Derrotada la iniciativa encabezada por Colombia para reformar la defensa de Derechos Humanos en la OEA
Una oleada conservadora pretendía quitar fuerza al Sistema Interamericano limitando el alcance de sus resoluciones
La 49 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebra este jueves y viernes en Medellín, se ha encontrado con los intentos de un grupo de países encabezados por Colombia de limitar el alcance Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y quitarle dientes al organismo internacional que obliga a los países a su cumplimiento.
Se trata de un mecanismo que ha sido especialmente eficaz en los últimos años para frenar leyes de amnistía, investigar denuncias de tortura, desaparición forzada o en contra de la libertad de expresión en las que está involucrado el Estado.
Sin embargo, la iniciativa para reformar la Corte y la Comisión —los pilares sobre los que se sostiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos—, encabezada por Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Colombia, ha salido derrotada en la votación para elegir a los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El anfitrión Iván Duque y su canciller, Carlos Holmes Trujillo, así como el polémico delegado de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordoñez, no pudieron colocar a su representante en la CIDH. El aspirante de Colombia a ocupar un puesto como integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Everth Bustamante, perdió por un voto y fueron electos los candidatos de Panamá, Jamaica, Perú y el de Guatemala. Se trata de un duro golpe al país que ejerce de sede, ya que no ha recibido el respaldo de la comunidad internacional en materia de Derechos Humanos.
En su propuesta, conocida en abril, los cinco países expresaban su compromiso con los organismos de vigilancia del continente, pero exigían el “legítimo espacio de autonomía del que disponen los Estados" o que las resoluciones del SIDH solo tuvieran efectos entre las partes.
La propuesta, aparentemente inocua y resumida en un par de frases del comunicado, suponía sin embargo dejar herido de muerte a uno de los actores políticos y legales más contundentes del continente. La elección de este viernes de los nuevos miembros de la Comisión, entre los que estaba el derrotado Bustamante, diputado del partido del presidente de Colombia, trata de bloquear esta iniciativa
El grupo de cinco países —todos de tinte conservador — considera que el SIDH se ha excedido en sus funciones al resolver sobre asuntos de igualdad de género o aborto y proponía también que sus decisiones "solo tengan efectos entre las partes”.
Esto supondría que no podrían obligar a los países a llevar a cabo cambios en la legislación y, por tanto, no legislar sobre el origen y las causas del agravio y que sirven para mejorar los sistemas judiciales de cada país. En los últimos años la Corte ha tomado decisiones con un impacto estructural importante tal y como sucedió en Perú con de las leyes de amnistía del expresidente Alberto Fuji Mori. En este caso la Corte no solo obligó castigar a los culpables de las masacres y desapariciones, sino que dejó sin efecto las leyes de amnistía en vigor lo que provocó el procesamiento y condena de cientos de personas vinculadas a abusos a los Derechos Humanos.
En la última década el SIDH ha sido un actor político fundamental para enjuiciar algunos de los abusos más icónicos del continente. La Corte y la Comisión de Derechos Humanos han sido una piedra en el zapato para los gobiernos de la región gracias a históricas resoluciones que han logrado la excarcelación de presos políticos en Nicaragua o ha conseguido compensaciones económicas y el perdón del Estado de México en el caso de las muertas de Juárez.
Ante la debilidad institucional de muchos países de América Latina o la manipulación política de los gobiernos de turno, por medio del otorgamiento de medidas cautelares, la resolución de casos y obligado cumplimiento de las recomendaciones emitidas, la CIDH es la última esperanza para miles de víctimas que no han obtenido respuesta a sus reclamos en sede nacional.
Paralelamente ha sido un sistema regional pionero en crímenes como la desaparición forzada, el derecho a la verdad, la reparación de las víctimas o en la persecución por parte de las jurisdicciones nacionales de los máximos responsables de violaciones a los derechos humanos, feminicidios o abusos sobre los pueblos indígenas.
Para muchas organizaciones civiles, detrás de la oleada conservadora encabezada por el gobierno de Iván Duque de Colombia, Sebastián Piñera de Chile, Jair Bolsonaro de Brasil, Mauricio Macri de Argentina o Mario Abdo de Paraguay, está también un poderoso lobby religioso con alcance internacional.
Una fusión de grupos evangélicos y católicos, donde juega un enorme peso la estadounidense Alliance Defending Freedom (ADF), y que firmó en junio de 2017 en México su acta fundacional, suscrita por 670 parlamentarios de 18 países de América Latina. En ella expresan su rechazo a que las resoluciones de la OEA y de la Comisión, así como los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obliguen a los estados miembros a modificar sus leyes locales “en asuntos relacionados a la vida, la familia y la libertad religiosa”.
Según Viviana Krsticevic, directora del Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL), detrás de la movilización conservadora hay una agenda oculta que incluye limpiar crímenes del pasado. “Algunos piensan que se trata de un recorte para frenar la agenda igualitaria sobre aborto o matrimonio homosexuales pero es más que eso. Hay una agenda para impulsar amnistías militares, encubrir represión o graves violaciones en asuntos de libertad de expresión”, señala.
Para Krsticevic, sería "simplista" reducir el acoso a un tema de derechas o izquierdas ya que ambas ideologías están interesadas en convertir la Corte y la Comisión en un órgano sin dientes. “Ahora ha coincidido este grupo, pero años atrás Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Chávez en Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua han sido países muy contrarios al SIDH. Al final son aliados pasivos”, añade.
Tanto a gobiernos de derechas como de izquierdas les interesa un sistema de defensa de los Derechos Humanos con las menores competencias posibles. "Un sistema mínimo e ineficaz que sirva y mantener la apariencia de que hay un sistema, pero sin herramientas eficaces de respuesta", señala la directora de esta organización en defensa de los Derechos Humanos con sede en Washington.
En mayo 60 juristas de México, Europa y Estados Unidos reunidos por la Universidad Autónoma de México (UNAM) firmaron un comunicado en el que llamaban a la comunidad internacional a “valorar las ventajas e impactos positivos que ha generado el SIDH en el contexto regional, no solo en lo que concierne respecto a los derechos humanos, sino también al fortalecimiento de los sistemas democráticos (…) señalaba el documento. Este viernes cayó derrotada la propuesta que pretende terminar con todo eso.
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