Sepultados y olvidados en Gaza por un ataque erróneo de Israel

“Nadie se acuerda de nosotros. No espero que Israel nos pida perdón, ni mucho menos que nos indemnice por la matanza”. Con apenas 19 años, Mohamed Abu Malhus deambula como un muerto en vida junto al cráter de lo que fue su casa en Deir al Balah, en el centro de la franja de Gaza. Sus padres, tres de sus hermanos, sus dos tíos, dos primos... los nueve murieron pasada la medianoche del 14 de noviembre machacados por misiles de alta precisión disparados por la aviación de Israel en la última escalada bélica en el enclave palestino. Mohamed se salvó porque estaba estudiando en la cercana casa de su abuela, que a diferencia de la chabola de chapa y madera donde malvivía con su familia cuenta con electricidad. “Quiero ir a la universidad, estudiar literatura”, asegura cabizbajo el joven, que aún no ha logrado terminar el bachillerato.

La tragedia de un equívoco letal se abatió desde el cielo sobre el clan Abu Malhus-Sawarka, beduinos de la Gaza profunda que pastorean ovejas en la desolación de un territorio que, según las  predicciones de Naciones Unidas, será considerado inhabitable a partir de 2020. Israel había desencadenado a mediados de noviembre la Operación Cinturón Negro para liquidar a un comandante de la Yihad Islámica responsable del lanzamiento de cohetes. La ofensiva se saldó con 34 palestinos muertos, de los que 16 eran civiles, entre ellos ocho menores y tres mujeres. El jefe del Estado Mayor, general Avi Kovchavi, se felicitó por el éxito de la operación en la que fueron abatidos “25 terroristas” y los “mínimos daños colaterales” registrados.

El bombardeo de Deir al Balah, la acción militar israelí que ha causado mayor mortandad entre civiles desde la guerra de 2014 en Gaza, fue considerado al principio “militarmente legítimo” por las Fuerzas Armadas. El portavoz castrense en lengua árabe, teniente coronel Avichai Adraee, tuiteó que el objetivo del ataque era acabar con la vida de Ramsi Abu Malhus (padre de Mohamed), a quien definió como comandante de la Yihad Islámica al frente de una brigada de lanzamiento de cohetes contra Israel. Nadie le conocía hasta entonces. Cuando la prensa hebrea empezó a contactar con responsables militares de inteligencia para recabar información, el portavoz militar rectificó de inmediato a través de un nuevo mensaje en Twitter: “La información ahora disponible despierta sospechas sobre la credibilidad del anuncio anterior, que puede no ser preciso”.

El Estado Mayor de Israel vino a reconocer hace un mes en un comunicado que se trataba de un objetivo erróneo: “La identidad del sujeto no era segura y está siendo investigada, así como los daños causados a civiles en el ataque”. “Nuestras operaciones están basadas en el más alto nivel de inteligencia que tenemos (...) e intentan limitar al máximo los posibles daños colaterales a no combatientes”, resumió el portavoz internacional castrense, teniente coronel Jonathan Conricus. Desde entonces, el Ejército guarda silencio sobre el bombardeo.

Con voz quebrada de quien sabe que puede acabar sentado en el banquillo de un consejo de guerra, un joven exmilitar israelí revela en el salón de una casa de Jerusalén supuestos fallos en la selección de los objetivos de los ataques. “En el proceso intervienen varias personas: antiguos pilotos, analistas de inteligencia y hasta un asesor jurídico del Ejército, que determina si el ataque es contra un objetivo militar legítimo y no viola el derecho internacional”, precisa desde el anonimato este antiguo miembro de un equipo de observación e inteligencia de la Fuerza Aérea. “Este sistema sirve con bastante precisión, por ejemplo, para establecer los objetivos en Líbano”, detalla ante un reducido grupo de periodistas europeos. “En Gaza”, advierte, “la elevada densidad de población impide conocer con exactitud qué zonas están habitadas y cuáles no”.

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Estos equipos de detección de objetivos militares para la aviación no trabajan sobre la marcha, sino que van acumulando sus observaciones en un banco de datos, al que recurren los pilotos en sus operaciones. “Hacen falta al menos dos indicios para fijar un lugar de interés militar antes de incorporarlo al banco de objetivos”, explica el protocolo el exmilitar. En función del nivel de alerta –desde una simple escaramuza a una situación de guerra abierta– varían los parámetros admisibles de víctimas colaterales. “Hay un modelo matemático de evaluación en función de los daños, desde cero muertos civiles aceptables hasta una situación extrema de Código Aníbal, en el que vale todo”. El exmilitar se refiere a los casos de captura de rehenes del Ejército por parte del enemigo.

Esta polémica doctrina, teóricamente abandonada por el Estado Mayor israelí, fue aplicada por última vez en agosto de 2014 en Gaza, en la llamada batalla del Viernes Negro. En el curso de una tregua acordada en el conflicto, una patrulla de reconocimiento israelí se topó con una unidad de Hamás y se desató un enfrentamiento durante el que fue capturado el teniente Hadar Goldin. Los comandantes israelíes ordenaron la aplicación del Código Aníbal mediante un ataque masivo de la artillería y la aviación en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja. Una investigación de Amnistía Internacional señaló que en los cuatro días de la ofensiva del Viernes Negro murieron al menos 135 civiles, entre ellos 75 niños, y fueron destruidas cientos de viviendas e infraestructuras. El teniente Goldin fue declarado muerto.

“Hace falta bastante tiempo y esfuerzo para poder establecer un lugar de interés militar son seguridad y fiabilidad. Además, a veces no se han completado todas las evaluaciones para obtener nuevas dianas, ante la presión de los mandos por ampliar el banco de datos. Mientras tanto, los objetivos más antiguos no se suelen revisar”, desvela el antiguo militar de reemplazo, quien también asegura que no siempre se verifica la presencia de civiles en la zona antes de lanzar un ataque. “Se ignoran los protocolos y no se vuelven a aplicar estrictamente hasta que se produce un desastre como el Deir al Balah”.

“No hubo llamadas ni mensajes de texto a los móviles, tampoco se lanzaron octavillas ni hubo sobrevuelo previo de aviso de los aviones”, asegura Mahmud Abu Malhus mientras prepara café en la chimenea de leña en una modesta vivienda de Gaza. Una decena de niños corretean descalzos mientras los hombres del clan fuman sin cesar. Su primo y también padre del joven Mohamed no secundaba la bandera negra de la Yihad Islámica. En esa barriada rural de Deir al Balah solo se observan las banderas amarillas de Fatah, el partido del presidente palestino, Mahmud Abbas.

“Ramsi fue policía de la Autoridad Palestina”, precisan sus parientes, pero desde que Hamás tomó el poder en Gaza en 2007 y desalojó a la Administración de Fatah, se quedó sin trabajo. A los 45 años recibía una pensión de menos de 2.000 sequels (unos 500 euros) para mantener a sus dos esposas y sus diez hijos. “Salía adelante como podía junto con su hermano Mohamed, vendiendo verduras en el mercado y con unas pocas ovejas. Ahora están todos muertos”, asienten los familiares del clan con el desapego de quienes desconfían ya de que su relato vaya a servir para algo.

El lugar donde se encontraban las cabañas de ambos hermanos y sus dos familias fueron diezmadas por los misiles en nada se asemeja a un objetivo militar. Es un terreno municipal donde los Abu Malhus-Sawarka construyeron con sus propias manos las únicas casas miserables que podían permitirse. Los vecinos nunca han visto puestos de Hamás o de la Yihad Islámica en esta zona denominada La Alberca, alejada casi un kilómetro de la ciudad, jalonada por invernaderos de plástico y pastos de ganado. Un depósito de aguas construido gracias a la cooperación internacional, un almacén de la UNRWA, la agencia para los refugiados palestinos de la ONU, y un taller de material de construcción rodean los cráteres dejados por el bombardeo Israel, donde aún quedan restos de ropa y libros escolares.

“Nadie me llamará para pedirme disculpas”, repite aún bajo los efectos del trauma de la matanza el todavía adolescente Mohamed, convertido en cabeza de familia de sus seis hermanos supervivientes. Los recursos ante la justicia israelí se estrellan contra un muro de rechazo. El Ejército no se hace nunca responsable de los daños causados en acciones contra fuerzas beligerantes enemigas. “Las víctimas de mi familia eran inocentes”, musita el joven Abu Malhus mientras un dron israelí ronronea sobre el cielo el enclave cercado, “pero en Gaza todos sabemos que podemos morir bajo las bombas en cualquier momento".