Fracasa en Uruguay la embestida evangélica contra la ley trans
El prereferéndum que debía conducir a la derogación de la norma no supera el 10% de los votos, 15 puntos menos de lo requerido
El prereferéndum que debía conducir a la derogación de la ley de derechos trans en Uruguay se saldó con un rotundo fracaso. La iniciativa apenas llegó al 10% del padrón electoral, lejos del 25% necesario para que consulta sea aceptada. Nueve de cada diez uruguayos optó por quedarse en casa, mostrando la limitada capacidad de movilización de las iglesias evangélicas y los sectores conservadores, que han convertido este texto legal —aprobado en octubre pasado— en su principal caballo de batalla.
La votación del domingo dejó también una lectura territorial importante: solo en el departamento de Rivera, fronterizo con Brasil, se alcanzó el 25% de los votos, lo que pone de relieve la creciente influencia de las iglesias pentecostales venidas del país vecino. En el muy conservador departamento de Salto (norte), la votación fue también superior a la media —con un 16%— según las primeras cifras.
Más de 2,6 millones de personas estaban llamadas a las urnas en 3.676 circuitos oficiales. Pero, según datos primarios de la Corte Electoral, únicamente votó el 9,90% del padrón, casi 270.000 personas.
La Iglesia católica uruguaya, las organizaciones sociales y la mayoría de los partidos políticos se habían desmarcado de la propuesta de referéndum, surgida desde las filas del Partido Nacional (PN, derecha), ya que dos de sus miembros, el diputado Alvaro Dastungue (ligado a la iglesia Misión y Vida) y el exdiputado Carlos Iafigliola eran los principales organizadores. Pero el candidato presidencial del PN, Luis Lacalle Pou, se había alejado de la iniciativa y el domingo ni siquiera acudió a votar.
El único político destacado que sí participó fue el militar Guido Manini Ríos, excomandante en jefe del Ejército y hoy candidato. Manini Ríos expresó que su partido, llamado Cabildo Abierto, “no está de acuerdo con la ideología de género que a toda costa se quiere imponer a nuestra sociedad”.
Una minoría vulnerable
La Ley Integral para Personas Trans reconoce y atribuye beneficios a un colectivo de unas 1.000 personas en Uruguay, según el censo oficial, que forman uno de los grupos más vulnerables en el país sudamericano. Se les facilita el acceso a los servicios médicos, se les reserva un 1% de los empleos públicos y se le atribuye una pensión mensual de unos 350 dólares a un grupo de unas 60 personas que sufrieron torturas y cárcel injustificada durante la dictadura militar (1973-1985).
El capítulo más polémico de la normativa, que salió adelante gracias a los votos del gobernante Frente Amplio (FA, izquierda), tiene que ver con la hormonización de los menores de edad: la ley incluye el concepto de “autonomía progresiva” de los adolescentes a la hora de decidir sobre su sexo, lo cual, potencialmente, podría permitir que recibieran tratamientos hormonales previo autorización judicial, pero sin consentimiento de sus padres.
La Iglesia y la oposición conservadora rechazaron esa parte del texto, pero se mostraron favorables a darle protección al colectivo. Con una esperanza de vida que ronda los 35 años, cuando la media nacional es de 77, los trans (travestis, transexuales y transgénero) de Uruguay registran los perores indicadores de marginalidad en términos de salud, educación y empleo. La cuarta parte de ellos abandonó su domicilio antes de cumplir la mayoría de edad, tras haber sido rechazado por su familia. El 87% no terminó estudios secundarios y sufrió discriminación en el ámbito educativo y el 67% tuvo que prostituirse para generar un ingreso, según cifras de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Los organizadores del referéndum consideran que la ley establece una “visión ideológica de la sexualidad”, ya que en su texto afirma que “se nos asigna un sexo al nacer como si fuera una cuestión convencional cuando todos sabemos que es una cuestión de biología de naturaleza humana”. Por otro lado, se critican las medidas de discriminación positiva como injustas para el resto de las poblaciones vulnerables del país.
A pesar del mal resultado, Iafigliola ha asegurado que la convocatoria fue un éxito porque puso el tema en el debate público. Sus partidarios aseguran que seguirán buscando la derogación por vía parlamentaria.
La legislación uruguaya habilita un mecanismo de referéndum por el cual la ciudadanía puede expresarse sobre una ley. Este camino, exigente en términos de etapas y de alcance de participación, fue clave para el retorno de la democracia en 1985 y ha marcado la agenda política. Así, una masiva participación frenó una ley de privatización de empresas públicas en 1992 o concedió el monopolio de la gestión del agua al Estado en 2004. También fracasó la derogación de la ley de Caducidad que cubrió los crímenes de la dictadura y la autorización del voto a los extranjeros, entre otros.
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