Un grupo anarquista se adjudica el envío de dos paquetes bomba que causaron ocho heridos en Chile

Cuatro días después de los atentados con paquete bomba dirigidos a un cuartel policial en Santiago de Chile y a la oficina del ex ministro del Interior del primer Gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, un grupo anarquista se ha adjudicado este lunes ambas acciones terroristas, que dejaron a ocho carabineros heridos. El escrito, que aún está siendo indagado por la Fiscalía, está firmado por una agrupación que se autodenomina Cómplices sediciosos / Fracción por la venganza. “Reivindicamos el envío de dos paquetes bomba compuestos de pólvora negra y dinamita dirigidos a Rodrigo Hinzpeter y al mayor de Carabineros Manuel Guzmán de la 54º comisaría de Huechuraba”, arranca el escrito, publicado en la página web Contrainfo, dedicada a la difusión de material de grupos antisistema.

“Esta operación de dos ataques con explosivos son un claro acto de venganza y guerra (…) Respondemos mediante la acción violenta anárquica que se enmarca y es un aporte a la nueva guerrilla urbana”, indican en el texto, que menciona a acciones anarquistas internacionales, como “los ataques durante las últimas décadas en Italia y Grecia”.

Más información

La explosión de un paquete bomba deja ocho heridos en Santiago de Chile

En el último lustro, Chile suma una veintena de atentados con explosivos. Los blancos elegidos han sido estaciones de metro, iglesias, cuarteles policiales, bancos, basureros de la vía pública, universidades, gendarmería, sedes de partidos políticos y autobuses. Algunas de las acciones se las han adjudicado grupos anarquistas. Es el caso del atentado en la estación de metro Escuela Militar de septiembre de 2014, por el que fue detenido y encarcelado un joven antisistema de 23 años, Juan Flores.

Tres de los últimos atentados, sin embargo, se los había atribuido una organización denominada Individualistas Tendientes a lo Salvaje (ITS), presuntamente responsables de los paquetes bomba contra el economista Óscar Landerretche —que se desempeñaba en enero de 2017 como presidente del directorio de Codelco, la cuprífera estatal— y Louis de Grange, presidente de Metro, atacado en mayo pasado. La ITS asegura reivindicar causas ecológicas y sus integrantes no han sido ni identificados ni detenidos. Como en esta última acción, utilizaron Correos de Chile como sistema de transporte de los paquetes, pero no dinamita.

“Tomamos todas las medidas de seguridad necesarias para que los artefactos estallaran únicamente en las manos de las personas objetivos de nuestra acción. Nuestros enemigos son claros, no nos interesa ni buscamos dañar o herir a cualquier persona”, señala la agrupación anarquista en su comunicado de este lunes, en el que llama a desatar “las hostilidades destructivas” y a ampliar “los límites de los ataques”: “Siempre podemos ir por más”, indican los Cómplices sediciosos / Fracción por la venganza, una presunta célula subversiva que no se conoce en la opinión pública chilena.“Los poderosos son de carne y hueso, son identificables, vulnerables y destruibles… Vamos por ellos”, agregan en el escrito.

Los ataques iban dirigidos directamente contra el mayor Guzmán y contra Hinzpeter, actual gerente legal de Quiñenco, uno de los principales grupos económicos del país sudamericano, en cuyas oficinas la bomba logró traspasar las barreras de seguridad y permanecer en el escritorio del abogado durante horas, aunque después pudo ser desactivada. “Aun cuando sabemos que todos somos parte del funcionamiento del dominio, reconocemos que existen grados de responsabilidad y los destinatarios de nuestros envíos explosivos cuentan con un papel determinante tanto en la gestión y acumulación del capital como en el control y la represión estatal”, señalan los Cómplices sediciosos / Fracción por la venganza. “Son ellos los que toman decisiones fundamentales en el fortalecimiento de la opresión. De eso no hay duda, y es por esas opciones que los atacamos en sus lugares de operación”.

La agrupación anarquista investigada por la Fiscalía justifica el envío del paquete bomba contra Hinzpeter por haberse “encargado de desatar la represión a comunidades mapuche en lucha, a entornos anarquistas y a sectores estudiantiles movilizados y radicalizados en el fragor de la lucha callejera” mientras era ministro del Interior del Ejecutivo de Piñera entre marzo de 2010 y noviembre de 2012, según indican en el comunicado. Entre otras acciones, lo acusan de la muerte de Manuel Gutiérrez –de 16 años, fallecido por la acción policial en medio de las protestas sociales de 2011– y del deceso de 81 presos en un incendio en la cárcel de San Miguel, en la capital chilena. Catalogan de “infame” el grupo económico para el que trabaja actualmente Hinzpeter y señalan que “desde estos centros operativos, hoy vulnerados”, las “mafias empresariales” planifican “la devastación de la tierra y el asedio a las comunidades mapuche por medio de sus forestales”.

En el escrito explican que atentaron contra Guzmán, de la 54º comisaría de Huechuraba, en el norte de Santiago de Chile, porque “sus antiguos colegas asesinaron a la compañera anarquista Claudia López” en las conmemoraciones, en 1998, por los 25 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet, en 1998. “Cualquier comisaría es un objetivo válido”, señala el comunicado. “La sociedad policiaca y carcelaria es una realidad. Cualquier acción en su contra es completamente válida”.

Salvo la muerte de un joven de 17 años que iba a instalar una bomba en 2009, Mauricio Morales, la veintena de atentados con explosivos que se han registrado en Chile en los últimos cinco años ha provocado heridos graves, pero no víctimas fatales. Ha sido solo un asunto de suerte que no haya más decesos: el paquete dirigido al abogado Hinzpeter el jueves pasado —que por casualidad no abrió— contenía 100 gramos de dinamita, un compuesto con un poder de expansión de unos 5.000 por segundo.