¿“Papá, por qué no vas a trabajar?”

Al cartógrafo Yildirimci, como a los más de 130.000 funcionarios despedidos o suspendidos de empleo desde que se inició la purga tras el fallido golpe de Estado del verano pasado, nadie le ha dado una explicación. Se trata de una decisión administrativa contra la que, además, se ha prohibido todo recurso judicial, según un reciente decreto ley aprobado por el Gobierno islamista del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), lo que les impide, asimismo, recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Esto va en contra de la Constitución, de la legislación del estado de emergencia y de todos los convenios internacionales firmados por Turquía”, denuncia el sindicalista Sinan Ok, exfuncionario de la Oficina Nacional de Empleo, de la que ha sido también despedido: “No es una sanción legal. Es un castigo colectivo”.

Preguntando entre sus compañeros, el cartógrafo de Mamak consiguió averiguar que en la ficha laboral enviada al Ministerio de Interior figuraba su participación en diversas acciones como delegado del sindicato TÜM BEL-SEN, todas ellas realizadas dentro del marco legal y que no tienen nada que ver con lo que, en palabras del Ejecutivo, debería ser el objetivo de la purga: limpiar la Administración de miembros de la cofradía de Fethulá Gülen, a la que se acusa de la asonada militar. “Está claro que al Ayuntamiento no le gustaban nuestras actividades sindicales, pero durante todos estos años jamás tuvieron queja de mí. Es más, el alcalde, que es del AKP, me concedió dos premios por mi buen trabajo”, asegura Yildirimci.

Como se ha cerrado el camino legal de apelación, el Gobierno ha establecido una “comisión imparcial que revisará todos los casos”, subraya la diputada oficialista Ravza Kavakçi. Pero, según el sindicalista Ok, este comité, compuesto por 7 personas de las cuales 5 serán nombradas por el Gobierno y cuyo mandato será de dos años, “no funcionará”: “Si tienen que examinar 200.000 demandas en ese periodo, no podrán dedicar más de cinco minutos a cada caso. Es un proceso poco transparente”.

Los funcionarios despedidos se quejan de haber sido condenados a la “muerte civil”. A los 40.000 maestros y académicos despedidos se les prohíbe enseñar en escuelas y universidades públicas o privadas. A los 4.000 jueces y fiscales purgados, incluso ejercer como abogados. A los médicos se les impide continuar su formación en instituciones del Estado. A policías y militares, trabajar en compañías de seguridad privadas. La emigración tampoco es una opción, pues a la mayoría se les ha retirado el pasaporte.

El cartógrafo Yildirimci solicitó empleo en seis empresas tras perder su plaza, pero en todas, al explicar que había sido purgado, se le cerraron las puertas. “En la última me ofrecieron trabajar en negro. Porque si me contrataban legalmente, la Seguridad Social sería notificada y ello podía suponer que la Administración cancelase todos los contratos con esta empresa por haber contratado a un purgado”, afirma: “Imagínate, durante toda mi vida he luchado contra el empleo ilegal, y me vi teniendo que aceptarlo, porque la sensación de estar en casa sin trabajar es horrible”.

Amnistía Internacional ha elaborado un informe sobre las purgas de funcionarios en el que asegura que muchos de los despedidos no han podido hallar trabajo o, si lo han hecho, ha sido de forma irregular. Según una fuente diplomática vinculada a la UE, entre funcionarios despedidos, empleados de instituciones clausuradas por orden gubernamental, familiares de los afectados que también sufren las consecuencias y personas a cargo, la cifra de víctimas de la purga supera el millón. Pero para el polémico presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no basta. “Los despidos son una necesidad. Incluso si alcanzan a las personas más cercanas a vosotros, debéis apoyar esta lucha”, dijo a los diputados de su partido.

La purga ha generado un ambiente de tremenda desconfianza en los estamentos de la Administración, pues en muchos casos se ha utilizado la acusación de gülenista para ventilar rencillas personales y laborales, algo que han reconocido incluso miembros del Gobierno. Y los despedidos se ven sometidos a la marginación dado que sus nombres se han hecho públicos. “Mi hijo no quiere ir a la escuela, porque los demás chavales le insultan y dicen que su madre es una terrorista y una traidora”, lamenta una mujer entrevistada por Amnistía Internacional.

El sindicalista purgado Ok trabaja en una investigación sobre los casos de 5.000 despedidos y ha hallado que la violencia doméstica y los divorcios han aumentado en esas familias a causa de “la pérdida de estatus, la sensación de discriminación y la ansiedad por el futuro”. Es más, se han contado ya 37 casos de suicidios directamente relacionados con las purgas, como el de Mustafa Sadik Akdag, un profesor de odontología en la Universidad de Ordu que se pegó un tiro en la cabeza tras ser acusado de gülenista y despedido.

A Yildirimci lo rescató finalmente KESK, la confederación a la que pertenece su sindicato, que le ofreció un puesto remunerado. Su compañero Fikret Çaglayan asegura que los afiliados sindicales son los “más afortunados”. “El sindicato no puede hacerse cargo material de todos los despedidos, pero al menos nos da cierto apoyo moral. Es muy importante no sentirnos solos en medio de una situación que no puedes explicarte”, alega. O quizás, sí tiene explicación, añade inmediatamente: “El AKP está aprovechando el shock del golpe de Estado para librarse de la actividad sindical, limpiar la Administración de la gente que no le apoya y llenarla con sus enchufados”.