El limbo de las españolas del ISIS
Las tres yihadistas localizadas en abril en Siria han sido enviadas a otro campo. La justicia prepara un caso para juzgarlas
En el campo de Al Hol, al noreste de Siria, se hacinan 72.000 personas en tiendas de campaña flanqueadas por alambradas. La mayoría son las mujeres y los niños que un día formaron parte del autoproclamado califato en Irak y Siria en 2014 y que fue derrotado el pasado marzo por los kurdos, aliados de la coalición internacional. Al Hol se ha convertido en una especie de matriarcado yihadista, un lúgubre mar de oscuras abayas y niqabs en el que las peleas y los insultos están a la orden del día. Aquí es donde EL PAÍS localizó el pasado abril a las únicas tres mujeres del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) que aseguraban ser españolas y que, a cargo de 15 menores, se encuentran varadas en Siria. Pidieron su repatriación, pero el limbo judicial en el que se hallan complica todo el proceso. Dos meses después, las mujeres ya no están en Al Hol. Pero tampoco en España.
La primera en llegar a este campo el pasado 1 de marzo fue Luna Fernández Grande (Madrid, 1989), embarazada de cinco meses y a cargo de ocho menores: cuatro suyos y otros cuatro huérfanos de la segunda mujer de su marido, un yihadista español muerto en Siria. Le siguió Yolanda Martínez Cobos (Madrid, 1985), con cuatro hijos y casada con un yihadista español que está preso en una cárcel kurda. Y Lubna Fares (Marruecos, 1979), quien, pese a haber declarado a este diario que era de nacionalidad española, tiene pasaporte marroquí. Sí son españoles, sin embargo, los tres hijos concebidos con un yihadista nacionalizado español, también muerto.
España, como el resto de Europa, teme repatriar a unos nacionales radicalizados que más tarde queden libres en su países de origen por falta de pruebas. Sin una pauta común en la Unión Europea, algunos Estados miembros han optado por repatriar a sus nacionales más vulnerables: los menores huérfanos. El jueves de la semana pasada, una delegación del Gobierno de Bélgica regresó de Siria con cinco menores, lo que eleva a 36 los huérfanos europeos repatriados desde el pasado marzo: 17 franceses, siete suecos, cinco noruegos y dos holandeses, según el recuento que llevan a cabo las milicias kurdas. Desde principio de año, más de 200 menores han fallecido en el noreste de Siria a causa de problemas respiratorios y desnutrición, entre otras enfermedades.
“El Gobierno español no nos ha contactado para reclamar a sus ciudadanas”, afirma en conversación telefónica Abdulkarim Omar, el hombre a cargo de las relaciones exteriores de las fuerzas kurdas que controlan el norte de Siria, donde se encuentra el campo.
Los familiares que residen en Madrid de las tres yihadistas y la abuela de los cuatro huérfanos que cuida Luna Fernández Grande aseguran no tener noticias de las autoridades. “En el Ministerio del Interior nos dicen que todo está en manos de gente de arriba”, lamenta un familiar. “La justicia decidirá qué hacer con las mujeres, pero sus padres quieren que sean repatriadas a España y poder hacerse cargo de sus nietos, que no tienen culpa [de estar en Siria] y cuyas vidas están en peligro allí”, añade una fuente cercana a las familias que asegura que al menos dos menores están enfermos.
Y es que en Al Hol las condiciones de vida son complicadas. El hedor es apenas soportable entre la suciedad y las heridas supurantes sin tratar. Un murmullo constante emana del campo en el que se escuchan insultos, llantos y esporádicos lamentos de quienes aún cargan con restos de metralla en el cuerpo tras más de un lustro de guerra. El 22 de mayo, el caso de la repatriación dio un giro inesperado. Varios mensajes recibidos por las familias en Madrid a través de WhatsApp permitían pensar que la repatriación a España era inminente. Las tres mujeres comunicaron que habían firmado un documento —se desconoce quién se lo facilitó— aceptando ser repatriadas voluntariamente a España en el plazo de siete días. El 24 de mayo, un responsable del campo confirmó a este periódico que las españolas ya no vivían en Al Hol: “Las han sacado, aquí [en Al Hol] no quedan españolas”, explicó al teléfono sin añadir más detalles.
Traslado
Durante los dos días sucesivos no hubo ni rastro de las mujeres, hasta que la madrileña Cobos dio señales de vida: “Me sacaron del campamento [de Al Hol] diciendo que ya nos mandaban a España y nos han puesto en otro campo”, confirmó Cobos a su familia en otros mensajes de WhatsApp a los que EL PAÍS ha tenido acceso. Las dos mujeres con pasaporte español (Luna Fernández Grande y Yolanda Martínez Cobos), junto a 11 menores, habían sido trasladadas —se desconoce por quién— al campo de Al Roj, también al norte de Siria, que ya acoge a 1.000 personas y ofrece mejores condiciones de higiene y seguridad.
“La idea es repatriar a las mujeres y a los niños, incluidos los cuatro huérfanos, por motivos humanitarios, aunque no se ha dado la orden aún”, ha asegurado a este diario un funcionario del Gobierno español. “Se trata de tener armado un caso judicial para que una vez pisen España sean puestas a disposición de la Audiencia Nacional”, apostilla. “Fares ha optado por quedarse en Al Hol tras solicitar la repatriación a Marruecos”, cuenta la misma fuente en Madrid quien valora que el caso de Omar El Harchi, marido de Cobos y hasta la fecha único yihadista varón español del ISIS preso del que se tiene constancia en las cárceles kurdas, se valora en el marco de una decisión colectiva europea.
Las españolas del ISIS siguen de campo en campo esperando respuesta de las autoridades en este limbo convertido en bomba de relojería para los kurdos que lo custodian, pero también en rompecabezas judicial para los países de origen de las yihadistas. Ochocientos hombres y 700 mujeres europeos con un total de 1.500 hijos se encuentran en esta situación.
Un auto del Juzgado de Instrucción número cinco de Madrid ya relacionaba en 2013 a estas tres mujeres con la célula yihadista Brigada Al Ándalus, en la que sus maridos fueron procesados en rebeldía aunque ninguna de ellas fue imputada. Las conversaciones registradas en ese auto ponían de manifiesto que efectivamente estaban al corriente de los planes de sus maridos para viajar a Siria, aunque ellas mantienen que fueron allí “engañadas”.
Se trata de una excusa muy común entre las yihadistas, según los expertos. Se llama taqqiya, un precepto por el que un musulmán puede disimular su fe en una situación de peligro en tierra de no musulmanes. Y ahora ese peligro es el juicio por pertenencia a grupo terrorista.
Con informacion de Óscar López-Fonseca,Patricia Ortega Dolz y Guillermo Abril.
Un tribunal internacional para juzgar a yihadistas extranjeros
Sin que exista precedente alguno al que agarrarse en la lucha internacional contra el terrorismo, la comunidad internacional empieza tímidamente a debatir qué hacer con sus yihadistas. Muchos países temen repatriar a sus nacionales desde Siria por temor a que queden libres en sus países de origen al no disponer de pruebas suficientes para juzgarlos.
Holanda ha propuesto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la creación de un tribunal internacional ad hoc que juzgue a los miembros del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés). Suecia y Bélgica secundan la propuesta, que será estudiada con mayor profundidad el próximo otoño y será debatida los próximos 6 al 8 de julio en el Fórum Internacional previsto que tenga lugar en el norte de Siria.
Hasta la fecha, tan solo los países asiáticos, árabes y Rusia han repatriado a sus nacionales varones, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido han optado por retirar la ciudadanía a los radicalizados siempre y cuando posean una segunda nacionalidad.
Washington y París han comenzado a trasladar a sus yihadistas hombres de las celdas kurdas (un aliado no estatal) a las cárceles de Irak, un país clave en la lucha contra el ISIS, pero donde sigue en vigor la pena de muerte.
Hoy por hoy, al menos una alemana y ocho franceses han sido condenados a muerte por la justicia iraquí en lo que varias ONG han denunciado como “juicios someros” y “opacos traspasos sin garantías judiciales”. Otros han sido condenados a cadena perpetua y las autoridades iraquíes reclaman a sus países de origen unos dos millones de dólares (1,8 millones de euros) por cada yihadista condenado.
“Es un negocio redondo para los países de la coalición internacional [de la que España forma parte], para los kurdos en Siria, y para Irak”, opina al teléfono desde Beirut un agregado militar europeo.
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