Los kurdos tachan de golpe de Estado la destitución de 28 alcaldes en Turquía

La decisión del Gobierno de Turquía de intervenir 28 Ayuntamientos, en su mayoría de municipios kurdos, y destituir a sus alcaldes para sustituirlos por interventores nombrados por el Ministerio del Interior, ha generado fuertes críticas de los kurdos. El principal partido kurdo del país, el Partido de la Democracia de los Pueblos (HDP), calificó de “golpe de Estado” la decisión conocida este fin de semana.

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“La Administración ha asaltado 28 Ayuntamientos y se ha apoderado de ellos a través de interventores, lo que recuerda al golpe de Estado de 1980. No hay diferencia de mentalidad entre quienes bombardean el Parlamento (como ocurrió durante la fallida sublevación militar del pasado 15 de julio) y quienes usurpan la voluntad popular municipal”, criticó el HDP en un comunicado, en el que también denunció la medida como un ataque “a los principios constitucionales y a los acuerdos internacionales firmados por Turquía, incluidos el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Europea de Autogobierno Local”. Por ello, los nacionalistas kurdos aseguran que no acatarán la decisión.

Desde hace meses, el Gobierno del partido islamista de la Justicia y el Desarrollo (AKP) buscaba modificar la ley de gobierno municipal para poder sustituir a los alcaldes a los que acusa de haber colaborado con el grupo armado kurdo PKK. Tras el fracaso del compló golpista en julio, el AKP retiró dicha enmienda del Parlamento, lo que se interpretó entonces como un gesto de acercamiento a la población kurda. Sin embargo, la medida fue recuperada por presión del presidente, Recep Tayyip Erdogan, y entró en vigor el pasado 1 de septiembre, esta vez en forma de los decretos con fuerza de ley que contempla el estado de emergencia. De este modo, a partir de ahora el Gobierno tiene la potestad de nombrar interventores para los Ayuntamientos en lugar de permitir a las asambleas municipales elegir a un sustituto del alcalde depuesto.

De acuerdo con el Ministerio de Interior, de los Ayuntamientos intervenidos, 24 lo han sido por su relación con el PKK y otros 4 con la cofradía de Fethullah Gülen, a la que se acusa de estar tras el fallido golpe de Estado. Aproximadamente la mitad de los 28 alcaldes sustituidos ya se encontraban en prisión, arrestados por diversos cargos, y el resto se enfrentaban a procesos judiciales.

“Los alcaldes deben llevar a cabo sus tareas siguiendo la ley. Ser un cargo electo no es licencia para cometer crímenes. Si los alcaldes financian el terrorismo transfiriendo fondos que están destinados a servir al pueblo o permitiendo que se utilicen vehículos y maquinaria municipal para actividades terroristas, pierden su legitimidad democrática”, justificó el ministro de Justicia turco, Bekir Bozdag.

“Creo que es un paso que llega tarde, debería haberse dado mucho antes. Yo lo pedía desde hace tiempo”, afirmó este lunes el presidente Erdogan, a la vez que instó a los alcaldes a limitarse a hacer su trabajo: "Gestionar las canalizaciones de agua, la distribución de gas y esas cosas".

Los Ayuntamientos intervenidos cubren un territorio de unos 2,3 millones de habitantes. En prácticamente todos los casos, los alcaldes fueron elegidos con altas cotas de popularidad –recibieron entre el 65 y el 95 % de los votos- por lo que llama la atención la postura de Erdogan, quien siempre recuerda que tiene el apoyo de la mayoría absoluta de la población turca al haber accedido a su cargo con el 52 % de los sufragios.

La transferencia de funciones a los interventores durante este fin de semana no estuvo exenta de conflicto. La policía hubo de rodear los edificios municipales para permitir la entrada de los nuevos encargados y en varias localidades se produjeron altercados. Lo primero que hicieron los nuevos alcaldes fue izar la bandera turca en aquellas alcaldías en las que los nacionalistas kurdos la habían retirado.

Estados Unidos, por medio de su embajada en Ankara, ha mostrado “preocupación” por lo sucedido y ha pedido que la medida sea “temporal” y que “se permita pronto a la población elegir a sus representantes de acuerdo con la legislación turca”. El primer ministro turco, Binali Yildirim, ha respondido a estas críticas diciendo que “cada uno se meta en sus asuntos”.

Desde la ruptura del proceso de paz el año pasado, el conflicto ha regresado a la región kurda de Turquía. Unas 2.000 personas han fallecido en espacio de 14 meses en los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad turcas y rebeldes kurdos. El último ataque del PKK –grupo armado kurdo considerado terrorista por la UE, EEUU y Turquía- ha sido un coche bomba junto a la sede provincial del AKP en la localidad de Van en el que 48 personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad.

El líder del grupo armado kurdo PKK, el encarcelado Abdulá Öcalan, ha vuelto a mostrarse partidario del fin de la actividad armada y del enfrentamiento con el Estado turco, según informó a la prensa local su hermano, Mehmet, que lo visitó el domingo en la isla-prisión de Imrali. Es "una guerra que ninguna de las partes puede ganar", según  Ócalan en la primera visita de un familiar que puede recibir desde el fin de las negociaciones.