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La muerte el pasado 29 de junio del capitán de corbeta de la Armada venezolana Rafael Costa Arévalo confirmó las peores sospechas sobre los procedimientos de los cuerpos policiales del Gobierno de Nicolás Maduro. El militar, un oficial opositor acusado de supuesta conspiración contra el sucesor de Hugo Chávez, murió cuando se encontraba bajo custodia de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Horas antes de su fallecimiento, había comparecido ante una corte militar con evidentes indicios de tortura. El acta detalla 38 lesiones, contusiones, escoriaciones, quemaduras en los pies y en una muñeca. La tortura es repugnante e inhumana y sobre quienes la practican, la alientan o la toleran debe caer tanto el peso de la ley –también internacional– como el desprecio de cualquier persona de bien.

Pese a los intentos de las autoridades de mantener bajo secreto la autopsia, un funcionario filtró el informe forense, que atribuye el deceso a un “politraumatismo generalizado”. El crimen, que conmocionó al país, se produce en un contexto de máxima tensión entre Maduro y Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional reconocido como mandatario interino por más de 50 Gobiernos extranjeros. Este lideró el pasado 30 de abril un alzamiento militar frustrado por falta de apoyos, que acabó con la liberación de su arresto domiciliario del dirigente opositor Leopoldo López, hoy refugiado en la residencia del embajador español en Caracas.

Pero el homicidio del capitán Acosta, detenido una semana antes junto a otros tres militares justo cuando la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, estaba a punto de abandonar Caracas, es también la enésima muestra de la deriva del régimen chavista, de sus manejos autoritarios y su falta de escrúpulos. En breve: de su inmoralidad y su crueldad de tintes medievales.

La justicia, controlada por el oficialismo, detuvo a los presuntos culpables, un teniente y un sargento segundo de apenas 23 y 22 años, y les acusó de homicidio preterintencional. El tribunal, sin embargo, pasa por alto los cargos de tortura y, sobre todo, elude la responsabilidad de la cadena de mando, que en última instancia recae en Iván Hernández Dala, jefe de la DGCIM, y en Vladimir Padrino López, ministro de Defensa.

El informe de Naciones Unidas sobre derechos en Venezuela conocido la semana pasada señala precisamente a ese cuerpo como responsable de “detenciones arbitrarias, maltratos y torturas de opositores políticos y de sus familiares”. La esposa de Acosta tuvo que salir del país y reclamó, sin éxito, información a las autoridades, que ocultaron el cadáver en la morgue durante más de una semana.

Altos cargos del chavismo condenaron públicamente el uso de la violencia y hasta hubo algunos, como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que se mostraron abiertos a una investigación independiente. Estamos acostumbrados a estas farsas. No es este el primer caso de características similares que el Gobierno intenta tapar. El pasado mes de octubre el concejal opositor Fernando Albán falleció mientras se encontraba detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Según la versión oficial, cayó desde el décimo piso de la sede de ese organismo, denunciado por constantes atropellos de los derechos humanos. Estos episodios, condenados por las principales instancias de la comunidad internacional, también han contribuido a alimentar el malestar en las filas de las Fuerzas Armadas, que son la llave de una transición democrática en el país. Venezuela no puede seguir deslizándose por esta espiral de barbarie, indigna del ser humano, ante el pasmo y el horror del resto del mundo.