se convirtió en partido político. En medio de la aplicación de los acuerdos, el pasado mes de agosto, algunos dirigentes de la antigua guerrilla anunciaron su regreso a las armas y las autoridades colombianas acusan a Maduro de darles cobijo en Venezuela. Los dos países están separados por una frontera de más de 2.200 kilómetros, que ahora se encuentra cerrada por orden de Duque para evitar la propagación de contagios de Covid-19.

Entre los dirigentes señalados por Washington se encuentra la plana mayor del chavismo. Diosdado Cabello representa el ala más radical del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ya está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Tareck El Aissami ya había sido imputado por Washington por delitos relacionados con el narcotráfico. Y Hugo Carvajal Barrios, apodado El Pollo, exjefe de la inteligencia militar, fue detenido el año pasado en Madrid y ahora se encuentra en busca y captura después de que la justicia española acordara su extradición a Washington.

El Gobierno de Maduro lleva años bajo la lupa de las autoridades estadounidenses y la recompensa por la captura del presidente es un paso más en el intento de Trump de acorralar al régimen. En las últimas semanas se habían producido algunas señales de distensión entre el oficialismo y la oposición venezolanos, que acordaron comenzar los trámites para renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE) con vistas a la celebración de elecciones parlamentarias, previstas para este año.