Los sindicatos chilenos se suman al pulso de la calle contra el Gobierno

La grave crisis política y social en la que se encuentra Chile desde el pasado jueves cuenta ahora con un ingrediente adicional: una huelga general. Los sindicatos han convocado un paro para este miércoles y jueves después de casi una semana de protestas que han desbordado al Gobierno de Sebastián Piñera (derecha) y que han dejado ya al menos 15 fallecidos, uno de ellos de nacionalidad peruana y otro ecuatoriana. En al menos cuatro de esas muertes han estado involucrados militares, según ha confirmado el Ejecutivo este martes. Tres se produjeron por impacto de bala y una por atropello.

El cese de actividades propuesto por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el principal sindicato del país que agrupa a unos 800.000 trabajadores del sector público y privado, se sumará a la huelga que desde este martes han emprendido los trabajadores de la principal mina de cobre del mundo, Escondida. “Somos parte de un pueblo que se cansó y exige cambios”, indicaron a través de un comunicado.

Para Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, el de Chile “no es un problema de orden público y el Gobierno no puede pretender que este conflicto social se resuelva por la vía de la militarización". "Cualquier camino de solución debe partir con una conversación amplia, que no se agota en las organizaciones sociales y sindicales”, agrega la líder de CUT, que agrupa entre otros sectores a empleados del sistema sanitario y educativo. Junto al llamamiento a la huelga, diferentes  organizaciones de la sociedad civil, como Unidad Social, han convocado manifestaciones en diferentes ciudades del país para este miércoles.

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Aunque está por verse el impacto de la convocatoria, la huelga hace aún más compleja la crisis a la que se enfrenta Chile, donde las instituciones democráticas sufren una grave crisis de representatividad. Las protestas por el alza de las tarifas del metro en Santiago se han ido trasladando a otras ciudades. Una expresión del malestar general que sufre este país en el que una importante proporción de la población se siente al margen de la senda de desarrollo de las últimas tres décadas.

Tras seis días de protestas, las regiones y municipios que concentran la mayor parte de la población todavía están bajo control militar y en estado de emergencia, pese a que para el Gobierno, según explicó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, la violencia ha disminuido con el paso de las horas. Desde el pasado jueves, al menos 15 personas han muerto —11 de ellas durante los saqueos a supermercados o locales comerciales— y hay ya 2.642 detenidos.

Las protestas han desbordado a Piñera. “Estamos absolutamente sobrepasados. Es como una invasión extranjera, alienígena y no tenemos las herramientas para combatirla”, indicó la primera dama, Cecilia Morel, en un audio que circula desde el domingo por redes sociales. La esposa del presidente ha lamentado que se difundiera esta grabación privada cuya veracidad ha confirmado La Moneda este martes.

El Ejecutivo intenta descomprimir la crisis reuniéndose con diferentes sectores de la política chilena. El mandatario organizó este martes un encuentro entre los presidentes de los diferente partidos para “explorar y ojalá avanzar hacia un acuerdo social” para que “la clase media y los más vulnerables puedan tener una vida mejor”, como anunció Piñera el lunes por la noche. Pero no todos acudieron  a la cita: el líder del Partido Comunista —que formó parte del último Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018)— aseguró que no participaría en esta reunión, mientras los militares estén desplegados en el país. El Frente Amplio de izquierda, que se fundó después de las protestas estudiantiles de 2011 y cuenta con 20 parlamentarios en el Congreso, tampoco asistió al encuentro. La ausencia que generó mayor polémica fue la del Partido Socialista chileno, uno de los eslabones centrales de cinco de los siete Gobiernos democráticos en el país desde 1990.

“Mientras el Gobierno no asuma su primera responsabilidad de controlar la situación con el debido resguardo de los derechos humanos y no se convoque a todas las fuerzas políticas y sociales activas en el país, no existen las condiciones para concurrir a una reunión sin objetivos claros y con exclusión”, defendieron los socialistas.

Mientras este martes se registraban multitudinarias manifestaciones pacíficas en el país y en medio de la mayor crisis política y social de Chile desde el regreso de la democracia, parte de la oposición impulsaba en el Congreso la discusión del proyecto de ley que rebaja a 40 horas la jornada laboral semanal, propuesta por la bancada comunista. La izquierda y centroizquierda, interpeladas por la ciudadanía, así como el Gobierno, intentan responder a la crisis con medidas como bajar el sueldo de los parlamentarios.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), una corporación autónoma de derecho, ha presentado hasta ahora 21 acciones judiciales a favor de 53 ciudadanos. Dos de las querellas son por presuntos hechos de violencia sexual contra mujeres que se habrían cometido en comisarías. De acuerdo al relato de una de las detenidas, se le instaló boca abajo sobre la basura y con el arma de servicio, un funcionario policial aseguró que le dispararía si se movía, tocó su cuerpo con el fusil y la amenazó con penetrarla con el arma.