La OEA llama a “la restauración pacífica de la democracia” en Venezuela
La organización finaliza una asamblea general marcada por las diferencias sobre la gestión de la crisis del país
La asamblea general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dio este viernes un nuevo espaldarazo al Parlamento venezolano y a la disputa de su presidente, Juan Guaidó, con Nicolás Maduro. La cumbre del organismo aprobó por amplia mayoría una resolución en apoyo de "la restauración pacífica de la democracia" en ese país, "dirigida por el pueblo" y "guiada por la Constitución". El texto, que insta también "a que se convoquen elecciones presidenciales libres, justas, transparentes y legítimas lo más pronto posible", salió adelante con 20 votos a favor, ocho en contra, seis abstenciones y un ausente.
Pese a la holgada victoria de los partidarios de Guaidó, reconocido como mandatario interino de Venezuela por más de 50 países encabezados por Estados Unidos, la votación también reflejó diferencias internas no despreciables. Las tensiones que afloraron durante la cita, que se celebra desde el miércoles en Medellín, tienen que ver esencialmente con el reconocimiento de Gustavo Tarre como representante permanente enviado por la Asamblea Nacional, la cámara dominada por la oposición a Maduro, cuyo Ejecutivo salió formalmente de la organización a finales de abril.
México, Bolivia, Nicaragua y Uruguay ya habían impugnado la propuesta durante el debate. Este último país, además, se retiró del cónclave, en el que están representados 35 Gobiernos americanos, en señal de protesta. La resolución deja claro también el compromiso de la mayor parte del continente con el éxodo de millones de personas y la emergencia migratoria que afronta la región, empezando por Colombia. Julio Borges, jefe de la delegación venezolana ante esta asamblea general, mostró su satisfacción por el apoyo recibido por la OEA y lo calificó de "triunfo para la democracia".
La resolución, sin embargo, no recoge una de las peticiones centrales formuladas en un informe que fue presentado por la mañana por el grupo de trabajo encargado de analizar el flujo de migrantes. El texto reclamaba la concesión del estatus de refugiados a los venezolanos y una tarjeta de identidad regional "para que puedan desplazarse de un país a otros sin mayores restricciones".
El estudio, coordinado y presentado ante la organización por el dirigente opositor en el exilio David Smolansky, dibuja un panorama alarmante. A las ya dramáticas estadísticas sobre los venezolanos que deciden abandonar su país en busca de oportunidades, que según Naciones Unidas superan ya los cuatro millones, se añade la perspectiva de que el pulso entre el Gobierno de Maduro y Guaidó se cristalice en un estancamiento a largo plazo. Con estas premisas, si el régimen chavista mantiene las riendas del poder, “la proyección de migrantes y refugiados venezolanos podría llegar entre 5.3 y 5.7 millones para finales de 2019 y entre 7.5 y 8.2 millones para finales de 2020”.
En este contexto, el informe aboga por ofrecer garantías a los migrantes, que desde 2015 se han establecido mayoritariamente en Colombia, que ya acoge a cerca de 1,3 millones y que solicita más inversión de la comunidad internacional para hacer frente a una situación sin precedentes. “Definir a los venezolanos que huyen de su país como refugiados les garantizará protección permanente con derecho a la identidad, acceso a servicios como la salud y educación, así como la oportunidad de insertarse en los mercados laborales. Hoy, aproximadamente dos millones de venezolanos están en condición irregular o corren el riesgo de estarlo en el corto plazo”, apunta esa comisión.
La propuesta, sin embargo, genera dudas, en algunos casos abiertamente recelos, en varios Gobiernos de la organización, ya que supondría una reforma radical de sus políticas migratorias. De hecho, en las últimas semanas Perú, Chile, Panamá y Guatemala aplicaron restricciones a los venezolanos que llegan tras cruzar mayoritariamente la frontera por la ciudad colombiana de Cúcuta y recorrer miles de kilómetros. Según destacó Smolansky, se trata del "flujo migratorio más grande de la historia de la región". "Actualmente es el segundo más grande del mundo, solamente superado por Siria, que ha pasado por una guerra por más de ocho años”, continuó.
El texto de la resolución aprobada insta, por tanto, "a los Estados, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a que brinden cooperación técnica y recursos financieros a fin de prestar asistencia a los migrantes venezolanos en los Estados de acogida". La OEA solicita, además, "el acceso pleno y libre para permitir que se preste asistencia humanitaria a las poblaciones más vulnerables y afectadas por la crisis en Venezuela, de acuerdo con los principios humanitarios".
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