Bolsonaro frena sus reformas económicas por miedo al contagio de las protestas

La ola de descontento y protestas callejeras que recorre Sudamérica no ha llegado a Brasil, pero el temor y el nerviosismo ante un posible contagio son evidentes. El ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, admitió el lunes por la noche en EE UU que el miedo a un incendio en las calles es el motivo por el que el Gobierno ha frenado su ambicioso programa de reformas para abrir la economía y encoger el Estado. El ultraliberal Guedes llegó a evocar el decreto de la dictadura que dio inicio a los años de plomo y supuso el cierre del Congreso porque "es irresponsable llamar a la calle para decirles que tienen el poder”, dijo, en referencia al excarcelado expresidente izquierdista Lula da Silva. Guedes advirtió a sus compatriotas: “No se asusten si alguien pide el AI5”. La indignación fue inmediata.

Guedes explicó con franqueza la situación en una larga conferencia de prensa en Washington tras reunirse con miembros de la Administración Trump. Admitió que la inédita ola latinoamericana de protestas es el motivo por el que el Gobierno ha aparcado las reformas tributaria y de la función pública, que iba a presentar al Congreso este noviembre: “Es verdad que se ha desacelerado. Cuando todo el mundo empieza a salir a la calle sin motivo aparente, dices: ‘Mira, para no darles un pretexto vamos a ver, vamos a entender lo que está ocurriendo”, dijo, según el diario Estadão.

El ministro plenipotenciario en asuntos económicos, un antiguo banquero de inversión con escasa experiencia política, y su agenda reformista son el motivo por el que el empresariado dio desde el principio su apoyo al Gobierno de Bolsonaro. Este Gobierno logró sacar adelante la impopular reforma de las pensiones pero no quiere arriesgar. Guedes recalcó que la economía brasileña empieza a recuperarse, que Bolsonaro mantiene su apuesta por la agenda reformista y quitó importancia a que el dólar esté batiendo récords frente al real. El dólar alcanzó los 4,25 reales en la apertura este martes.

Tras la aprobación de las pensiones, el paquete económico de Guedes consta al menos de cinco propuestas legislativas que requieren enmendar la Constitución. Las aparcadas por el temor a que la izquierda movilice a su militancia con grandes manifestaciones en las calles son la tributaria y la de la administración pública, diseñada una para simplificar el sistema tributario y la otra para reducir los salarios y la estabilidad de los nuevos funcionarios.

El fantasma del peor decreto de la dictadura ya fue agitado el mes pasado por el diputado Eduardo Bolsonaro, que recibió una crítica generalizada. Incluso fue desautorizado por su padre, que, sin embargo, nunca ha ocultado su nostalgia por la dictadura.

En Brasil nadie quita ojo al agitado vecindario. Las manifestaciones que persisten en Chile (el modelo de Guedes en sus reformas brasileñas) y Colombia, las ya amainadas en Bolivia, Ecuador y Perú, la victoria de la izquierda peronista en Argentina e incluso el nuevo recuento en el siempre estable Uruguay preocupan al Gobierno de Bolsonaro e inspiran a la oposición. El discurso duro de Lula tras salir de la cárcel solo ha añadido presión al cóctel. Venezuela y su arraigada crisis son capítulo aparte.

Guedes embistió contra el duro discurso de Lula ahora que ha recuperado la libertad, aunque tiene vetado presentarse a unas elecciones. “Es irresponsable llamar a alguien a la calle ahora para generar una ruptura, para decir que tienes que tomar el poder. Si uno cree en la democracia, espera ganar y ser elegido”, dijo el ministro, que se refirió en dos ocasiones al decreto AI5 (de diciembre de 1968, el quinto de los actos institucionales de la dictadura), que además de clausurar todas las Cámaras legislativas suspendió los hábeas corpus, entre otras medidas. Guedes intentó convencer después a la prensa de que la conferencia de prensa era extraoficial y subrayó que “Planalto (la sede de la Presidencia) jamás apoyaría un AI5, eso es inconcebible”.

Brasil tuvo su gran revolución del descontento a partir de 2013. Comenzó como ahora en los países vecinos, de manera inesperada. La subida del precio del autobús fue la chispa que llevó a los brasileños a tomar las calles contra la corrupción y la clase política. Aquello cristalizó en la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, el encarcelamiento de buena parte de los líderes políticos y empresariales e, indirectamente, en la elección de un presidente como Bolsonaro.

Otras tres propuestas económicas fueron enviadas ya al Congreso pero no han sido analizadas por la crisis que Bolsonaro ha abierto con su grupo parlamentario al abandonar su partido para crear una nueva sigla, Alianza por Brasil, y porque la Cámara ha decidido centrar sus esfuerzos en debatir una propuesta que revierta la decisión del Supremo que permitió excarcelar a Lula y a otros 5.000 presos.

Uno de los proyectos ley de Guedes (denominado PEC de emergencia) que el Gobierno quería aprobar este año pretende recuperar fondos para inversión pública mediante la prohibición temporal de la promoción y contratación de funcionarios o la reducción de jornada (y sueldo) de los actuales. El segundo en trámite (PEC de los fondos públicos) persigue extinguir parte de los 281 fondos públicos que tienen unos 200.000 millones de reales (43.000 millones de euros) para pagar parte de la deuda pública. El tercero (pacto federativo) busca alterar el conjunto de normas constitucionales que determinan cómo se distribuyen y gastan los recursos recaudados por la Unión, los Estados y los municipios.