El Gobierno de Trump certifica a Colombia en la lucha antidrogas

Colombia ha encontrado un alivio en medio de sus enormes esfuerzos contra el narcotráfico en el memorando con el cual el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó el desempeño del país andino en su lucha antidrogas. Con ese anhelado respaldo, el Gobierno de Iván Duque, que esta semana cumplió un año en el poder, consigue disipar el fantasma de la temida descertificación.

El mandatario estadounidense mantiene en su decisión para el año fiscal 2020 la descertificación de Bolivia y al “ilegítimo régimen de Nicolás Maduro en Venezuela” por fallar en sus obligaciones en la lucha antinarcóticos, al tiempo que hace un llamado para que México intensifique sus esfuerzos. La mayor expectativa, en cualquier caso, corría por cuenta de la postura frente a Colombia, por mucho el primer productor mundial de cocaína.

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“Duque ha logrado avances tempranos en la reducción de los niveles récord del cultivo de coca y producción de cocaína heredados de su predecesor”, señala el memorando publicado la noche del jueves. A reglón seguido, incluye un guiño para el regreso de las controversiales fumigaciones con glifosato, un herbicida potencialmente cancerígeno, al elogiar los “esfuerzos para reiniciar un programa de erradicación aérea liderado por Colombia”.

Los cultivos ilícitos en el país andino se mantienen en niveles sin precedentes, pero parecen por fin haber encontrado un techo. Al cierre de 2018 su extensión registró una levísima reducción de 171.000 hectáreas a 169.000, de acuerdo con el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), presentado hace una semana. Si bien el Simci es considerado la cifra oficial, hace poco más de un mes la medición de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, por sus siglas en inglés) ya había reflejado esa tendencia al detectar 208.000 hectáreas en 2018, una reducción frente a las 209.000 de 2017. En ambos casos el Gobierno colombiano, bajo enorme presión para mostrar resultados, lo ha celebrado como un cambio de tendencia frente al crecimiento exponencial del último quinquenio.

Desde 2013 —cuando había solo 48.000 hectáreas—, la tendencia alcista había sido constante, lo que llevó a la Casa Blanca a expresar en alto su preocupación y a Trump, muy en su línea, a amenazar con descertificar a Bogotá, un estrecho aliado que solo ha sido degradado en esa clasificación en tiempos del expresidente Ernesto Samper (1994-1998). Duque ha planteado una política exterior cuyo eje principal está en Washington, pues necesita la ayuda norteamericana para afrontar las amenazas de seguridad que representan las disidencias de las FARC, las bandas de narcotráfico y la guerrilla del ELN. Aunque ha mantenido en términos generales una buena sintonía con la administración Trump en torno a la estrategia para lidiar con el régimen chavista en Venezuela, los cultivos de coca han sido fuente de fricciones y desencuentros a lo largo de este año.

El memorando parece zanjar las diferencias. “Mi administración trabajará con nuestros socios colombianos para alcanzar nuestra meta conjunta de 5 años para reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína a la mitad para fines de 2023”, asegura Trump en el documento. Agrega que Washington mantendrá una estrecha coordinación con “Colombia y otros socios con ideas afines en nuestro hemisferio para restaurar la democracia en Venezuela”.

“Celebro que se reconozca el esfuerzo de nuestro Gobierno", señaló Duque ante la prensa. La víspera había visitado Tumaco, en el departamento de Nariño –suroeste–, el de mayor concentración de cultivos de coca, donde también sobrevoló zonas donde se adelantan labores de erradicación manual. El mandatario ha dado un giro en la estrategia antinarcóticos con respecto a su antecesor, Juan Manuel Santos (2010-2018), quien abogó por cambiar el enfoque en la lucha global contra el narcotráfico y abordar el problema como un asunto de derechos humanos y salud pública. Duque ha optado por una línea más dura al favorecer la erradicación forzosa en detrimento de la sustitución voluntaria pactada con las comunidades de campesinos y pretender retomar las fumigaciones aéreas con glifosato pese a la resistencia de amplios sectores de la sociedad.