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El Gobierno turco interviene las tres principales alcaldías kurdas del país

Tres alcaldes han sido apartados de sus funciones por supuestos lazos con el grupo armado PKK

Agentes de policía toman posiciones en el exterior del Ayuntamiento Metropolitano de Diyarbakir en la mañana del lunes.
Agentes de policía toman posiciones en el exterior del Ayuntamiento Metropolitano de Diyarbakir en la mañana del lunes. REUTERS

A primeras horas del día, efectivos de la policía turca han irrumpido en los ayuntamientos metropolitanos de Diyarbakir, Van y Mardin, las tres principales ciudades en manos del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP, por sus siglas en turco), para registrarlos por sus supuestas conexiones con el grupo armado PKK. Cuando los empleados han llegado esta mañana se han encontrado las entradas bloqueadas por barreras y los agentes les han comunicado que el Ministerio del Interior ha ordenado intervenir la administración local y cesar a los alcaldes de sus funciones. “Sobre las 2.00 de la madrugada recibimos noticias de los compañeros de Van. Los blindados estaban tomando posiciones cerca del Ayuntamiento. Poco antes de las 6.00 pasó lo mismo en Diyarbakir y también aquí en Mardin”, explicó por teléfono a EL PAÍS Dilek Okay, consejera del primer edil de Mardin: “Los agentes han forzado las puertas del Ayuntamiento y de todos los despachos y nos han dicho que están investigando. A mí me han pedido las contraseñas de mis redes sociales. Ya han tomado el control de la administración”.

Por otro lado, 418 personas han sido detenidas en 29 provincias de Turquía, incluidas Diyarbakir, Van y Mardin, en el marco de una investigación contra el entramado urbano del PKK, incluido en la lista de organizaciones terroristas de Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea. Por el momento, se desconoce si estas detenciones están relacionadas con la operación contra los ayuntamientos.

Según un comunicado del Ministerio del Interior, las funciones de los alcaldes depuestos han sido asumidas por las respectivas delegaciones provinciales del Gobierno. La medida parece una reedición de la tomada entre 2016 y 2017 cuando 94 de los 105 alcaldes del HDP fueron relevados de sus funciones por orden administrativa y sustituidos por interventores designados por el Gobierno central. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, había amenazado antes de las elecciones municipales del pasado 31 de marzo que repetiría la jugada: “Si en estas elecciones sale de las urnas alguien involucrado en actividades terroristas, no esperaremos. Inmediatamente, nombraremos a un interventor”. Y, de hecho, tras los comicios, la Comisión Electoral se negó a otorgar el bastón de mando a 8 alcaldes de distrito elegidos en las listas del HDP alegando que anteriormente habían sido purgados de la administración. En su lugar, entregó estos ayuntamientos al segundo candidato con más votos, todos ellos de la formación que dirige el presidente Erdogan, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), algo que fue criticado por el Consejo de Europa como “contrario a los principios de la democracia”.

Los alcaldes de Diyarbakir, Adnan Selçuk Mizrakli, de Van, Bedia Özgökçe Ertan, y de Mardin, Ahmet Türk, gobiernan sobre una población de más de 3,6 millones de personas y fueron elegidos con entre el 54 y el 63 % de los votos, frente a los candidatos del AKP. Excepto Türk, que repitió, los otros son nuevos candidatos, pese a lo cual el Ministerio del Interior arguye que en los apenas cuatro meses en el cargo han convertido la alcaldías en “centros de apoyo financiero y logístico para actividades terroristas”. Como ejemplo, cita la práctica de utilizar co-alcaldes uno de cada sexo “bajo instrucciones de los líderes de la organización separatista”; recontratar a empleados anteriormente purgados por orden administrativa, retirar la bandera turca de la web y otros materiales del Ayuntamiento, cambiar el nombre de calles y edificios por otros favorables al nacionalismo kurdo y participar en funerales de miembros de la organización terrorista.

Okay desmiente estos puntos: “No tenemos constancia de ningún funeral de militantes del PKK en que haya participado el alcalde de Mardin y no hemos podido contratar a más gente porque tenemos un presupuesto limitado. Tampoco es cierto lo que afirma el Ministerio de que hayamos hecho mobbing a los empleados contratados por el interventor en la anterior etapa”. Tras recuperar en las urnas las alcaldías intervenidas, el HDP se quejó de que los interventores habían dejado importantes agujeros en las cuentas municipales con gastos superfluos como lujosas reformas de los despachos de los alcaldes o grandes gastos por comidas. “Nuestra legislación dice que todo sospechoso es inocente hasta que las acusaciones se demuestren en un tribunal y aquí no hay decisión judicial. Por tanto, esto es ilegal”, denuncia la consejera de Mardin.

Mizrakli, el alcalde de Diyarbakir, aseguró a la agencia de noticias DHA que de las nueve investigaciones que se citan como razón para deponerlo -y que lo acusan desde “propaganda de organización terrorista” a “ser miembro y dirigente” de ella- “no tenía noticia” de la mayoría de ellas. “La víctima es la democracia en Turquía. Se están ignorando las elecciones del 31 de marzo y la voluntad de millones de personas. Nadie debe callar ante esta injusticia”, denunció en declaraciones al portal Bianet.

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