La derecha apartidista boliviana forma una alianza electoral bajo el lema “Dios, patria, pueblo”

Bajo el lema "Dios, patria, pueblo", Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, los principales dirigentes del “movimiento cívico” que se atribuye la responsabilidad del derrocamiento del presidente boliviano Evo Morales, han acordado una candidatura conjunta para las elecciones de mayo próximo. Camacho aspirará a la presidencia y Pumari, a la vicepresidencia. Como ambos carecen de partido, se han abierto a la posibilidad de ser postulados “por cualquier tipo de alianza, movimiento ciudadano o partido político, previo consenso mutuo”. Varias agrupaciones políticas menores ya se habían prestado a dar forma legal a la candidatura de los “vencedores de Evo”.

Camacho y Pumari han llamado a conformar un frente único en contra del “narcogobierno” anterior y por un nuevo Estado “sin racismos, sin rencores, sin odios históricos ni fantasmas inexistentes, creados en el imaginario de los ideólogos del MAS (Movimiento al Socialismo)”, tales como “ la división oriente-occidente, campo-ciudad o izquierda-derecha.”

Al mismo tiempo, han vetado la participación en su frente de los “políticos tradicionales que han traicionado la buena fe de los ciudadanos, expresada en el voto, o que se han coludido con el narcogobierno. Ellos no tendrán cabida”. Han aludido así a los líderes de la oposición política durante los 14 años de Gobierno de Morales, como Carlos Mesa y Samuel Doria Medina, quienes preparan sus propias candidaturas para las elecciones próximas. Mesa y Doria Medina proponen superar la polarización social y reconciliar a los distintos bandos con candidaturas de centro y más moderadas en su crítica al pasado inmediato del país.

Camacho y Pumari puntuaban bien, por separado, en las encuestas de intención de voto de las últimas semanas, superando a los demás opositores a Morales pero sin poder colocarse por encima del MAS, que definirá a sus candidatos el 19 de enero. Las encuestas midieron individualmente a los dirigentes cívicos porque el primer acercamiento político entre ellos había terminado en un estruendoso fracaso. A principios de diciembre, Camacho dijo que no iría a las elecciones con Pumari y luego divulgó el audio de una conversación con este, en el que lo criticaba por haberle pedido, a cambio de su apoyo, 250.000 dólares y el control de la Aduana de Potosí, la región de la que Pumari es oriundo. Este no negó haber tenido esta conversación, pero dijo que quería el dinero para financiar su campaña electoral y que la nominación de un representante cívico en la dirección de la Aduana regional era una “reivindicación del pueblo de Potosí”. Acusó a Camacho de haber sido él quien lo grabó, algo que este negó.

Esa fractura causó la preocupación de ciertas élites económicas y sociales que creen que solamente Camacho y Pumari juntos, pueden evitar que el MAS saque la cabeza otra vez. En el documento de lanzamiento de su campaña, los dos políticos se disculparon “por todos los errores que hemos cometido y les expresamos nuestro empeño y compromiso de no repetirlos”.

Otros actores de la movilización contra Evo Morales, como Waldo Albarracín, rector de la universidad pública de La Paz, criticaron a los dirigentes de los comités cívicos por “aprovechar estos cargos, que deberían ser sagrados, para brincar a las candidaturas electorales” y por querer “adueñarse de una victoria que pertenece a todo el pueblo boliviano”.

Luis Fernando Camacho, de 40 años, llamado “Macho Camacho” por sus seguidores, proviene de la élite empresarial de Santa Cruz, la región más próspera y con menos indígenas del país que ha desafiado permanentemente el mando de la capital política, La Paz. Es ferviente católico, radical opositor a Morales y, como muchos cruceños, partidario de introducir el federalismo en el país (un tema que no ha mencionado en el último tiempo). Ha puesto a varios allegados suyos y a empleados de sus empresas en el Gobierno de Jeanine Añez.

Marco Pumari, por su parte, tiene 38 años y dirige a las clases medias de la ciudad de Potosí, que no se consideran indígenas; Potosí es mucho más pobre que Santa Cruz, pero también es proclive al federalismo, porque se siente históricamente abandonada por los Gobiernos de La Paz. Pumari y sus “cívicos potosinos” también tienen representantes en el Gobierno provisional.