Una herramienta constitucional que nunca ha echado a un presidente
El proceso de destitución solo había sido iniciado contra tres mandatarios
La Constitución de EE UU establece que el presidente “debe ser destituido de su cargo si es acusado de traición, soborno u otros crímenes o delitos graves”. Pero no puede ser procesado penalmente durante su presidencia. La única manera en la que puede ser destituido de su cargo es a través de un proceso conocido como impeachment. El término se puede traducir como acusación, destitución o juicio político. El castigo es la destitución del cargo sin posibilidad de apelación.
El impeachment de un presidente, vicepresidente o cualquier cargo público civil proviene de las leyes coloniales inglesas y está consagrado en la Constitución del país desde su aprobación en 1789. Los fundadores de EE UU incluyeron la potestad y la hicieron recaer en el legislativo para evitar abusos de poder. La Carta Magna concede a la Cámara de Representantes la votación inicial de cualquier proceso de este tipo. Si la mitad más uno de los 435 representantes de la Cámara lo aprueba, el proceso se traslada al Senado. Para que la destitución salga adelante, es necesario el voto a favor de dos tercios del Senado (67 de 100). Es decir, el proceso debe ser iniciado por la Cámara de Representantes, pero el juicio tiene lugar en el Senado, cuya decisión no es revocable, tampoco por vía judicial.
Un impeachment dura muchos meses y lo dirige el presidente del Tribunal Supremo, actualmente John Roberts. Miembros de la Cámara de Representantes actúan como fiscales y miembros del Senado, como jurados. El presidente tiene la potestad de nombrar a sus abogados defensores. Si el Senado aprueba la destitución, el vicepresidente asume el cargo durante el resto del mandato. En este caso, Mike Pence reemplazaría a Donald Trump hasta el 20 de enero de 2021.
A pesar de que la amenaza ha pendido sobre la cabeza de numerosos mandatarios estadounidenses —incluido el antecesor de Trump, Barack Obama—, únicamente tres presidentes han sido objeto del proceso y solo dos de ellos, ambos demócratas, se enfrentaron finalmente al impeachment: Andrew Johnson, en 1868, y Bill Clinton, en 1998.
Los dos procesos fueron aprobados por la Cámara de Representantes, pero se toparon con el rechazo del Senado. Ambos líderes acabaron su mandato. Richard Nixon, republicano, optó por presentar su dimisión en 1974 para evitar la destitución, justo cuando el Congreso iniciaba los preparativos para el impeachment, principalmente a causa del caso Watergate.
El caso de Clinton se originó en una investigación de un fiscal a una operación inmobiliaria en Arkansas del matrimonio Clinton, Bill y Hillary. Con el paso de los meses, el juicio se convirtió en un examen de la conducta sexual del presidente en una saga de revelaciones que hicieron las delicias de la prensa sensacionalista.
Clinton fue procesado tras ser acusado de perjurio frente a un gran jurado y de obstrucción a la justicia después de que mintiera sobre su relación en el Despacho Oval con la becaria Monica Lewinsky con la famosa frase “no tuve sexo con aquella mujer”. En horarios de máxima audiencia, se dirimía ante los estadounidenses si el presidente había mentido con esa afirmación, ya que tuvo sexo oral.
Andrew Johnson fue procesado por la Cámara de Representantes en 1868, solo 11 días después de que destituyera a su ministro de Guerra, (actual secretario de Defensa), Edwin Stanton, que estaba en desacuerdo con sus políticas. En dos votaciones, el Senado se quedó a un solo voto de la destitución. El proceso a Johnson se originó en una pugna entre demócratas y republicanos en un momento de creciente tensión tras el fin de la guerra civil americana tres años antes.
La vaguedad de una norma escrita en el siglo XVIII ha propiciado usos que han sido considerados, en algunos casos, un abuso de la figura. En 1970, en un intento fallido de destituir a un juez del Tribunal Supremo, el congresista Gerald Ford —que después sucedió a Nixon en la presidencia— declaró: “Una ofensa de impeachment es cualquier cosa que considere la mayoría de la Cámara de Representantes en un momento de la historia”. No parece que sea ese el caso que ha llevado a Nancy Pelosi a considerar un juicio político contra Donald Trump.
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